Opinión

UAQ: solución de fuerza

Por: Efraín Mendoza Zaragoza

En un hecho insólito, que no sucedía desde hace 40 años, el miércoles 23 de marzo fueron retiradas las banderas de los accesos a la Universidad Autónoma de Querétaro, pero sigue pendiente el arreglo con el sindicato de trabajadores. Mediante un manotazo, el Gobierno del Estado consumó su parcialidad en perjuicio de la Universidad y, sin notificación alguna ni los peritajes de ley, emitió una condena extrema que podría colocar a la institución en la inviabilidad financiera.

La solución de fuerza a la que se recurrió sólo está llenando de polución la atmósfera y podría propiciar el desbordamiento de los ríos. Es el anuncio de la nueva política laboral en Querétaro. Pésima noticia para todos, principalmente para los capitales que invierten aquí: si algún patrón cae de la gracia del faraón, ahí está una oscura Junta llamada de Conciliación y Arbitraje que ni concilia ni hace de árbitro. También es pésima noticia para los sindicatos, pues se ha sacado a relucir un arma útil para acabar con huelgas incómodas. Ahí está esa junta, lista para firmar laudos sin motivación ni fundamento, lista para aplastar a quien no se subordine.

La parcialidad del árbitro en este conflicto tiene que ver con la resuelta determinación del Gobierno del Estado de intervenir en los asuntos internos de la casa de estudios, en abierto desafío a la autonomía que la Constitución del Estado le reconoce. La autonomía no es una concesión, es una condición que supone un forcejeo político permanente, y tiene que ver con el autogobierno de la institución académica.

Hay una cadena de intromisiones desde hace al menos tres meses. Son intromisiones que no responden sólo al comprensible tic expansivo de quienes tienen poder; tienen que ver con la ansiedad por someter a control externo a nuestra casa de estudios, como ya lo ha hecho el Ejecutivo con otros poderes y organismos autónomos, cuyos titulares han aceptado mansamente las nuevas y arbitrarias reglas. Con algunas excepciones, actores que configuran la oposición (la indispensable oposición en una democracia), han renunciado a su papel de contrapeso, y para no hacerse acreedores a un regaño de un gobernador que cree poder regañar a todos, han preferido subordinarse. Por supuesto, la Universidad está en la mira y desde el Ejecutivo se preparan los escenarios para suplantar a la comunidad universitaria e imponer al próximo rector, y luego a los próximos directores de facultades. Celebro que la Universidad esté ofreciendo resistencia y por más esfuerzos que hago, no comprendo cómo hay universitarios que satisfacen rencores al colaborar con estos aviesos propósitos.

Por esa razón los universitarios tuvimos que salir a la calle. La movilización del lunes 21 de marzo ya habrá que ubicarla al lado de otros momentos icónicos como enero de 1958, mayo de 1980 y mayo de 2001, y ojalá se entienda la inconveniencia de que escale a otros tonos. Un gobernante democrático no puede sentirse desafiado cuando deliberan y lo contradicen y se movilizan aquellos a quienes desea como súbditos y no como ciudadanos. Como efecto directo de la protesta, el jueves 24, el titular del Ejecutivo abrió un cauce para resolver el diferendo, se comprometió a inhibir injerencias y aceptó acudir a la sesión de Consejo Universitario del 7 de abril. Es buena señal, pero hasta ahora sólo eso.

Nadie puede estar de fiesta con la solución autoritaria ensayada el martes santo por el Gobierno del Estado, en un auténtico semanasantazo. Ahora resulta que tenemos a un gobierno que la geometría convencional ubica en la derecha travestido de sindicalismo. No son los trabajadores lo que le interesa al Gobierno del Estado. En apariencia un gremio disfrutará hoy de un beneficio indirecto y pronto se nos ha olvidado el golpe asestado en diciembre a los trabajadores de los poderes del Estado en materia de pensiones y jubilaciones. En lo personal, simpatizo con las luchas de los trabajadores pero no con las modalidades corporativas de liderazgos que actúan ignorando a las bases que dicen defender.

Más allá de las fobias personales de los funcionarios, la administración de Francisco Domínguez Servién debe formular, con actos, el compromiso de respetar la autonomía. Es exigencia porque sólo se trata de obedecer lo ordenado por el artículo 4 de la Constitución local. Ese mismo artículo es el que dispone que el gobierno está obligado a promover la educación superior, “destinando el subsidio suficiente y oportuno para el cumplimiento eficaz de sus fines”. No dice más. Tampoco dice menos.

Cuando el primero de octubre el gobernador Francisco Domínguez recibió en el Teatro de la República un ejemplar de la Constitución no fue para que esa foto ilustrara las páginas de sociales de la prensa del corazón; fue un acto del más alto simbolismo: ahí el titular del Ejecutivo juró respetar y hacer respetar la Constitución. El cumplimiento de su deber es lo único que se le demanda. Nada más. Pero tampoco nada menos.

 

 

Ciudad de Querétaro, marzo 24, 2016

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