Veto, identidad de género y límites del poder público en Querétaro
Una lectura jurídico-constitucional sobre la tensión entre moral pública, derechos humanos y reconocimiento de la identidad.
El veto declarado por Mauricio Kuri a la reforma aprobada por el Congreso de Querétaro en materia de reconocimiento a la identidad de género plantea un problema que rebasa la coyuntura política: Se trata de una decisión formalmente valida que restringe derechos humanos de personas históricamente discriminadas y atenta con el imperativo de ley de progresividad.
El caso permite analizar, desde el constitucionalismo contemporáneo, la relación entre supremacía constitucional, control de convencionalidad y límites de la moral pública en un Estado democrático (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1917/2026, art. 1o.; SCJN, 2019).
Fundamentación jurídica nacional e internacional
La reforma aprobada por el Congreso local encuentra fundamento inmediato en el artículo 1o. constitucional, que prohíbe la discriminación y exige interpretar los derechos humanos conforme al principio pro-persona. En esa línea, la SCJN ha sostenido que la identidad de género se vincula con la dignidad humana, la vida privada, el nombre, la personalidad jurídica y, de manera central, con el libre desarrollo de la personalidad; por ello, los procedimientos de adecuación registral deben ser administrativos, confidenciales, expeditos y no patologizantes (SCJN, 2015; 2019; 2023). Ese estándar coincide con la Opinión Consultiva OC-24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que obliga a los Estados a establecer mecanismos accesibles y adecuados para el reconocimiento de la identidad de género auto percibida (Corte IDH, 2017). En consecuencia, el veto es jurídicamente cuestionable al obstaculizar una medida orientada a remover barreras estructurales y a armonizar el derecho local con parámetros constitucionales y convencionales ya consolidados.
Discusión teórica: derecho, moral y constitucionalismo
La controversia reactiva la discusión clásica sobre la relación entre derecho y moral. Aunque desde una visión positivista podría afirmarse que el veto es válido por emanar de una facultad formal del Ejecutivo, esa lectura es insuficiente en un Estado constitucional, donde la validez de los actos públicos también depende de su compatibilidad material con la igualdad, la dignidad humana y la no discriminación. La moral del ejecutivo que representa una estructura de poder se erige en criterio decisivo para negar reconocimiento jurídico a identidades disidentes, precisamente porque los derechos fundamentales cumplen una función contra mayoritaria: proteger a las personas frente al prejuicio social normalizado. Así, el problema del veto radica en una disputa entre derecho y moral de origen político y en la fragilidad de sus razones, incapaces de justificar constitucionalmente la restricción de derechos de un grupo históricamente vulnerado. En suma, en un Estado constitucional la legitimidad del poder público debe depender de la competencia formal para decidir, de la capacidad de justificar sus decisiones conforme a la dignidad, la igualdad y la libertad. Por ello, frente a un veto sustentado en reservas morales o temores abstractos, la respuesta jurídicamente más sólida sigue siendo aquella que garantice procedimientos accesibles, dignos y no discriminatorios para el reconocimiento de la identidad de género.
