Opinión

Verdad y honor

Por Juan José Arreola

El proceso para la elección del Rector de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), que concluyó el miércoles de la semana anterior, mostró que una de las principales debilidades de la máxima casa de estudios de la entidad es su mismo mecanismo de elección, al grado de poner a la institución en jaque; la colocó a punto de caer al precipicio político.

La debilidad del proceso se encuentra en sus lagunas legales que, tanto evita ordenar el mismo, como permite mantener vivo el viejo precepto de dejar en manos de 56 universitarios la decisión electiva.

Además, las ausencias legislativas han sido una constante tentación para el gobierno de la entidad de inmiscuirse en la sucesión rectoral, como hoy, una vez más, nos lo dejaron en claro.

 

La inapropiada reunión que sostuvo el secretario de Gobierno, Roberto Loyola Vera, con los cuatro candidatos a la Rectoría cuando apenas iniciaba el proceso, desnudó esta situación y dejó en claro que el Gobierno del Estado había decidido meter la mano en la elección.

 

Y aun cuando nuestros balances pudieran minimizar este involucramiento o, en una perspectiva contraria, maximizarlo, la realidad es que la misma Universidad permitió este acto.

 

En medio de la indefensión política y legal a las que fueron orillados por esta deficiencia, Marco Antonio Carrillo, César García, Gilberto Herrera y Fernando Valencia aceptaron la reunión, porque muy seguramente asumieron que no había de otra.

 

Deuda democrática

La otra debilidad es igual de grave, pues muestra que a pesar de que nuestra Universidad ha hecho esfuerzos denodados para avanzar al ritmo que exige la nueva democracia, no ha sabido reflejar el pensamiento progresista en leyes y reglamentos igualmente progresistas.

 

Una comunidad constituida por más de 30 mil personas, entre catedráticos, estudiantes y trabajadores, deja en manos de solamente 56 de ellos –de los que ninguno es trabajador administrativo– la elección del Rector.

 

El haber llegado a la tercera vuelta en la votación, permitió mostrar crudamente esta situación. En un lapso menor a la semana se logró cambiar el voto de 22 consejeros, dejando de lado su preferencia por Carrillo Pacheco para sumarse a Herrera Ruiz.

 

Suponemos que de buena fe hubo una decisión a favor de no prolongar el proceso electivo y de cerrar la puerta a un potencial conflicto político-universitario para evitar que la institución se colocara, reiteramos, al borde del precipicio.

 

Sin embargo, no está claro y, por ende, no hay transparencia, en lo que se fraguó y concertó “tras bambalinas”. No sabemos quién o quiénes convencieron a los consejeros de que cambiaran su voto.

 

No sabemos a ciencia cierta –tampoco– si en realidad hubo un acuerdo entre Carrillo Pacheco y Herrera Ruiz en el que solamente ellos participaron; es decir, desconocemos si en el pacto se involucraron otras instancias, particularmente las gubernamentales.

 

Elección judicializada

El tercer elemento a considerar es, sin duda alguna, la guerra de vituperios, acusaciones, recriminaciones y hasta agresiones que se gestó durante la contienda rectoral.

 

Los dos finalistas consideraron pertinente dar carpetazo a estos asuntos, borrar lo sucedido y continuar la actividad normal de la Universidad.

 

Esta actitud, en lugar de ayudar al desarrollo democrático de la institución se convierte en un muro del silencio en el que se callan una serie de acciones que –nos parece– ofendieron a la comunidad universitaria.

 

Educar en la verdad y en el honor implica eso; buscar que siempre prevalezca la verdad y que a partir de ella, refrendar el honor de quienes cumplieron con su papel como universitarios y, en contrario, sancionar a quienes enlodaron ese honor.

 

Las dos principales demandas de la ciudadanía mexicana antes de los comicios en que fue electo Vicente Fox Quesada como Presidente de la República, eran las de combatir la corrupción y la impunidad. Una de las razones del porqué el panista ganó esa contienda fue porque la mayoría de los mexicanos confiaban en que combatiría ambos flagelos.

 

Hoy nos queda claro que en la UAQ hace falta una profunda reforma que incluya enfrentar abiertamente viejas costumbres que se han arraigado por el simple hecho de que nunca se les ha enfrentado.

 

Combatir la práctica de acciones como las que vimos en la contienda electoral, y sancionar; es decir, evitar la impunidad, es un asunto vigente y urgente.

Tiempo libre

Un lastre que hace más lento el desarrollo de la UAQ, es la irregular situación que la mayoría de sus catedráticos enfrenta, al no contar con estabilidad laboral y, con ello, no poder dedicarse completamente a la academia.

En la medida en que estos profesores se ven obligados a tener dos o más empleos, deteriora el nivel educativo de la institución, simple y llanamente porque la UAQ no les brinda la oportunidad de desarrollarse totalmente en la academia.

Pero además, los agrede laboralmente pues son trabajadores que no cuentan con prestaciones mínimas como seguridad social, aguinaldo, vacaciones pagadas ni antigüedad.

Regularizar su situación será una acción de justicia, de solidaridad humana y de eficiencia académica, amén de abonar en la consolidación de la anunciada reforma universitaria.

 

Como candidato a la Rectoría, Gilberto Herrera mostró como una de sus principales virtudes, el priorizar la bandera de la academia, la ciencia y la democracia.

 

Hoy, en su calidad de Rector electo y a partir de enero como Rector en funciones, tiene la obligación de enfrentar los retos que como tarea pendiente le dejó la contienda.

 

Lo mejor –que esperamos así sea– es que no los niegue, los analice y los supere.

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