Reforma energética y leyes secundarias: la expoliación de la tierra
Por: Ángel Balderas Puga
Con la reforma energética y sus respectivas leyes secundarias, ambas impulsadas desde el extranjero, se abren las puertas para una expropiación simulada de la tierra. Cuando los hidrocarburos eran propiedad exclusiva de la nación, tenía sentido una expropiación con fines públicos, pero ¿cómo justificar una expropiación con fines privados? Eso es un verdadero robo.
Volver al pasado
El futuro de México está en su pasado previo a 1938, cuando compañías extranjeras tales como la London Trust Oil-Shell, la Mexican Petroleum Company of California (ahora Chevron-Texaco), la Pierce Oil Company, subsidiaria de Standard Oil Company (ahora Exxon-Mobil), la Penn Mex Fuel Oil Company (ahora Penzoil) o la Mexican Gulf Petroleum Company (luego llamada Gulf) dominaban no sólo el mercado de los hidrocarburos sino también la propiedad de la tierra en las zonas petroleras.
Si usted, lector, quiere ver el futuro cercano de nuestro país, le recomendamos ver la película “La Rosa Blanca” película mexicana de 1961 en donde se relatan la codicia y las males artes de las compañías norteamericanas para apoderarse, por la mala, de las tierras de aquellos que no querían venderlas por las buenas, y a precios irrisorios, a esas primeras trasnacionales (la película se puede ver en YouTube en la dirección https://www.youtube.com/watch?v=dg9DM9t61l4).
En los pseudodebates sobre la reforma energética tanto en la Cámara de Senadores como en la de Diputados, se habló abiertamente de permitir la expropiación de tierras por parte de las compañías petroleras; sin embargo, sólo se aprobó la apropiación “temporal” de las mismas, pero ¿qué significa esto? Se trata de un verdadero despojo, pues las compañías petroleras no quieren apropiarse de manera permanente de las tierras en las que se hallan hidrocarburos, desde el petróleo hasta el gas esquisto (shale, en inglés); les basta apropiarse lo suficiente hasta agotar esos recursos no renovables, y dado que, seguramente, usarán la técnica del fracking para extraer el gas esquisto, agotarán también las reservas de agua y los mantos acuíferos, por lo que es un verdadero engaño eso de la apropiación “temporal”. Ya veremos en el futuro inmediato una serie de conflictos sociales por la propiedad y el despojo de las tierras a sus dueños originales, tal como sucedió en Atenco en 2006, durante el gobierno de Vicente Fox y el de Enrique Peña Nieto en el Estado de México; y tal como sucede ahora en el Istmo de Tehuantepec con los conflictos entre las compañías españolas que producen energía eléctrica a partir de energía eólica y las comunidades oaxaqueñas cuyos integrantes fueron engañados, con la complicidad del gobierno federal y de la Comisión Federal de Electricidad, para malbaratar sus tierras o rentarlas por precios ridículos sin recibir beneficios de la riqueza generada por transnacionales españolas como Iberdrola, Gas Natural o Unión Fenosa.
¿Y la contaminación, ‘apá?
Una vez agotados los recursos energéticos, las compañías extranjeras regresarán a sus países o emigrarán a otros en donde hallen una clase política lo suficientemente apátrida para permitirles la expoliación de los recursos naturales de un país. Y dejarán una cauda de contaminación de la que no se harán cargo, tal como estamos viendo en este preciso momento con el Grupo México y la contaminación que produjo en el río Bacanuchi, afluente del río Sonora.
Las grandes petroleras transnacionales están acostumbradas a contaminar sin pagar los daños por los desastres que generan, pues lo que les interesa es maximizar sus ganancias, y cuidar del ambiente los limita en su propósito.
¿Cuánto tiempo tardaremos en ver en nuestro país un desastre ambiental como el que provocó la Shell en Nigeria? En ese país, dicha transnacional petrolera ha derramado -en los últimos 50 años- un millón y medio de barriles de petróleo, 20 veces más que el desastre del barco Prestige, en España.
El delta del río Níger, una región de Nigeria de 700 mil kilómetros cuadrados, con una población de unos 31 millones de habitantes, es la que más ha sufrido la contaminación del gigante petrolero. A inicios de los años 90, uno de los pueblos indígenas, los ongoni, cuyas tierras ocupan una parte del territorio de la región, empezó la lucha contra la petrolera contaminante y contra la dictadura militar de Sami Abache que la apoyaba. En 1993, con una serie de protestas masivas, lograron que Shell detuviera sus trabajos en la zona.
Sin embargo, en 1995, para vengarse de las pérdidas sufridas, Abache condenó a muerte a los nueve líderes de las protestas en un juicio militar, acusándolos de provocar una masacre en su comunidad durante los dos años anteriores, sin posibilidad de defensa para los acusados y mediante pruebas y testimonios falsos, fabricados por el Gobierno nigeriano junto con la compañía petrolera.
Es así como operan estas transnacionales, no se detienen ante nada ni ante nadie. Nuestros políticos deberían saberlo. Ya les abrieron las puertas ¿quién se hará responsable de cerrarlas?
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