Opinión

Un instituto al que ya venían matando…

Por: Efraín Mendoza Zaragoza

Al quedar consumada la reforma constitucional que devuelve al centro el control de las elecciones locales, comienza el procedimiento formal para el desmembramiento del Cofipe y la creación de cuatro nuevas leyes particulares. Entre febrero y abril se escribirá la letra chiquita para despejar las demasiadas dudas que este penoso retroceso abrió. Acabará de completarse el ornitorrinco que se ha creado en el lugar que ocupaban el IFE y los institutos electorales locales.

Se trata de algo irreversible y pronto conoceremos las particularidades del INE, que representa el absurdo más acabado del barroco nacional contemporáneo, consistente en enredar los hilos derechos y sembrar discrecionalidad donde había claridad. Como bien lo sintetizaron lúcidos críticos de esta reforma, en el afán de conciliar el proyecto de restauración centralista con la resistencia de algunos gobernadores, acabó creándose un laberinto del que saldrán favorecidos sólo los expertos en laberintos. Esta reforma, según la síntesis de José Woldenberg, se parece a un camello, donde el camello no es otra cosa sino “un caballo diseñado por una comisión”.

Justo al cumplir los 18 años de vida autónoma, hoy está siendo sepultado el Instituto Electoral de Querétaro. En un tono entre jocoso y resignado, y por ello muy revelador, el diputado Braulio Guerra Urbiola, presidente de la Legislatura del Estado, dijo que el acto de promulgación de la reforma, el viernes 31 de enero, que marcó la extinción jurídica del Instituto Electoral de Querétaro, era un auténtico “velorio” al que anunció acudiría vestido de luto.

Pero la muerte del IEQ no es algo que deba sorprender a nadie. Eso que fue producto de prolongadas luchas ciudadanas, remedio ante la desconfianza y la ilegitimidad de los gobernantes, acabó por no ser útil a quienes lo parieron. Impunemente, en una espiral muy conocida en este sufrido país, se vuelve a empezar.

En realidad, al IEQ ya lo venían matando. La reforma promovida por la administración de Enrique Peña Nieto, sólo fue la consumación del crimen. Fue una obra en cuatro actos. Los tres actos anteriores corrieron a cargo de un abuso de poder local. Primero, la iniciativa firmada en 2010 por el gobernador José Calzada Rovirosa, con el propósito de extinguir al IEQ y sustituirlo por un órgano sin autonomía real, con precarias atribuciones y sin dientes frente a los partidos políticos. Segundo, la accidentada integración del Consejo General mediante un procedimiento que atentó contra la Constitución local. Y el tercer acto: frustrada la intentona del gobernador, y haciéndose eco de los deseos del titular del Ejecutivo, el propio Consejo General presentó en 2011 una iniciativa de ley para asumir su propia mutilación.

La autonomía no es un atributo dado de por sí, es un forcejeo continuo entre quienes tienen el mandato de ejercerla y quienes ven en las instituciones autónomas un obstáculo a la expansión de su poder. De ahí que los intentos de someter al árbitro no responden a un tic con la marca de un solo partido. Ahí está el intento de la comisión integrada al inicio del gobierno de Vicente Fox para “federalizar” la función electoral, que era el nombre que se le dio a la centralización hoy consumada. Y ahí está el intento, ahogado en anteriores legislaturas, de quitarle al IEQ la función fiscalizadora y retirarle atribuciones respecto de su régimen interno. Si el PRI ha sido fiel a su espíritu autoritario y presidencialista, y todos lo sabíamos, el reproche al PAN tiene un ingrediente sentimental adicional, toda vez que su lucha fue clave para que el país, con sus asegunes si se quiere, experimentara los avances democráticos que se desataron a finales del siglo pasado y que dominaron la primera década del presente siglo.

Esta reforma electoral tuvo la particularidad de que sus autores la subordinaron a otra de naturaleza distinta; además, se disuelven los órganos electorales cuando los problemas no andaban en el árbitro, sino en las reglas para garantizar la equidad y transparentar el uso del dinero y su fiscalización. Y como no faltó quien alegara que se trataba de ahorritos, habrá que recordar que tan sólo por el cambio de denominación, de IFE a INE, la actualización de las credenciales de elector, costará poco menos de mil millones de pesos.

De nuevo, empezar de cero. No avanzar, retroceder. No acumular. Inventar el mundo. Negar la memoria. El retroceso presentado como futuro. Lo advirtió alguien: un modelo diáfano y sencillo ha sido sustituido por uno retorcido y enredado, “bizarro, cruzado, fractal, difícilmente administrable”. Han quedado sembradas zonas de ambigüedad que aniquilarán la certeza, que es uno de los principios rectores de la materia electoral. De modo deliberado se amplía la marea de la discrecionalidad. “Se crea una institución con una línea federal y otra local, con una serie de válvulas que se abrirán y cerrarán a discreción de la autoridad, en el momento que les parezca”, como advirtió la consejera María Marván.

En suma, como lo sintetizó Héctor Parra, que de estas cosas sabe, sencillamente “la Federación engulló a los estados con su consentimiento”. Soberanía y federalismo, arrollados. Y si eso no fuera suficiente, habría que agregar que más allá de lo propiamente electoral, el paquete amplio de la reforma política dejó omisiones e incumplimientos significativos, como la no inclusión de la revocación de mandato y la reducción de la Cámara de Diputados federal de 500 a 300 legisladores, como ofreció en campaña el presidente de la República en funciones.

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