Reflexiones sobre el informe de la visita a México del Comité Contra las Desapariciones Forzadas de la ONU
En 2013 el Comité Contra las Desapariciones Forzadas de la ONU solicitó a México efectuar una visita que, tras ocho años de intercambios y como muestra de apertura al escrutinio y al apoyo internacional, fue aceptada hasta agosto del 2021. Una delegación de cuatro miembros llevó a cabo la visita del 15 al 26 de noviembre del 2021 a 13 entidades federativas: Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz.
Se sostuvieron reuniones con más de 85 instituciones de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como con órganos autónomos, tanto en el ámbito federal como estatal, con decenas de colectivos y centenares de víctimas y organizaciones de la sociedad civil provenientes de 31 de las 32 entidades federativas. Acompañó a exhumaciones y jornadas de búsqueda en las entidades federativas de Coahuila, Estado de México y Morelos y visitó el Centro Regional de Identificación Humana de Coahuila y estaciones migratorias.
El informe de la visita se dio a conocer el pasado 12 de abril del 2022 en donde se señaló que, según la información proporcionada, en los dos últimos años se ha registrado una reducción en el número de personas desaparecidas. Sin embargo, se observa que las desapariciones frecuentemente se reportan entre uno y dos años después de su perpetración. Si bien las desapariciones siguen afectando principalmente a hombres de entre 15 y 40 años, “las cifras oficiales muestran un aumento notable de desapariciones de niños y niñas a partir de los 12 años, así como de adolescentes y mujeres, tendencia que se agudizó en el contexto de la pandemia de la enfermedad por coronavirus”, aseguró el Comité. Dichas desapariciones se relacionan posiblemente con violencia sexual, feminicidio, trata y explotación sexual. Además, entre los sectores afectados se encuentran defensores de derechos humanos, periodistas, comunidades indígenas, comunidad LGBTQ+ y migrantes.
También se señaló que los servidores públicos y el crimen organizado son responsables del creciente número de desapariciones forzadas en México. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, administrado por la Comisión Nacional de Búsqueda de la Secretaría de Gobernación, es el único registro en funcionamiento de los previstos por la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. De acuerdo con las cifras oficiales, disponibles al 26 de noviembre de 2021 (último día en el que el Comité estuvo en el país realizando investigaciones), se encontraban registradas 95 mil 121 personas desaparecidas, de las cuales 112 habrían desaparecido durante la visita del Comité. Al 12 de abril, fecha en que se presentó el informe, el registro contabiliza 98 mil 883 personas desaparecidas y no localizadas.
El 98% de las desapariciones registradas en el país se han presentado entre 2006 y 2021 con diferentes patrones: desapariciones perpetradas por servidores públicos estatales y municipales y desapariciones perpetradas por la delincuencia organizada (con diversos grados de participación u omisión por parte de las autoridades). La impunidad se muestra como un “rasgo estructural ya que entre el 2006 al 2021, solo del 2% al 6% de los casos han sido enjuiciados”, además de la crisis forense con más de 52 mil personas fallecidas sin identificar y sin incluir los cuerpos todavía no localizados, ni los miles de fragmentos de restos humanos que las familias recogen semanalmente en las fosas clandestinas.
Preocupa el enfoque de seguridad pública adoptado por el Estado y caracterizado por la militarización para combatir la delincuencia, insuficiente e inadecuado en lo que atañe a la protección de derechos humanos. La participación de la Fuerza Armada establecida en la reforma constitucional del 11 de mayo de 2021, pone en duda su conformidad con los estándares constitucionales e internacionales en materia de derechos humanos y seguridad ciudadana. El presidente ha criticado el informe del Comité: “Ningún organismo internacional va a ponernos en el banquillo de los acusados si estamos actuando con legalidad, con humanismo, si no permitimos la corrupción ni la impunidad”. Aseguró que no están actuando con apego a la verdad.
Lo cierto es que la gravedad de las desapariciones, la diversidad e intensidad de sus impactos para las víctimas y la sociedad mexicana en su conjunto requieren de la adopción e implementación urgente de una Política Nacional de Prevención y Erradicación de las Desapariciones. La política nacional debe ser integral, atender y combatir las causas de las desapariciones forzadas y apuntar a su no repetición. Deberá establecerse un sistema de monitoreo transparente e independiente que asegure la rendición de cuentas.
Si bien no es un problema que surgió con este gobierno, hay que evitar que surjan nuevas desapariciones forzadas y resolver la crisis forense. Es urgente que el diseño de la política nacional involucre a todas las autoridades federales, estatales, municipales, así como a los órganos autónomos de México y a amplios sectores de la sociedad, incluyendo las víctimas y colectivos de víctimas y sus representantes. En esa política nacional las Universidades tienen mucho que aportar con su conocimiento y sus investigaciones, pero también integrando y difundiendo la Cultura de Paz.
