Opinión

Reforma “educativa”. Fe de erratas: El Pacto por México no es “sólo rollo”

Por: María del Carmen Vicencio Acevedo

En mi artículo anterior coincidí con otros analistas, diciendo que el Pacto por México es “sólo” un discurso legitimador del poder, pues no hay intención real de mejorar al país. No es así, por eso la fe de erratas. Si fuera “sólo rollo”, sería relativamente inocuo. Lo cierto es que sus acciones generan gravísimas consecuencias.

No se requiere ser especialista para reconocer que, tras esta “estrategia anti-crisis”, se esconde la cínica venta “legal” del país a mega-millonarios mexicanos o extranjeros. El Pacto no busca terminar con la “explotación”, “marginación”, “esclavitud” o “despojo”. La expresión “combate a la pobreza” impide distinguir los vínculos de causa-consecuencia, que sí entrañan las palabras anteriores.

El Pacto no regulará los tratados del comercio libertino, ni hará reformas hacendarias para que los ricos paguen los impuestos que deben (en el enfoque de equidad); tampoco aumentará la productividad nacional. Los TLC prohibieron a los mexicanos ser productivos: “sale más barato importar” lo que fabrican esclavos en otros países.

Simultáneamente se legalizará la privatización de Pemex y se gravarán los alimentos (excepto los tipo Coca-Cola o Bimbo, reconocidas empresas evasoras, que se zafaron de su responsabilidad frente a la obesidad infantil); se instalarán corredores turísticos (con su Dragon Mart incluido) en el sur-sureste del país, (lugar estratégico también para los EU, desde que cesó su dominio en Panamá), etcétera.

Los firmantes suscribirán cualquier cosa, saliendo en la foto (como cada sexenio), siempre y cuando no pierdan un ápice de poder.

En este contexto, la reforma “educativa” peñista (más bien laboral y privatizadora) genera fuertes contradicciones. Busca convencer a la población (vía poderosa estrategia publicitaria, que transfiere exorbitantes recursos públicos a los dueños de los medios) de que mejorará sustancialmente nuestro deprimente sistema escolar.

Con la “evaluación educativa” (tema nuclear de la reforma), se dispara el mercado libertino de empresas capacitadoras (“fast-track”), examinadoras y certificadoras. La más conocida, “Ceneval”, genera cuantiosas ganancias por la aplicación de millones de exámenes. En 2003, sus ingresos ascendieron a 179 millones 947 mil 420 pesos (Nota de Karina Avilés, La jornada, 14 de mayo de 2012).

Cuando yo intenté certificarme en “TICS”, debía pagar seis mil pesos por programa o 30 mil por el “paquete básico”. Nos cuentan ahora que algunas certificaciones serán “sin costo” para los docentes; sólo que el gobierno paga con recursos públicos a las empresas privadas.

En Querétaro, José Calzada solicitó a la federación (04-06-2012) “apoyos financieros no extraordinarios” por 712 mil 907 pesos para pagar (a la empresa Pearson) la certificación de maestros y estudiantes de las Normales públicas queretanas, en el idioma inglés. Considerando que la escuela pública nunca se hizo cargo de enseñar esta lengua, y que de pronto se vuelve obligatoria para ingresar al nivel superior, muchos jóvenes se quedan sin estudiar y muchos maestros, sin trabajo por falta de alumnos (como sucedió en agosto pasado). Quienes logren certificarse serán quienes dominen el inglés, habiendo pagado sus estudios por cuenta propia, años atrás.

Desde hace mucho, la SEP compra irregularmente capacitación a empresas privadas. Con la reforma, esto se vuelve “legal” y se amaga a los profesores de que (tarde o temprano) serán despedidos “legalmente” si no se certifican, en especial a los quejosos por no recibir los recursos indispensables para trabajar, que tanto han solicitado. (Absurdamente, el inglés o la certificación son prioritarios sobre arreglar los baños; construir más escuelas y abrir más plazas, para reducir la cantidad de niños por grupo y darles mejor atención; mejorar instalaciones y equipo; reconocer la necesidad de tiempos para estudiar, construir su proyecto escolar, preparar clases o calificar. ¡Para eso no hay presupuesto!, según evidencian los oficios de respuesta). El peligro se cierne en especial sobre los maestros más informados, que denuncian el fraude implicado.

Gordillo, por su parte actúa su farsa de amparos contrarreformistas, para no perder control sobre la base sindical. Antes firmó la Alianza por la Calidad Educativa (el bodrio antecedente) y, luego, proclamó que “los buenos maestros” se integrarían al Pacto.

Quizás este último pudiera debilitarla (según pregonan sus firmantes), PERO la metástasis de corrupción en todos los niveles del sistema, provocada por la cultura priista, no se detendrá con las medidas oficiales. Al contrario, los maestros comprometidos con la educación popular sufren serias contrariedades, cuando los caciques del SNTE-PRI aprovechan el discurso y las reglas de la reforma, potenciando su autoritarismo abusivo.

El Pacto proclama pomposamente “dar autonomía a las escuelas para gestionar directamente sus recursos”, “programas de becas” o “dotación de computadoras”; incluso se pregona convertir al sistema escolar en uno “de clase mundial” para que, quienes “hagan méritos”, puedan participar en intercambios internacionales.

Todo esto acelera la privatización encubierta de la educación pública (¡Mega-negocio!).

¿Ignoran los reformistas (o no les importa) que, en Chile, una estrategia similar terminó en la peor debacle educativa y levantó enormes masas de indignados por su depauperación?

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