Opinión

Seguridad pública Gruyer

Por: Omar Árcega E.

El 5 de enero una noticia saltó a las planas nacionales: la Policía Comunitaria auspiciada por la Unión de Pueblos Organizados del Estado de Guerrero (UPOEG) estaba realizando acciones consideradas exclusivas de cuerpos de seguridad estatales y municipales. La información levantó elogios de algunos sectores y suspicacias de otros. Más allá de las filias y fobias que acciones como éstas nos puedan despertar, conviene descubrir que nos dice como país de nuestro presente y futuro como nación.

 

Un Estado roto

Lo primero que salta a la vista, es que estamos frente a un fracaso de las instituciones encargadas del orden público. Una de las razones más importantes de la existencia de un gobierno es el brindar seguridad sobre su vida y sus bienes a los gobernados, es claro que en algunas regiones de Guerrero y de México, esta misión de los poderes establecidos ha fracasado. Asistimos de alguna manera a una derrota de los organismos de la fuerza pública. Ante esto, algunos individuos han optado por recuperar la paz y el orden en sus comunidades, simplemente han llenado un vacío que dejó la ausencia de Estado.

Hay quienes han visto esto como un triunfo de propuestas autogestivas, de la capacidad de una comunidad para organizarse. Cada comunidad elige un grupo de policías coordinados a nivel regional por un Comité Ejecutivo. Actualmente, son más de 700 los policías comunitarios que protegen a una población de alrededor de 300 mil habitantes, son elegidos en asambleas y rinden protesta ante autoridades “comunitarias”. Hay indicios que desde 1995 hicieron su aparición y entre pobladores de los 12 municipios donde se localizan se habla de la efectividad que han demostrado en contraposición a la torpeza de las policías públicas. La confianza que se les tiene descansa en criterios de vecindad o de lazos familiares, su conducta más que descansar en la ley lo hace en un sentido de ética comunitaria, su mayor incentivo para no transgredir las normas es el daño a su imagen personal y al de sus familias. Todo esto sólo puede subsistir en pequeñas comunidades.

Nada por encima de la ley

Pero también está la otra cara de la moneda, en una nación moderna, el único que tiene el monopolio de la violencia es el Estado, el cual se rige bajo el imperio de la ley. Esto posibilita que los ciudadanos no sufran vejaciones por parte de grupos armados. Ahora bien, la existencia de individuos que no pertenecen a la fuerza pública, que poseen armas y ejercen funciones policiales es un arrebatar este monopolio, es en cierto sentido un desafío al Estado. Implica una vulnerabilidad pues se pasa de estar bajo el imperio de la ley a la discrecionalidad de una ética comunitaria introyectada en cada individuo, y por lo tanto vivida desde la subjetividad. También se abre la puerta a una justicia no impartida por los órganos jurisdiccionales, sino por el sentir de los habitantes de una determinada región. La existencia de estas fuerzas plantea desafíos a la responsabilidad de seguridad que tienen los tres órdenes de gobierno: municipal, estatal y federal. No pueden actuar fuera del marco de la ley, pues donde no hay norma pueden abundar los abusos. Por lo pronto ya se establecieron límites para la acción de unos y otros, pero esto no basta.

La experiencia nos indica que cuando un grupo empieza a experimentar el poder y no hay contrapesos institucionales, algunos de sus individuos son propensos a actuar con excesiva discrecionalidad y ante esto no existe ética comunitaria que los detenga, por ello es importante que su existencia esté regulada por algún poder local o estatal. Estos guardias comunitarios deben someterse a una adecuada instrucción legal y de uso de la fuerza, es necesario que se profesionalicen, deben pasar controles de confianza. Esto no se debe interpretar como un querer asfixiarlos o cooptarlos, al contrario, es brindarles herramientas para que dentro de su sentido comunitario puedan ejercer mejor su función. Es indispensable tener un registro con sus fotos, huellas y perfiles psicológicos, pues no sería extraño que con el tiempo algunos de ellos se pasaran al bando de los criminales. Es preciso hacerles entender que la aplicación de penas por delitos cometidos no les corresponde a ellos y que éstas no pueden estar sujetas a los usos y costumbres de una región.

Sean bienvenidos todos los procesos de organización comunitaria y autogestiva, esto fortalece la participación social e incrementan la fortaleza del tejido ciudadano. Pero éstos deben darse en el marco de una cultura política democrática, en donde los individuos señalan errores y proponen soluciones, pero todo ello dentro del marco de la ley y dando el menor espacio a la discrecionalidad. Donde el Estado deja vacíos otras fuerzas toman el control y los peligros son infinitamente mayores. Y México no está para esos bollos.

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