Opinión

Reforma electoral en Querétaro: ¿hacia el poder o hacia los ciudadanos?

Por Efraín Mendoza


De cara a la inminente dictaminación de las iniciativas de reforma electoral por parte de la LVI Legislatura del estado, es pertinente plantear algunas consideraciones:

1) En respuesta al análisis formulado el 8 de agosto por un grupo de 14 académicos, activistas y ex funcionarios electorales sobre la intentona de dar marcha atrás a los avances que en materia electoral ha empujado la ciudadanía en los últimos 20 años, tanto el presidente de la Legislatura como el gobernador del estado dijeron estar abiertos a escuchar las argumentaciones que disienten del proyecto oficial. Pero la conveniencia de que hubiera “muchísimo diálogo” como lo dijo José Calzada, quedó en puras y huecas palabras.

Eso me recordó cinco breves líneas del poeta Rafael Cadenas: “Versión originaria: cuando yo dialogo no quiero que me interrumpan. Versión segunda: yo dialogo, pero advierto que no cedo en mi posición. Versión tercera: en diálogo, los que me contradigan deben reconocer de antemano su error. Versión cuarta: después de cavilar, dictamino humildemente que el diálogo es innecesario”. El poema, por cierto, se titula: “El diálogo según un dictador”. En Querétaro se despreció el diálogo y se está tomando a juego la siempre sana discrepancia política propia de la democracia.

 

Vale la pena recordar, pues, que además del desplegado y un amplio análisis, se formalizó ante la Legislatura la petición de que se rechazara el menor retroceso en una materia tan sensible como la electoral. De la Legislatura sólo se recibió el silencio como respuesta, ominoso anuncio de que harán los diputados su unilateral y arbitraria voluntad. Y se consumará el retroceso y la derrota de la autonomía y la independencia del árbitro electoral.

2) Es incomprensible e injustificada la premura con la que se pretende aprobar la reforma electoral. Por supuesto que hay tiempo suficiente para que se dé una discusión pública, con la más amplia participación.

Resulta que el mediodía del miércoles 7 de septiembre, el diputado presidente de la Comisión de Gobernación, Administración Pública y Asuntos Electorales de la Legislatura, Bernardo Ramírez Cuevas, deslizó que esa instancia se propone dictaminar 11 iniciativas de reforma en materia electoral… justo el próximo 15 de septiembre, en la ebriedad de las fiestas patrias. Y advirtió que la reforma deberá estar publicada antes del 30 de septiembre para, así lo dijo, ajustarse a la Constitución General de la República. Falso.

 

¿A quién se quiere sorprender con esto? Es cierto que el artículo 105 de la Constitución federal previene que “las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos 90 días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales”. Ahora bien, si el artículo 97 de la Ley Electoral vigente ordena que el proceso electoral local iniciará 102 días antes de la fecha de la elección, esto es, la tercera semana de marzo, si descontamos el plazo constitucional tenemos hasta la navidad para que se apruebe cualquier reforma y sea aplicable en el siguiente proceso electoral.

 

Lo que sucede es que la idea de aprobar la reforma antes del 30 de septiembre es para satisfacer el deseo del gobernador José Calzada, expresado en su propuesta de artículos 336, 337 y 341 de su Código Electoral, que pretenden que el proceso electoral inicie “en los primeros 10 días del mes de enero”, y que el Instituto Electoral de Querétaro copió literalmente en su iniciativa (artículos 21, 97 y 102). La prudencia aconseja que, como aceptó el gobernador, la reforma se asiente sobre los más amplios consensos y que los diputados resuelvan con serenidad y responsabilidad.

3) Ante el Instituto Electoral de Querétaro, y en atención a su convocatoria pública, un grupo de ciudadanos, activistas, ex dirigentes políticos y ex funcionarios electorales, presentamos en abril pasado un paquete de propuestas de reforma y una formal solicitud, consistente en que se ratificara el acuerdo tomado por el Consejo General en su sesión del 23 de septiembre de 2010, vinculado al firme rechazo del instituto a la pretensión del titular del Poder Ejecutivo del estado de lesionar la autonomía del órgano electoral y retroceder en los avances democráticos. Nuestra solicitud no fue escuchada y, en cambio, en julio pasado el instituto aprobó un proyecto de reforma que, en sus partes fundamentales, hace suyas las pretensiones del gobernador.

4) Si no sale sobrando insistir en los puntos vertebrales del proyecto Calzada-IEQ, habrá que decir, en primer término, que sería un exceso quitarle a la autoridad autónoma la facultad de elegir a su presidente, como lo pretenden el gobernador y los consejeros designados por el bloque que encabeza el PRI en la Legislatura. Lo más prudente es que se mantenga la facultad del Consejo General para elegir a su propio presidente.

5) Si no sale sobrando insistir, es oportuno que los partidos políticos no desoigan la exigencia ciudadana de más transparencia y rendición de cuentas. Sería funesto que los diputados regalaran a sus partidos el privilegio de una fiscalización light, prácticamente una caricatura de fiscalización, como es el deseo del gobernador.

6) Si no sale sobrando insistir, es conveniente que los diputados desechen la pretensión de reestructurar al instituto sobre la base de fortalecer su verticalidad y debilitar a los colegiados. Asimismo, es necesario que el instituto preserve su facultad para normar su vida interna y sus procedimientos.

7) Si no sale sobrando insistir, es aconsejable que la Legislatura no le quite a la autoridad electoral la facultad de iniciar investigaciones de oficio ante infracciones que cometan partidos políticos, candidatos o precandidatos, como la ley vigente lo previene en su artículo 226. El gobernador y los consejeros nombrados por el bloque que encabeza el PRI así lo quieren, pero al instituto le estarían quitando dientes importantísimos para garantizar el equilibrio y la equidad en las contiendas electorales. Es bueno saber que el presidente estatal del Partido Nueva Alianza ya se pronunció en contra de esa pretensión. Habrá que estar al pendiente de que su postura se traduzca en votos en el pleno legislativo.

8) Resulta necesario que el PAN, como la fracción parlamentaria más numerosa en la Legislatura, pues tiene 10 de los 25 votos, fije con claridad su postura, honre su pronunciamiento del 9 de agosto y efectivamente, como lo anunció, rechace cualquier reforma que no avance en el fortalecimiento democrático, que no otorgue mayor poder a los ciudadanos y que no fomente la transparencia y la rendición de cuentas.

Resulta necesario que el PRD, en particular su nueva dirigencia estatal, se pronuncie en contra del retroceso y vote por el avance democrático. Convergencia, cuyo legislador tiene ya evidencia personal de que los puños y la fuerza bruta también juegan en la política, no puede sumarse a la cargada en perjuicio de la democracia. El PT, aunque por ahora carezca de registro local y no tenga diputados en 5 de mayo y Pasteur, tampoco puede pasar en silencio ante el atentado que se pretende consumar aprovechando el ruido de la fiesta mexicana.

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