Opinión

¿Y cómo estaba aquello de los mejores hombres? (Primera parte)

Por Marcela Ávila Eggleton

Ha transcurrido más de un siglo desde que el “principio de distinción”, es decir, el mecanismo que, en los orígenes del sistema representativo, garantizaba que los representantes fueran ciudadanos más distinguidos que aquellos que los habían elegido, era un criterio fundamental para definir candidatos a puestos de elección. Las democracias liberales –y supondríamos que México entre ellas– han recorrido un largo camino en términos de garantizar la igualdad política de los ciudadanos, sin embargo, pareciera ser que nos hemos quedado con algunas asignaturas pendientes en el camino.

Contrario a lo que pudiéramos pensar, el carácter restringido del voto no era el elemento más inequitativo del pensamiento republicano clásico, sino un método de elección que aseguraba, a través de diversos arreglos institucionales, que los elegidos fueran de un rango superior a sus electores, con el fin de asegurar que los representantes tuvieran la suficiente independencia económica para ser inmunes a las influencias corruptoras, especialmente, aquellas provenientes del Ejecutivo.

 

El propio Madison consignó, en El Federalista 57, que la principal característica del gobierno republicano era elegir representantes que poseyeran “la mayor sabiduría para discernir, y la mayor virtud para perseguir el bien común de la sociedad”, pero para que esto fuera posible, resultaba fundamental que los representantes constituyeran un “grupo selecto” que estuviera integrado por los más sabios y virtuosos; por los “ricos y bien nacidos” en palabras de Hamilton.

Poco más de dos siglos después, el tema de la selección de candidatos a cargos de elección resulta más debatible que nunca. El asunto ahora no es el criterio aristocrático que impedía a la mayor parte de la población acceder a las candidaturas, sino fundamentalmente la calidad de representantes que estamos eligiendo. Encuentro, al menos, dos temas que discutir a este respecto: la capacidad de los representantes y la responsabilidad de los partidos.

En lo que respecta a la calidad de los representantes, habría que destacar que los elegimos, cuando menos, para que nos representen; es decir, para que actúen en nuestro mejor interés –diría Pitkin, con “discreción y discernimiento”. Así, que sean la Reina de la Primavera o el Compadre del Año, nos tiene absolutamente sin cuidado, pero que un candidato a diputado local se comprometa a construir carreteras o a bajar el precio de la gasolina debería ser causal de baja permanente, ya sea por ignorancia absoluta, por incapacidad crónica o por mala fe.

Ahora bien, nosotros, en nuestra calidad de electores, podemos caer en la trampa de elegir un candidato que parezca bueno y resulte un fiasco –supongo que es algo en lo que no es necesario abundar–, pero lo que resulta imperdonable es que los partidos no sólo no asuman su responsabilidad al elegir candidatos capaces, sino que exijan a un tercero, en este caso, la autoridad electoral, que garantice que sus candidatos –sí, los que ellos mismos propusieron– no estén al servicio del crimen organizado. ¡Es exigirle al árbitro que les haga el antidoping a los jugadores!

Pero ya me enojé, de modo que me parece más prudente continuar con esta reflexión la próxima semana.

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