Si de veras hablan en serio los partidos…

Efraín Mendoza Zaragoza

PARA DESTACAR: Otra cuestión fundamental consiste en eliminar el doble financiamiento de los partidos con registro nacional, reservando el financiamiento local en forma exclusiva para los partidos de registro local. En Querétaro, aunque no habrá elecciones, los partidos políticos recibirán, además de lo que les toca en el reparto federal, 67 millones de pesos.

En el contexto del enero furioso que acabamos de vivir, la clase política disparó las más variadas ocurrencias para atenuar el enojo de la gente. Se anunciaron pequeños recortes en pequeñas cosas. Quisieron dar la impresión de que la crisis les dolía en el alma y estaban dispuestos al sacrificio. Pero en lo que se refiere a los privilegios de los partidos políticos no se ha formulado, en serio, ningún planteamiento de fondo.

Si existe en verdad voluntad para corregir los excesos y reorientar el gasto hacia ámbitos socialmente sensibles, en particular los legisladores disponen de instrumentos exclusivos en sus manos para encarar la situación.

¿Qué pueden hacer, digamos, los 25 diputados locales?

Una primera acción consiste en que la Legislatura local haga uso de la competencia que le otorga el artículo 71 de la Constitución General de la República, en su fracción III, y presente una iniciativa ante el Congreso de la Unión para sacar de la Constitución lo relativo a las reglas del financiamiento de los partidos políticos.

Sacarlas de la Constitución y llevarlas a la Ley General de Partidos. Junto a la eliminación de ese privilegio que, impunemente y de por vida, se autootorgaron los partidos, deben incorporar a la Constitución el mandato de asignar mínimos presupuestales para tres rubros básicos, esos sí de gran prioridad nacional: salud, educación y ciencia. Invertir en ciencia es invertir en soberanía, pues sin la ciencia el país está condenado al eterno subdesarrollo, a la eterna humillación de las potencias globales.

Una segunda cuestión consiste en transitar a un nuevo esquema de financiamiento de la actividad de los partidos, empezando por una reducción del dinero que reciben, equivalente al 50 por ciento. Deben también eliminar montos adicionales para las llamadas “actividades especiales” y fijar topes a los ingresos de la burocracia partidista. Deben eliminar las partidas de escándalo que reciben a través del presupuesto del INE.

Otra cuestión fundamental consiste en eliminar el doble financiamiento de los partidos con registro nacional, reservando el financiamiento local en forma exclusiva para los partidos de registro local. Pongamos el caso de este año. El INE dispuso una asignación para los nueve partidos por el equivalente a 4 mil 257 millones de pesos. Para tener una idea, esa cantidad alcanzaría para que con su actual presupuesto el municipio de San Joaquín se sostenga por los siguientes 50 años, de aquí al año 2067.

Bueno, pues tenemos que por obra y gracia del doble financiamiento, aparte de ese reparto federal el conjunto de partidos tendrá derecho, en cada estado de la República, a otro geneoso reparto. Por ejemplo, en el Estado de México, que tendrá elección este año, se repartirán cerca de mil millones de pesos adicionales (para curiosos y masoquistas, la cifra exacta es de 941 mil 581 millones 502 mil pesos con 7 centavitos. Que otros curiosos hagan cuentas y nos digan para cuántas comidas alcanza en cuántos hogares de clase media por cuántos años).

Y en Querétaro, aunque no habrá elecciones, los partidos políticos recibirán, además de lo que les toca en el reparto federal, nada menos que 67 millones de pesos.

Una propuesta final para la Legislatura del Estado, si quiere dar muestras efectivas de sensibilidad. Que la iniciativa de ley que está en sus manos aprobar y presentar al Congreso de la Unión, incluya la creación de una nueva atribución a los órganos electorales, tanto el federal como los locales, para la adopción de un mecanismo consistente en verificar el cumplimiento de las plataformas electorales y los planes estatales y municipales de desarrollo. Que se obligue a las autoridades a acreditar el cumplimiento de la oferta electoral mediante actos de gobierno. Y en caso de incumplimientos injustificados establecer sanciones, entre ellas la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos. Que sólo cumplan su palabra. Nada más ¿O a poco es mucho pedir?