Despojo y desestructuración de los pueblos y sus territorios

Reformas constitucionales previas

Con las reformas constitucionales al Artículo 27 de nuestra Carta Magna, realizadas en 1992 por Carlos Salinas de Gortari, las tierras ejidales pasaron de un estatuto legal que impedía su venta, a ser mercancías, bajo un trámite tan simple como un contrato de compra-venta, que en muchos casos se hizo a mano, en una hoja de cuaderno, y que sólo podía firmar el esposo o padre de la familia, dejando a la esposa e hijos sin patrimonio.

Previamente, con la modificación del Artículo 115 que otorgó autonomía a los municipios para tratar sus asuntos de urbanización y la facultad de determinar los cambios de uso de suelo, sólo se generó —en opinión del doctor Emiliano Duering, importante urbanista y docente investigador de la Universidad Autónoma de Querétaro— una gran especulación de la tierra y corrupción, pues los municipios no contaban con las instancias ni la preparación necesarias para realizar estas importantes tareas, por lo que en muchos casos no se percataron de las consecuencias de sus erradas decisiones o simplemente aceptaron sobornos.

El más reciente episodio de esta lógica destructora de la propiedad colectiva la hizo el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, quien en su último día de mandato eliminó el amparo agrario, con lo que dejó en una total indefensión a indígenas y campesinos, como bien lo señalan los abogados del Bufete Jurídico Tierra y Libertad AC, Bárbara Zamora y Santos García, quienes alertan: “Simplemente borraron los 22 artículos del libro segundo de la Ley de Amparo, con lo cual los ejidos y comunidades indígenas pierden este derecho esencial para oponerse a los actos arbitrarios de despojo de sus tierras y recursos naturales por autoridades de todos los niveles de gobierno”.

Caso Ejido Santa Cruz y Ejido Las cruces-DRT

En este contexto creció exponencialmente el desarrollo inmobiliario en El Marqués. Don Modesto Rubén Alegría Cabrera explica cómo perdieron sus tierras ejidales y cómo se apropió de ellas la empresa Desarrollos residenciales y turísticos, DRT.

Don Modesto es hijo de un ejidatario despojado y también es albañil. Vive en la parte alta de uno de los cerros que rodean La Cañada, en donde no pocas casas de lámina y cartón colindan con espectaculares y ricas residencias que coronan el cerro.

Narra que les arrebataron sus tierras a través de un fraude, en el cual se han coludido las tres instancias de gobierno: la municipal, la estatal, directamente a través del gobernador en turno, y la federal, a través de la delegación de la Reforma Agraria en el estado.

¿Cómo operó este fraude?: “En primer lugar, con la complicidad del Comisariado ejidal; en este caso, mi propia prima, la señora Antonia Cabrera Alegría, se prestó a esta venta fraudulenta… Nosotros ya interpusimos una demanda por duplicidad de certificados de derechos agrarios, y desde ahora les decimos a los que compraron o vayan a comprar, que no lo hagan porque se van a ver afectados, porque esto un fraude”.

El entrevistado muestra una copia de la demanda y un mapa del ejido y de las 644 hectáreas ilegalmente vendidas. Pero aclara: “Nosotros, los afectados, no estamos pidiendo que nos regresen las tierras, sino que se reconozca a los verdaderos dueños y se nos indemnice conforme a la ley”.

Las tierras en disputa corresponden a la segunda ampliación del Ejido Santa Cruz y al Ejido Las cruces, con 1400 hectáreas; las cuales, gracias a una resolución presidencial de 1985, les fueron otorgadas a sesenta y nueve ejidatarios. Sin embargo, el entonces gobernador, Rafael Camacho Guzmán (1981-1985), nunca la llevó a cabo, por lo que los campesinos nunca recibieron ni tierras ni certificados de derechos agrarios; por el contrario, con la complicidad de la Comisariado ejidal y del delegado de la Reforma Agraria, el licenciado Javier González Martínez, se añadieron, de manera ilegal, otra lista de supuestos “ejidatarios” que no aparecen en la Resolución original, siendo éstos los encargados de vender y revender la tierra.

