Violaciones militares a derechos humanos: avances para los retos actuales
Por Ricardo Fernández
Las fuerzas armadas mexicanas han ampliado sus funciones en seguridad pública en el contexto del combate contra la delincuencia organizada en los últimos años. Desde diciembre de 2006 ha habido un alarmante aumento en las denuncias de graves violaciones de derechos humanos por las fuerzas armadas. La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha recibido más de seis mil denuncias de abusos a los derechos humanos cometidos por militares. Sólo una pequeña parte de estos casos han sido investigados y procesados por la justicia militar, la cual carece de la independencia, la imparcialidad o la transparencia necesarias en un debido proceso. Las fuerzas armadas en repetidas ocasiones han argumentado que la mayoría de denuncias son infundadas y presentadas por miembros del crimen organizado para desprestigiar a las fuerzas armadas. Sin embargo, nunca han presentado evidencia de la fabricación de denuncias.
Este panorama ha empezado a cambiar positivamente desde hace algunas semanas, cuando el pasado martes 12 de julio, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en una decisión histórica, decidió excluir de la jurisdicción militar las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas. Esta resolución es un paso fundamental en los esfuerzos para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de abusos por parte de las fuerzas armadas y sus familias lo que de una nueva esperanza para las víctimas de dichas violaciones.
Uno de los casos más recientes es el de José Fortino Martínez Martínez, José Cruz Díaz Jaramillo, Joel Díaz Espinoza y Martín Rico García fueron, según testigos, detenidos entre el dos y el cinco de junio de 2011 en Nuevo Laredo, Tamaulipas, por miembros de la Marina mexicana. Ni su familia ni organizaciones locales de derechos humanos saben dónde se encuentran, y temen que sean víctimas de desaparición forzada. Según la información recibida por Amnistía Internacional, no parece haber una razón clara para la detención de estas cuatro personas y es por ello que ha lanzado una acción urgente para solicitar que se lleve a cabo una investigación exhaustiva, inmediata e imparcial, que sea realizada por autoridades civiles, sobre su aparente desaparición forzada a manos de miembros de la Marina mexicana, que se hagan públicos los resultados de la investigación y que los responsables de estos hechos rindan cuentas de sus actos.
Es el turno de la Procuraduría General de la República de asumir su responsabilidad en la implementación de la decisión de la SCJN y realizar las debidas investigaciones de las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidos por las fuerzas armadas como la de José Fortino Martínez Martínez, José Cruz Díaz Jaramillo, Joel Díaz Espinoza y Martín Rico García.
Es grato saber que estamos avanzando en materia de derechos humanos en cuanto a la legislación militar se refiere, sin embargo, casos como el de Tamaulipas nos recuerdan que, ante todo, hay un largo camino por delante.
¡Actúa ya! http://alzatuvoz.org/desaparecidos
