Opinión

Reforma electoral sin ciudadanos

Por: Efraín Mendoza Zaragoza

PARA DESTACAR: En lugar de abrevar de la participación ciudadana, el criterio que se siguió fue la subordinación acrítica a los criterios de los jueces electorales. La determinación de las reglas electorales se inspira en las exigencias del electorado, como fuente primordial.

De la iniciativa presentada por el Instituto Electoral del Estado para reformar la ley de la materia, destaca una cuestión de fondo: nunca se convocó a la ciudadanía, a pesar de que la ley expresamente faculta al órgano electoral para hacerlo. En lugar de abrevar de la participación ciudadana, el criterio que se siguió fue la subordinación acrítica a los criterios de los jueces electorales.

No pueden los tribunales sustituir la función legislativa. Esos órganos interpretan la norma existente pero no la crean. Por su propia naturaleza, la determinación de las reglas electorales se inspira en las exigencias del electorado, como fuente primordial. Así se hizo en Querétaro desde principios de los años noventa, cuando se dio el primer paso hacia el depósito de la función electoral en un organismo encabezado por ciudadanos sin partido.

Hoy se ha roto esa tradición. No podemos olvidar que antes de ello las elecciones las organizaba el gobierno y el desaseo era proverbial. La fracción XXIX del artículo 65, qué pena, ya quedó de adorno.

No puede tampoco pasarse por alto que la función del Instituto no se reduce a la ingeniería o a la logística electoral. Ni a bodegas, papelería o procedimientos. Tiene que ver con el diseño y funcionamiento de la democracia. La propia ley dispone expresamente (véase la fracción I del artículo 56) que el primero y más importante de sus fines consiste en “contribuir al desarrollo de la vida democrática de los ciudadanos residentes” en Querétaro.

Si se ha renunciado a dar cumplimiento a ese fin que entonces se cierre el Instituto durante los dos años que no hay elección.

Lo lamentable es que la propia iniciativa muestra una voluntad de automutilación. El considerando 13 reconoce que la iniciativa “es una visión técnica del Instituto…” y la única pretensión es “armonizar el andamiaje normativo”. Sus autores no engañan, pero es peor: confiesan una visión limitada, instrumental, operativa, obsesionada por las jerarquías institucionales.

En cuanto al contenido de la iniciativa, es cierto que se recuperan tesis y criterios jurisdiccionales que perfeccionan la norma en la dirección adecuada (como es el caso de candidaturas independientes y género). Sin embargo, hay planteamientos pensados en satisfacer el interés de las instituciones partidistas, una figura que no goza del aprecio de la mayoría de los mexicanos.

Por obra y gracia de la reforma, los partidos aumentarán sus ingresos para un concepto denominado “actividades específicas”, que son tareas editoriales, de educación, investigación y capacitación política. Ese destino ya lo contempla la ley vigente, que dispone que del financiamiento que de por sí reciben deben tomar para esas tareas, pero resulta que ahora se crea una vía más para aumentarles el dinero.

Se dirá que el fundamento es una sentencia judicial y una norma ventajosa contenida en la legislación federal; en mi opinión, bastaba con precisar en la ley que del dinero que reciben deben asignar una porción a esas tareas. Y ya. Pero no darles más. No les bastó que, también por obra y gracia de la pasada reforma electoral, los partidos vieron incrementados sus recursos en 400 por ciento.

Como si lo merecieran y el país fuera una Jauja donde sobra el dinero. Es hora de revisar esto que con el tiempo se convirtió en un doble financiamiento a los partidos nacionales. El financiamiento estatal debería reservarse exclusivamente a los partidos políticos con registro estatal.

Por otra parte, ni siquiera como compensación se presentó una sola propuesta propia para ampliar los derechos políticos de los ciudadanos, particularmente en materia de participación ciudadana. A una Dirección Ejecutiva del Instituto se le modifica el nombre para dotarla de facultades en este terreno, pero no se atienden los reclamos para hacer accesible el ejercicio de las figuras ya existentes en la ley.

Para que los ciudadanos impulsen una consulta se les exige que reúnan un número de firmas superior al que se requiere para obtener el registro de un candidato independiente a gobernador o peor aún, una cantidad equivalente al doble que se exige para constituir dos partidos o cuatro asociaciones políticas estatales. En los hechos es la negación del derecho y nada se propone al respecto.

No se plantea tampoco crear y regular la figura de revocación de mandato. En tiempos en que se ha incrementado el desencanto ciudadano, es necesario reconocerle al elector su derecho a retirar el mandato a sus gobernantes si pasado un tiempo en el ejercicio del cargo no se ha satisfecho la expectativa ciudadana.

En fin, en la forma y en el fondo, estamos ante una iniciativa muy limitada, en la misma ruta de automutilación marcada por la iniciativa presentada el 5 de julio de 2011 por el Consejo General del organismo electoral. En ese entonces no solo se dio la espalda al interés ciudadano, sino que se renunció a la autonomía y se convirtió al instituto en ventrílocuo de los torvos deseos del titular del Poder Ejecutivo. Hoy se hace una reverencia a los jueces y se reitera el desdén hacia los ciudadanos, que son los auténticos mandantes.

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