El triunfo de la democracia boliviana con el retorno del “MAS”
El pueblo boliviano no solo resistió los embates represivos de la Policía Nacional, Ejército Boliviano y cuerpos paramilitares, sino que mantuvo manifestaciones, paros y protestas.
El año pasado —el 20 de octubre de 2019— se celebraron elecciones generales en el “Estado Plurinacional de Bolivia”, mismas en las que Juan Evo Morales Ayma, ganó en la primera vuelta, con margen de un poco más de 10 puntos porcentuales (44 sobre 34 por ciento) sobre el expresidente Carlos Mesa.
Sin embargo —desde Estados Unidos—, la ultraderecha del oriental del departamento de Santa Cruz (comandada por Fernando “El Macho” Camacho) recibió apoyo económico, respaldo político y asesoría contrainsurgente para denunciar un supuesto “fraude electoral” a favor de Morales Ayma, mismo que fue secundado por la Policía Nacional; por la jerarquía religiosa —la ultraderecha boliviana a través de la oligarquía agrícola, industrial, comercial y financiera— armó lo que llamaron un “levantamiento cívico”, con base en la represión de las bases sociales del Movimiento Al Socialismo (MAS).
Paralelamente, Luis Almagro, Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), a través de un informe prematuro, parcial y faccioso de la Misión de Observadores Electorales, declaró que se había dado un fraude electoral y que no habría Segunda Vuelta.
Estos acontecimientos, aunados a la represión popular generalizada, fueron minando la democracia hasta que la cúpula militar le exigió a Evo Morales la renuncia a la Presidencia de la República, realizando un “Golpe Fáctico de Estado” imponiendo de manera ilegal, con la Biblia en la mano, a Jeanine Áñez, como Presidenta Interina de Bolivia, sin el consenso de la mayoría de los parlamentarios pertenecientes al MAS y sin permitirles el acceso a la imposición de la “dama goplísta, el día 10 de noviembre de 2019.
Por ello, el gobierno mexicano, apegado a la tradición progresista de brindar asilo político a las personas perseguidas, ofreció a Evo Morales y a miembros de su gabinete la condición de asilados. En palabras de Evo Morales, “México me salvo la vida”. El presidente destituido se mantuvo en México un par de semanas y posteriormente se dirigió a territorio argentino, mismo que por su posición geográfica le mantenía más cerca del acontecer político en su país.
Hoy, a un año de esos sucesos, la política exterior de AMLO —a pesar de las críticas de la oposición— México sigue representando la vanguardia latinoamericana en ese rubro. Vale la pena recordar que la Embajada Mexicana en La Paz, Bolivia, mantuvo asilados a buena cantidad de funcionarios del gobierno de Evo Morales y dirigentes del MAS, incluido el propio Luis Arce, cuestión que le costó la expulsión del país andino a la embajadora María Teresa Mercado, al ser declarada “Persona Non Grata” por la golpista Jeanine Áñez.
El pueblo boliviano no solo resistió los embates represivos de la Policía Nacional, Ejército Boliviano y cuerpos paramilitares, sino que mantuvo manifestaciones, paros y protestas, desde la región de El Alto, La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí, Pando y otras regiones campesinas, indígenas y mineras.
El factor etnopolítico de un arcoíris de organizaciones sociales mantuvo en alto las banderas de lucha por los recursos naturales de su país: oro, plata, litio, gas, agua, selva, tierra, vivienda, caminos, carreteras, salud, educación y mejores niveles de vida, cuestiones por las que Evo Morales pugnó y tuvo como logros durante sus 3 gestiones al frente del gobierno de Bolivia.
Luis Arce, su ministro de Economía fue el artífice de las políticas antineoliberales de ese régimen democrático. En ese contexto, el resultado favorable en las Elecciones del pasado 18 de octubre de 2020 a Luis Arce como Presidente de Bolivia y al líder indígena David Cochehuanca, como Vicepresidente, con aproximadamente 20 puntos de ventaja, reflejan una victoria inobjetable de la dignidad, de las convicciones y de las fuerzas progresistas en Latinoamérica.
