Opinión

Sobre la responsabilidad ética de los consumidores de droga

Por Juan Carlos Martínez Franco

Uno de mis amigos hace poco manifestó, meditabundo, una preocupación: la responsabilidad ética de los consumidores de droga ante la “guerra contra el narco”. Confieso que nunca había pensado plenamente en ello, y me sorprendió que una angustia tal viniera de alguien como él –y no, por ejemplo, de un exacerbado tradicionalista. Entre varios, consumidores y no, discutimos por mucho tiempo, y la cuestión sólo se complicaba más y más. «Es una gran incongruencia, quejarse y seguir consumiendo», decía uno; «yo mismo lo he hecho y me siento un hipócrita». La legalización, decían unos. No estamos listos, espetaban otros. El consumo nacional no influye en la violencia, es un problema global. ¿Por qué debo yo de resignarme ante los “gustos” de unas cuantas personas cuando hace tanto daño al país? Un remolino de opiniones, como por lo demás suele pasar en política.

Un poco empíricamente, al hablar de la responsabilidad hablamos de los “consumidores sociales” y no tanto de los drogadictos, que en nuestro imaginario se trazan como figuras marginadas, parte del lumpen, incluso como elementos irracionales de la sociedad. A pesar de esto, los adictos tienen también una responsabilidad, aun cuando política –y prácticamente– estén pensados como sujetos inmovilizados por una enfermedad particularmente execrable porque vive de la ilegalidad y es auto-infligida. Dicho de otra manera, la adicción no descarta la responsabilidad social.

Incluso así, los mentados consumidores sociales –¿es que realmente existe algo como el «drogadicto social»?–, de existir una responsabilidad ética deberían ser los primeros en responder. No tienen, supuestamente, una adicción que los apremie a seguir consumiendo. No hay coacción de ningún tipo para seguir inmersos en el ciclo de ilegalidad del narcotráfico. Ahora bien, la pregunta de fondo es, precisamente, por este ciclo de ilegalidad. Es un hecho que el negocio de las drogas en México es una cuestión de proporciones enormes –tráfico de armas y de personas, corrupción filtrada hasta los niveles más altos, lavado de dinero, conexiones con organizaciones criminales extranjeras– y que, por tanto, el consumo local no tiene tanta relevancia como podría aventurarse. (Según la última Encuesta Nacional de Adicciones, el porcentaje de la población que ha usado alguna vez drogas ilegales, inhalables o medicamentos con potencial adictivo fuera de prescripción es de 5.7 por ciento –9.1 por ciento si sólo se considera a los hombres y 2.6 por ciento si se considera sólo a las mujeres–, un nivel bajo con respecto a otros países.) Es cierto también, sin duda alguna, que la estrategia del Estado ha sido desastrosa e irresponsable y que no se ha debatido lo suficiente acerca de la legalización. Sin embargo no es ése el tema que se pone en la mesa, sino la congruencia que como individuos tenemos sobre lo que apoyamos, lo que desaprobamos y la manera en la que actuamos en un entorno que vive una situación difícil por una ilegalidad de la que formamos parte. Solemos olvidar que la situación de violencia –de prohibición, de choque de cárteles– se reduce al consumo: es un negocio. Es una visión cínica creer que el consumo nacional no tiene ninguna repercusión en el negocio ilícito del narcotráfico. Es muy parecido a la situación con el calentamiento global: es un problema global, sí, pero recae en la conciencia de cada quien. Es verse arrastrado por la corriente del principal polo causante de la violencia en México; es ser, indefectiblemente, partícipe de una podredumbre a nivel nacional. La situación mexicana actual requiere –nos obliga, aun– a, al menos, hacer una reflexión sobre nuestras actitudes civiles. Entre ellas están, por supuesto, el rechazo a la corrupción en un nivel personal, el voto, la información y participación ciudadana, pagar impuestos, o incluso cosas aparentemente más pequeñas, como no tirar basura, no estacionarse en una ciclopista o cederle el asiento a un adulto mayor. Mas entre estas cosas, justo en medio de todas ellas, está nuestra decisión de consumir o no, nuestra prerrogativa de apoyar o no una estructura irrestrictamente ilegal que está acabando con el país.

 

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