Tenemos nuevas leyes relativas al agua
El artículo cuarto constitucional señala que en nuestro país el agua es un derecho humano: “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible” y que corresponde al estado mexicano garantizar “este derecho” así como definir en las leyes “las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos”.
La semana pasada fuimos testigos de cómo el Congreso y el Senado aprobaron la expedición de la Ley General de Aguas y reformaron, derogaron y adicionaron diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales.
Más allá de lo que dice la oposición, este proceso fue un proceso legal, legítimo y democrático, derivado del proceso electoral del año pasado, que dio a Morena y aliados las mayorías suficientes no sólo para aprobar leyes sino incluso las mayorías calificadas necesarias como para reformar la constitución.
La nueva ley y las reformas a la ley arriba señalada se aprobaron en el Congreso el pasado 3 de diciembre, en lo general, con 328 votos a favor (227 de Morena, 61 del Verde y 40 del PT), 131 en contra (65 del PAN, 36 del PRI, 27 de MC y tres del PT) y cinco abstenciones.
En el Senado se aprobaron al día siguiente, 4 de diciembre, con 85 votos a favor (66 de Morena, 13 del Verde y seis del PT) y 36 en contra (16 del PAN, 13 del PRI, seis de MC y uno sin grupo parlamentario).
Es necesario recordar que la Ley de Aguas Nacionales fue expedida el 1 de diciembre de 1992, en el sexenio del priista Salinas de Gortari, con un claro sentido privatizador. En esa fecha comenzó un proceso de entrega de concesiones a particulares, muchos de los cuales han hecho mal uso de ellas, tomando el agua como si fuera un bien propio y no una concesión.
Hay que recordarles a los opositores a las reformas que el artículo 27 constitucional señala claramente que “La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación” y que “La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana”. Y es necesario hacer este recordatorio porque, parece ser, que, en las discusiones sobre las reformas, tanto en el congreso como en el Senado, las y los legisladores del PRIAN y de MC o desconocen la constitución o la han leído, pero no han entendido artículos que son fundamentales en cuanto al manejo del agua.
La iniciativa enviada por el ejecutivo, y hoy ya aprobada, establece las bases para garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento, define las competencias de los tres niveles de gobierno y reconoce los sistemas comunitarios de agua.
Por el contrario, el PRIAN y MC se dedicaron en las discusiones legislativas a defender a acaparadores de agua (muchos de ellos distinguidos militantes del PRIAN), a defender a traficantes de concesiones que mercadean con ellas como si el agua fuera de su propiedad, lo que ha permitido, por ejemplo, cambiar el uso del agua, por lo general de uso agrícola a otros usos.
Pero como vimos arriba, los números no les dan, dada la estrepitosa derrota que sufrieron en las elecciones del año pasado y eso es lo que en realidad los tiene molestos, a ellos y a sus corifeos.
