Opinión

Violencia, impunidad y legalidad. De los semáforos hasta Ayotzinapa

Por: Gabriel Morales López

Ante el desorden que se vive en el país —que trasciende los emblemas políticos de quienes detentan la autoridad— el diagnóstico y la solución pueden tener diferentes vertientes a raíz del debate filosófico de las principales doctrinas políticas.

Desde de la izquierda el orden imperante es injusto, el marco jurídico prevaleciente es un instrumento para oprimir y genera desigualdades; por ello, lo razonable es subvertir el orden actual e instaurar uno nuevo en el que se privilegie la justicia e igualdad económica, política y social.

Desde la derecha, el problema no se trata del marco jurídico vigente —que garantiza, en papel, la igualdad ante la ley— sino de la correcta aplicación de la ley; por lo tanto, es necesario combatir a quienes intentan disolver el orden y desestabilizar el régimen.

El problema en México es que se actualizan ambos supuestos. Hay leyes que promueven la desigualdad —tal vez su intención original era la igualdad, pero su efecto práctico es el contrario— al mismo tiempo que hay un gran vacío de aplicación de la ley.

El ejemplo de las diferencias de la aplicación de la ley entre México y Estados Unidos es ya un lugar común, pero no deja de ser ilustrativo. Cualquier fotografía de ciudades fronterizas revela que al norte hay orden en el desarrollo urbano, respeto al medio ambiente y vigilancia, mientras que del costado sur prevalece el caos en prácticamente todos los ámbitos. Los paisajes de Tijuana y San Diego, Laredo y Nuevo Laredo hablan por sí solos.

Es también lugar común que, en México, los mexicanos violamos constantemente cuanta ley, norma o reglamento se nos pone enfrente; pero, al cruzar la frontera —sabedores de la existencia de una autoridad que vigila y aplica la ley con efectividad— las conductas transgresoras se inhiben, como conducir a exceso de velocidad o tirar la basura en la calle.

Impunidad y corrupción son dos efectos visibles de la falta de voluntad y capacidad para la generación de leyes justas y su efectiva aplicación. Los efectos en la sociedad de ambas han creado una cultura de inaplicación de la ley a la que quizás, de forma burda, se refería el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, al señalar que la corrupción es un problema cultural, un virus endémico de la mexicanidad.

La ecuación de la impunidad y corrupción resultan en un circulo destructivo entre quienes deciden violar la ley y no sancionar las infracciones, en un huevo y una gallina cuyo producto afecta todas las esferas del desarrollo nacional.

El ejemplo más escandaloso y reciente es la desaparición forzada de cuarenta y tres normalistas en Iguala, Guerrero, la colusión de las autoridades con el crimen organizado y la desidia, desinterés o incapacidad de la propia autoridad para esclarecer el caso.

Empero, la semilla del ciclo de la impunidad se produce en los ámbitos más cercanos. Uno de ellos es la vía pública, el espacio por excelencia de la interacción social, el telar del tejido social. En las calles, la falta de aplicación de la norma —tanto de usuarios como de autoridades— es una constante cotidiana. Esa falta de aplicación de la norma se traduce en un ambiente hostil, en un clima de violencia a la que, lamentablemente, nos hemos acostumbrado.

Me atrevo a decir que, entre las normas de tránsito, el límite de velocidad en las calles es la menos vigilada. Incluso, entre conductores hay conductas agresivas al volante hacia quienes van aparentemente despacio, los conductores se quieren comer vivo a quien decide frenar cuando la luz verde comienza a parpadear.

Las expresiones más lamentables de la violencia vial que desata la inaplicación de los reglamentos de tránsito son las lesiones y muertes que día a día ocurren entre los usuarios de la vía pública, ya sean peatones, ciclistas, usuarios del transporte público o automovilistas.

La violencia vial en México significó la pérdida de 16,000 mil vidas en accidentes durante el año 2012, y cerca de un millón de personas sufre lesiones cada año por los accidentes de tránsito. El 28% de los fallecimientos, es decir 4,500 muertes, se deben a conducir a exceso de velocidad.

En esas cifras están coludidos tanto ciudadanos que decidieron no respetar las normas de vialidad, como autoridades que no pudieron hacer respetar los reglamentos.

Desde las calles no tan pacíficas de Querétaro, hasta las montañas de Guerrero la fórmula de leyes injustas (o de difícil aplicación), ciudadanos que incumplen las leyes y autoridades sin la voluntad o la capacidad operativa para hacer efectivas las normas. La solución es sumamente compleja, diría que utópica, y pasa por hacer efectivas las hipótesis tanto de la izquierda como de la derecha al unísono. Cambiar el orden prevaleciente y hacer cumplir el nuevo orden.

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