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Fracasa Fiscalía en su acusación: liberan a Pablo González Loyola

Por: Manelick Cruz Blanco

Líder de la UCFCP enfrentará su proceso en libertad

PARA DESTACAR: La resolución del amparo solo modificó las medidas cautelares del delito que se le imputa, por lo que la Fiscalía solicitó nuevas medidas, que consisten en que el acusado tiene prohibido salir del estado, la obligación de comparecer cada semana en la Unidad de Medidas Cautelares y 10 mil pesos como garantía económica.

Pese a los esfuerzos de autoridades estatales para mantener a Pablo González Loyola Pérez en la cárcel en consecuencia al delito que se le imputó, Mónica Montes Manrique, jueza adscrita al Cuarto Juzgado de Amparos y Juicios Federales, ordenó su liberación por considerar excesiva la medida cautelar de prisión preventiva por el delito de motín.

Esto lo informó la Fiscalía General de Estado, que apelará el fallo y que se encuentra preparando una impugnación. En el comunicado se detalló que en una primera audiencia ante el Juez de Control, el acusado “realizó un bloqueo de avenidas principales de la ciudad de Querétaro” en varias ocasiones y “estuvo realizando incitaciones” para que la gente que lo acompañaba agrediera a elementos policiales.

La resolución del amparo solo modificó las medidas cautelares del delito que se le imputa, por lo que la Fiscalía solicitó nuevas medidas, que consisten en que el acusado tiene prohibido salir del estado, la obligación de comparecer cada semana en la Unidad de Medidas Cautelares y debe entregar 10 mil pesos como garantía económica, además de que “se encontrará bajo vigilancia de las autoridades”.

Una Fiscalía agresiva

En entrevista con este medio, Consolación González Loyola, hermana del dirigente, informó que el amparo obtenido que se promovió hace tres semanas fue contra la resolución de cárcel promovida por el Juez de Control, por lo que su hermano “tendrá que firmar los lunes de cada semana y tiene la prohibición, por el momento, salir del estado”.

No se mostró sorprendida por la impugnación que buscará la Fiscalía y aseguró que esta ha tenido una “actitud sumamente agresiva. Nosotros hemos dicho desde un inicio que la privación de la libertad de Pablo  tiene que ver con una acción política del gobierno”, aseveró.

Agregó que el proceso obedece a dos hechos: la acusación del gobernador por los hechos ocurridos el Primero de Mayo y “la intención de días previos” a la detención de retirar a los comerciantes de la Alameda. “Para lograr esto, hicieron toda esta acusación falsa de motín”, ya que “estaba realizando la defensa para que no fueran desalojados”.

“En un mitin que se realizó en la Alameda para salir en caravana a la Ciudad de México, acusan que Pablo dijo –según autoridades-, que iban a quemar las patrullas, esa es la acusación”, reveló y agregó que espera que en el transcurso del proceso se demuestre “la falsedad” de las acusaciones.

El primer preso político

La detención de González Loyola Pérez se dio un mes y medio después de los ‘disturbios’ del Primero de Mayo. Tras la huida del gobernador Francisco Domínguez Servién y su gabinete bajo una lluvia de gorras y playeras, la administración estatal realizó una serie de declaraciones en las que acusó a un grupo de dirigentes de organizaciones sociales, entre ellos a González Loyola, de incitar los disturbios.

En aquel entonces, el también dirigente de la Unidad Cívica Felipe Carrillo Puerto, se deslindó de los hechos y se dijo tranquilo y a la espera de los cargos que se le pudieran imputar. Además aseguró que la Reforma Educativa y sus consecuencias fueron las verdaderas causas de la manifestación.

Tras 48 días, fue detenido por la Fiscalía General del Estado y recluido en el penal de San José El Alto, acusado de motín. En primera instancia, sus familiares lo reportaron como desaparecido y denunciaron un levantón por parte del gobierno estatal.

Cándida Acosta Pérez, cónyuge de González Loyola, narró que salieron de su domicilio para dirigirse al Centro Cívico a dialogar sobre un operativo que se llevó a cabo un día antes en la Alameda Hidalgo –operativo que no buscaba “el desalojo de los comerciantes ambulantes” que se ubicaban enfrente-.

Sin embargo, Acosta Pérez aseguró que en el camino 10 vehículos, sin logotipo de institución alguna, los detuvieron y, a punta de pistola, se llevaron a Pablo González sin mostrar alguna orden de aprehensión o de presentación. Tras cinco horas de no saber de su paradero de su esposo, consideró que se trató de un secuestro o una desaparición forzada.

En protesta, simpatizantes del también exdiputado local perredista, bloquearon avenida Zaragoza y posteriormente iniciaron un plantón en Plaza de Armas, y señalaron que lo mantendrían hasta la liberación de su dirigente.

Consolación González Loyola, hermana del dirigente, informó posteriormente que después de buscar a su hermano, este fue presentado ante un juez de control, quien determinó que la investigación, por el delito de motín, debía realizarse sin que el acusado obtuviese su libertad.

Dos días después, el 19 de junio alrededor de las tres de la mañana, los comerciantes de la Alameda Hidalgo fueron desalojados en un operativo en el que participaron policías municipales y estatales.

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