Opinión

Sobre la dictadura militar argentina y la elección del nuevo Papa

Por: Rodrigo Chávez Fierro

La dictadura militar en Argentina (1976-1983) fue un capítulo más de los regímenes autoritarios que marcaron la historia de América Latina en la segunda mitad del siglo XX, junto a lo sucedido en Chile con el general Augusto Pinochet (1973-1990), en Bolivia con el general Hugo Banzer (1971-1978), Paraguay con el general Alfredo Stroessner (1954-1989), los Somoza en Nicaragua (1936-1979) y Panamá con Manuel Noriega (1983-1989) por citar algunos.

“Proceso de Reorganización Nacional”, ése fue el nombre con el que los generales argentinos autodenominaron su gobierno que inició con el golpe de Estado a María Estela Martínez de Perón y concluyó con la llegada al poder por medio de la vía democrática de Raúl Alfonsín.

La elección del nuevo Papa Francisco I, en la figura del arzobispo de Buenos Aires, cardenal Jorge María Bergoglio, llevará de nueva cuenta a hacer un repaso de la relación de la Iglesia católica en aquel país con la dictadura militar acusada por cometer crímenes de lesa humanidad.

Para conocer de primera mano algunos episodios trágicos de la dictadura militar, nos remitiremos al proceso judicial que se sigue en España al ex teniente Adolfo Scilingo Manzorro. En junio de 1996, el titular del Juzgado de Instrucción No. 5 de la Audiencia Nacional, el ahora famoso Baltazar Garzón quien coincidentemente ha sido bien recibido en últimas fechas en Argentina por la propia Cristina Fernández de Kirchner, admitió las querellas iniciadas por distintas asociaciones defensoras de derechos humanos quienes acusaban a los integrantes de las juntas militares argentinas de haber cometido graves violaciones a los derechos humanos bajo su gobierno. El 19 de abril de 2005, tras la detención del propio Scilingo en España que hizo posible la celebración del juicio, se le condenó a 640 años de prisión por la comisión de crímenes de lesa humanidad.

Dentro del llamado “Proceso de Reorganización Nacional”, la Junta de Comandantes que fue integrada por Jorge Rafael Videla, Eduardo Emilio Massera y Orlando R. Agosti, diseñaron, desarrollaron y ejecutaron un plan sistemático de secuestro, tortura, desaparición y finalmente, eliminación física de toda aquella parte de la ciudadanía que a su juicio se consideraba ser “subversiva”.

De acuerdo con el informe elaborado por la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas creada en la Presidencia de Raúl Alfonsín, señaló la desaparición de ocho mil 961 personas, aunque la cifra es mucho mayor ya que muchas familias no denunciaron los secuestros por miedo a represalias. Según lo señalado en la propia sentencia del caso, que consta en los hechos probados, tan pronto como se inició el golpe de Estado, comenzó la detención masiva de ciudadanos, práctica acompañada habitualmente de tortura y abusos sexuales, secuestros, sustracción de menores para su entrega a familias previamente seleccionadas y desaparición forzada con métodos como lanzar los cuerpos al mar desde aeronaves, lo que fue conocido como “los vuelos de la muerte”.

En 1976, Adolfo Scilingo tenía el cargo de teniente de fragata. Por tal motivo pudo acudir a las reuniones de oficiales ocurridas días antes del golpe militar celebradas en Puerto Belgrano junto a otros 900 oficiales más del Ejército argentino. En dichas reuniones se estableció el papel que desempeñaría la Armada: “combatir todo lo que fuera contrario a la ideología occidental y cristiana” y se señaló la forma de actuar de la misma: “se actuaría con ropa de civil, operaciones rápidas, interrogatorios intensos, práctica de torturas y sistema de eliminación física mediante vuelos sin destino, si bien la muerte así producida sería «cristiana» puesto que la gente sería previamente narcotizada. Así mismo, y en relación con las detenidas embarazadas, como otro método de depuración, se las mantendría vivas hasta que dieran a luz para después entregar a los niños a familias de adecuada ideología «occidental y cristiana», lo que evitaría «la contaminación» que en otro caso se produciría con los niños si volviesen a sus familias «biológicas»”. Así consta en la sentencia NUM.16/2005 de la Audiencia Nacional.

Existen muchas críticas por el papel desempeñado por la Iglesia católica en esta etapa de la historia argentina. Imputaciones hay desde que prestó su apoyo al régimen militar o de no haber señalado a los responsables de diversos delitos. Lo cierto es que en esta época prefirió callar.

Como ya debe ser sabido, al nuevo Papa se le hacen señalamientos sobre una probable relación con hechos sucedidos durante la dictadura argentina. El primero de ellos es el supuesto retiro de la protección de su orden religiosa a dos jesuitas detenidos por el gobierno militar tras realizar tareas sociales en barrios de extrema pobreza. Aunque de igual forma, cabe señalar, se ha indicado que el cardenal Bergoglio ayudó a muchos a escapar de las fuerzas armadas durante estos años. El otro caso donde se le relaciona es sobre el conocimiento que pudo tener de la entrega de niños robados a familias escogidas por el régimen.

Lo cierto es que los últimos sucesores de Pedro no han estado alejados de la polémica por sus antecedentes. Con la elección de un Papa argentino se rompe con un hito en la historia de la Iglesia católica al nombrar a un Papa que no sea europeo, aunque el cardenal Bergoglio, también es cierto, es hijo de padres italianos. Las supuestas imputaciones al nuevo Papa poco podrán opacar su llegada al Vaticano, pero servirán para no olvidar una de las épocas más lamentables de América Latina.

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