Opinión

Violencia

Por: Efraín Mendoza Zaragoza

PARA DESTACAR: El calendario se ha vuelto una suerte de competencia por saber qué día es el más cruento del año. El violentómetro ubicó al penúltimo día de julio no como el más cruento del año, sino como el más violento del sexenio: 54 muertos

Muy variadas hipótesis corren sobre la violencia en México. Tan cruel como incontenible. Se ha instalado prácticamente como una atmósfera. Ya no es el asombro por los hechos que van dejando los días manchados. El calendario se ha vuelto una suerte de competencia por saber qué día es el más cruento del año.

Por ejemplo, el violentómetro ubicó al penúltimo día de julio no como el más cruento del año, sino como el más violento del sexenio: 54 muertos, en las escenas más espeluznantes. En Guerrero, una familia entera fue pasada por las armas, incluyendo a un niño que dormía, y en Michoacán y Tamaulipas doce personas fueron sometidas al fuego vivo.

Hay quienes piensan que la violencia forma parte del ADN de América Latina. Como el escritor peruano Santiago Roncagliolo quien opina que nuestro subcontinente es hoy seguramente más democrático pero también es mucho más violento. Se trata de una afirmación que no complejiza y sí, en cambio, plantea el grave problema de la violencia en términos absolutos. Una interpretación de esa naturaleza podría llevarnos a relevar al Estado de su responsabilidad. Y no va por allí.

Me parece más oportuno atender a Johan Galtung, que entre los varios tipos de violencia que distingue, llama la atención sobre la violencia estructural, que es la más compleja, la peor de todas, porque se trata de un conjunto organizado de condiciones que impiden la satisfacción de necesidades, a partir justamente de la negación de las necesidades, todo ello en el marco de intrincados procesos de estratificación social.

En este tipo de violencia cabe un amplio abanico de hechos. Quizá entre sus manifestaciones más ruidosas podríamos incluir varias masacres en las que concurren dos aspectos. Por un lado, grupos subalternos que se mueven en los linderos de la legalidad o que son víctimas del manejo faccioso de la ley. Y por el otro, la participación de cuerpos de seguridad del Estado, que se exceden en sus funciones de contención hasta volverse agresores directos.

Ahí está la masacre más reciente, en el pueblo oaxaqueño de Asunción Nochixtlán, donde las propias autoridades locales han sostenido que las protestas no habían alterado el orden ni habían estrangulado los accesos.

Pero también tendríamos que identificar manifestaciones encubiertas o más sofisticadas de violencia estructural. Los responsables las hacen pasar como efecto de indicadores astrales, o como coletazos de huracanes celestiales, cuando no son sino derivaciones directas de políticas públicas decididas deliberadamente.

Es el caso de la exportación bruta de capitales hacia el gran casino global, bajo conceptos como “amortizaciones y servicio de deuda”, que no son otra cosa más que un saqueo puro y duro, consentido sin chistar por las autoridades nacionales. A ese océano infestado de tiburones insaciables, mandará este año la Secretaría de Hacienda nada menos que un billón 77 mil millones de pesos, el mayor pago de deuda pública en diez años.

Obsesionado en seguir cosechando estrellitas por su buen comportamiento, mantiene el gobierno su puntualidad en el envío de esas fabulosas remesas, mediante el sacrificio de rubros como la educación, la salud y el campo, que de por sí reciben asignaciones magras. Y no solo eso, lo hace alterando el presupuesto autorizado por el Congreso.

No importa lo demás. A los ojos de la Secretaría de Hacienda poco importa que la Universidad Nacional siga rechazando al 92 por ciento de los aspirantes. Poco importa que a 28 de cada 100 habitantes de la capital de la República no les alcance para comprar comida. Este último dato, por cierto, no viene del demonio López Obrador, procede de un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo. Dicho sea de paso, ese estudio aclara que el promedio latinoamericano de ese indicador es de 21.4 puntos.

Esos son datos de la violencia estructural, institucionalizada. Al proponer el Ejecutivo el gasto y al aprobarlo la Cámara de Diputados, cada año el gobierno federal ratifica la violencia de Estado como algo que ni siquiera es explicitado, que ni siquiera es debatido. Y eso pasa cada año, siempre de noche. Sí, de noche, porque siempre el presupuesto acaba aprobándose de noche, cuando todos están dormidos.

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