Sociedad sumisa, gobierno autoritario

La política y la ciencia

Por: Marta Gloria Morales Garza

Para que exista un gobierno autoritario se requiere una sociedad sumisa. Éste es un tema muy complicado que ha llenado muchísimas páginas de libros. La Escuela de Frankfurt, por ejemplo, se desarrolló a partir de la preocupación alemana —después de la guerra— de cómo logra formarse y sostenerse un gobierno autoritario, como el Hitler, y por qué la sociedad lo apoyó.

Algunas veces, las críticas hacia las actitudes autoritarias de los gobiernos, o los gobiernos autoritarios en sí, olvidan que se trata de una relación de dos partes: el gobierno y la sociedad civil que lo tolera. Este hecho debería ser retomado en nuestras críticas, ¿cuál es nuestro nivel de tolerancia hacia un gobierno autoritario como el nuestro?

En la colaboración anterior mencionaba que los límites del sistema se están estrechando, lo que ha propiciado que prácticamente cualquier protesta sea criminalizada y siempre acabamos siendo culpables (guardando la debidas proporciones, claro).

En el caso de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, el gobierno quiso aplicar esta lógica al decir que eran narcotraficantes, aunque resultó un acto fallido. El punto es que en algún momento todos podríamos llegar a ser acusados de criminales, y esto va a seguir ocurriendo —y será cada vez peor— si nosotros lo permitimos

El caso de los estudiantes del Politécnico es emblemático porque ha conseguido mantenerse “puro”; los muchachos han tenido la capacidad de mantener sus demandas iniciales hasta lograr que se cumplan, sin que haya un brote de violencia. Han insistido en que el suyo es un problema de autonomía, de educación y aspectos curriculares; han invitado a participar a otros estudiantes, pero los mantienen al margen, no se revuelven las asambleas. Han logrado ya, por ejemplo, que Chuayffet acepte ir a Zacatenco, sede del movimiento, haciendo de la universidad un espacio neutral. Lo único triste es que el Poli sigue en paro.

Por otro lado, y en este mismo tenor de que para que exista un autoritario se requiere de un sumiso, hay que destacar que actualmente, en términos de política, la confianza ciudadana hacia sus representantes es nula; aunque esto no es nuevo.

No sorprende, por ello, que en encuestas sobre confianza los políticos ocupen el último lugar y que un 60-70% de los ciudadanos diga que ningún partido les merece su confianza. Esto se ha agudizado por el comportamiento omiso de los dirigentes y gobernantes. El problema no es que haya Abarcas o Aguirres, sino que los partidos responsables de esos gobernantes se hacen omisos, los justifican y tardan un mes en declarar que tiene que renunciar a sus cargos. Si los partidos realmente quieren recuperar la confianza de los ciudadanos, tienen que actuar y rápido, y dejar de criminalizar aquello que no los favorece.

En tanto, en el aspecto estatal, el caso del secretario estatal de Gobierno es “maravilloso”: ahora resulta que vamos a buscar al “criminal” que grabó la conversación; él fue quien cometió la falta, y no quien dijo semejantes barbaridades.

Para que la ciudadanía recupere la confianza en sus gobernantes se requiere que éstos tomen decisiones inmediatas, que asuman sus errores y actúen en consecuencia. Pero los políticos no han reaccionado aún porque en nuestro sistema electoral —como en muchos otros países— con que una persona vote por ellos es suficiente para que ganen las elecciones.

La pérdida de confianza probablemente incrementa la abstención, pero eso no les afecta a los partidos, que pueden ganar con ese pequeño nicho que forman sus militantes o las personas que siguen confiando en ellos. El problema es muy grave para el sistema, pero no para los partidos.

En realidad, los ciudadanos tenemos muy pocos instrumentos electorales para castigarlos; el problema es que, irónicamente, se reducen las posibilidades de consenso cuando no hay partidos políticos. El gobernador se vincula con la sociedad organizada mediante ciertos vehículos que comandan, dirigen, presentan y proponen propuestas: los partidos. Pero si los ciudadanos dejamos de confiar en ellos, surgen los movimientos civiles para suplirlos.

El problema radica en que es muy difícil ponerse de acuerdo, organizarse. Tomemos el ejemplo del Politécnico nuevamente: su comisión está formada por 36 personas, mientras que el secretario de educación, Chuayffett, es uno sólo; lo que diga él, se hace. En cambio, en el caso de la comisión del Politécnico, 36 interlocutores que, obviamente, piensan con diferentes matices, están definiendo la agenda y nadie comanda exclusivamente ese movimiento. La función de los partidos es justamente esa.

Respecto al movimiento surgido en torno a la estación del TAV, los ciudadanos que se organizaron en contra no han dejado que los partidos dirijan su descontento, cuando esto podría servir para que el movimiento tenga voz en las instancias gubernamentales. La prensa, en este aspecto, tampoco debería criminalizar los acercamientos de los políticos a este tipo de movimientos, pues su actuar debe estar más orientado a dar cabida a esas propuestas, más allá de si eso les puede traer votos más adelante.

Si los ciudadanos se empiezan a alejar de estos medios, ¿quién les dará voz? Por eso tienen que hacer marchas y paros que la clase media no puede sostener; los jóvenes, por su vitalidad, quizá, pero el resto no, y entonces nuestras propuestas se quedan estancadas.

No defenderé a los partidos porque han actuado muy mal; sin embargo, su existencia es necesaria porque son, justamente, ese vehículo de expresión. Los partidos tendrían que participar de las demandas de los ciudadanos y llevarlas por las vías legales, sin importar la filiación política de éstos.

El ciudadano, de manera individual y por sí sólo, no podrá resolver los problemas que le aquejan y si las organizaciones sociales son complicadas y desgastantes, tendrá que recurrir a los partidos políticos. Sólo no hay que olvidar que, para que exista un gobierno autoritario, se requiere una sociedad desorganizada y sumisa.

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