Entre ellos se encuentran, según don Modesto, quien muestra fotocopias de documentos que avalan su señalamiento, el director general de la empresa DRT, Víctor David Mena Aguilar, y el director administrativo de la misma, Gerardo Proal de la Isla, a quienes se les vendieron 544 hectáreas y que aparecen como ejidatarios.

Cuando quisimos entrevistar a este último para conocer su versión de los hechos que se le imputan, nos mandó con el director de operaciones de la empresa Pangea-Supraterra, el licenciado Miguel Ángel Vega Cabrera, quien es el encargado de comprar la reserva territorial para los desarrollos inmobiliarios. Vega Cabrera es un joven pulcro y de buen hablar, que nos recibió muy atento y amable en sus elegantes oficinas de Jurica.

De entrada nos dice que es “orgullosamente egresado de la UAQ” y que es sobrino de la exrectora de esta universidad, la maestra Dolores Cabrera Muñoz (2000-2006).

Como respuesta a las acusaciones de fraude y a los juicios que lleva a cabo don Modesto , el joven Vega Cabrera explica que tanto Pangea-Supraterra y DRT son empresas “muy serias y responsables, que dan certeza jurídica a sus compradores y que tienen un compromiso muy claro y fuerte con la preservación del medio ambiente”, añadiendo: “Desgraciadamente, en muchos casos y por intereses ajenos se manipula a la gente para que entable demandas que no tienen sustento jurídico… Yo les digo, la tierra se la compré a tu papá; ellos tienen una costumbre: cuando su papá vende la tierra, ellos sienten que tienen derecho a que eso sea repartido entre todos los hijos, como un derecho ‘de sangre’ y no necesariamente siempre es así”.

Acerca del carácter de ejidatarios que tienen —según don Modesto— prominentes funcionarios de la empresa, no hizo ningún comentario.

Caso La Laborcilla-El Campanario

Más allá de lo particular de este caso, y que tendrá una salida legal en los tribunales correspondientes, lo que nos muestra en realidad es un problema estructural derivado de la conversión que el Estado Mexicano sufrió a partir de la década de los ochenta y que derivó en la política privatizadora de los territorios y espacios públicos. Los conflictos y confrontaciones por la tierra entre inmobiliarias y ejidatarios o exejidatarios son, en El Marqués, muchos y muy graves.

Como el que explotó en 2013 entre vecinos de La Laborcilla y el fraccionamiento residencial El Campanario, y que dejó como saldo trágico dos jóvenes asesinados por guardias privados al servicio de la empresa, los cuales impedían el paso a sus viviendas a los habitantes y dueños legítimos de esas tierras.

Hay que señalar que el actual presidente municipal de El Marqués, el panista Enrique Vega Carriles, está involucrado en esta tragedia, pues fue él quien autorizó la construcción de la barda que impidió el paso a los vecinos de La Laborcilla y que, al final de cuentas, provocó la protesta de éstos y la artera agresión de la guardia privada de la empresa.

Cuando gestionamos una entrevista con él para conocer sus puntos de vista al respecto, se nos negó, argumentando su secretario particular: “Que el presidente municipal tiene muchos problemas y que por eso no da entrevistas”. Las preguntas que se quedaron sin respuesta fueron: ¿Cuáles son los cinco principales problemas del municipio?, ¿Con qué políticas y planes se enfrentan dichos problemas?, ¿Cuántos desarrollos inmobiliarios hay en el municipio, y si pudiera mencionar sus nombres y a cuánto ascienden su inversión y qué beneficios, directos e indirectos, detonan para las cuarenta y seis comunidades de El Marqués?, ¿Participa usted como inversionista, asesor o promotor en alguno de estos desarrollos inmobiliarios?.

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