Disuade a empresas reducido plazo para TAV: Torres Peimbert

La senadora asegura que Bombardier, Mitsubishi y Siemens, entre otras, desistieron tras conocer el plazo impuesto por la SCT para la presentación del proyecto

Por: Miguel Ángel Rodríguez Vivas

En el proceso de licitación para el Tren de Alta Velocidad  (TAV) que cubrirá la ruta Ciudad de México-Querétaro, en el que dieciséis empresas internacionales y nacionales presentaron un plan de trabajo, sólo tres de ellas permanecieron en el proyecto debido a que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) dio un plazo de únicamente 60 días para presentar un proyecto de trabajo, afirmó la senadora Marcela Torres Peimbert.

La senadora panista afirma que se “repite la historia” ocurrida cuando se implementó la nueva tarjeta IAVE en 2013, cuya licitación fue concedida a Grupo Carso; dicho sistema de prepago a través de tarjeta de crédito opera en todas las carreteras federales de cuota.

En esta ocasión, en el proyecto que pretende ser punto de partida para una red ferroviaria de alta velocidad en México y Latinoamérica, dieciséis empresas con amplísima experiencia internacional —afirma la senadora— se mostraron interesadas en participar; entre ellas se encuentran: la canadiense Bombardier, la japonesa Mitsubishi y la alemana Siemens. Sin embargo, solamente tres empresas continuaron en el proceso, luego de que la SCT anunciara que el plazo para presentar el proyecto era de tan sólo 60 días.

Así fue como únicamente la empresa Constructora y Edificadora GIA —del empresario Hipólito Gerard, cuñado del expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari— y la empresa China Railwail, en asociación con Constructora Teya —filial de Grupo Higa, a la que también pertenece la compañía Eolo Plus, que rentó helicópteros al PRI para la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, y que es propiedad del empresario Juan Amando Hinojosa Cantú— quedaron como participantes de la licitación.

Irregularidades en licitación son preocupantes

Marcela Torres Peimbert dijo no estar en contra de que crezca la infraestructura del país, pero su preocupación radica en a quién se le otorga la concesión, ya que incluso dichas empresas declararon saber del proyecto antes de que fuera lanzada la convocatoria para a la licitación.

De esa forma, las empresas —que ya anuncian en los medios de comunicación poseer la licitación del TAV— no pusieron objeción ante el mínimo plazo, mismo que las otras empresas consideraron como un riesgo. Sin embargo, para la construcción del TAV, estas corporaciones requieren un sobreprecio de 10 mil millones de pesos, cantidad que equivale a la mitad del presupuesto del estado de Querétaro o cinco veces el presupuesto de la UAQ.

Torres Peimbert explicó que esta situación va en contra de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios, ya que ahí se especifica que en procesos como éste debe existir una contrastación de proyectos para definir cuál representa mayor beneficio técnico y económico; de ahí que el hecho de que no hubo un contraste en el proceso de licitación del TAV resulte sospechoso.

De igual forma, la senadora apuntó que el Colegio de Ingenieros Civiles del estado de Querétaro le hizo llegar un estudio, sin tintes políticos, en el que concluyen que la colonia Calesa no es una zona viable para el desarrollo de la estación, estudio que las autoridades no realizaron previamente.

No existen argumentos técnicos ni sociales para estación TAV: vecinos

Los colonos de las colonias San Javier y Calesa, por su parte, continúan presentando sus inconformidades a falta de un estudio de impacto ambiental bien realizado en el cual se analice las consecuencias que traerá el TAV y la estación que planea construirse —como ya lo ha anunciado el gobierno federal— en la colonia Calesa.

Torres Peimbert indica que a los colonos les queda la posibilidad de  realizar movilizaciones e incluso acercarse a actores políticos para conseguir su apoyo. La bancada de Partido Acción Nacional ha mencionado anteriormente, ante los medios de comunicación, que buscan que se suspenda la licitación del proyecto y hace esta misma recomendación a los vecinos afectados.

Por otra parte, Irlanda Riveroll, presidenta de asociación de colonos del fraccionamiento San Javier, afirma que existe una total omisión por parte de las autoridades ante las quejas presentadas y que el tema no compete “únicamente a cinco personas” sino a toda la ciudadanía. También explicó que desde el 16 de agosto que se reunieron con el gobernador no han tenido respuesta a sus inconformidades.

Hasta hoy, comenta, no les han podido decir por qué la estación es viable en el punto de la ciudad elegido para dicha construcción; respecto a estudios de impacto ambiental, Irlanda Riveroll afirma que no existen argumentos técnicos ni sociales para su realización, por eso buscan seguir informando a la ciudadanía, con el fin de demostrar que el gobierno no tiene la última palabra, ya que la propia Constitución indica que eso corresponde al pueblo.

En cuanto a las negociaciones con gobierno municipal, Riveroll indicó que el 6 de mayo pasado se reunieron con Mauricio Ortiz Proal, quien en ese momento les indicó que no tenía conocimientos referentes al proyecto, porque se trataba de un asunto de orden federal; sin embargo, desde el 2 de abril, funcionarios municipales dieron declaraciones técnicas sobre el mismo.

Aún así, en una de las reuniones de los colonos, al manifestar estas evidencias a Ortiz Proal, obtuvieron una respuesta poco favorable, pues el político incluso acusó de “mentirosa” a una de las participantes, residente de la colonia Hércules.

El Tren de Alta Velocidad ha sido una necesidad para los países desarrollados y desde el inicio del mandato del presidente Enrique Peña Nieto se habló de este proyecto; se optó por Querétaro argumentando que se trataba de una ciudad que conectaba de manera cercana a las ciudades principales: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

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