Por: Alfredo Rodríguez

PARA DESTACAR: Destacan numerosos cambios en los liderazgos de los organismos encargados del control de los sectores sociales, desde instituciones autónomas, hasta sindicatos y gremios. En todos ellos se observa la llegada de nuevos personajes, estrechamente relacionados con funcionarios vinculados al PAN.

Desde los transportistas hasta el Poder Judicial han sido afectados con estas medidas

A un año de la transición en la administración estatal, el primero de octubre del 2015, destacan numerosos cambios en los liderazgos de los organismos encargados del control de los sectores sociales, desde instituciones autónomas, hasta sindicatos y gremios.

En todos ellos se observa la caída de un dirigente afín a la antigua administración de inclinaciones priistas y la llegada de nuevos personajes, estrechamente relacionados con funcionarios estatales vinculados al Partido Acción Nacional.

En el primer sector que se presentó la situación fue en el transporte público, apenas 27 días después del cambio de administración, cuando se anunció un relevo en la dirigencia de Unión de Transportistas del Estado de Querétaro (UTUQ), entonces dirigida por Mayra Melo Ramírez.

La concesionaria de Taxibuses Metropolitanos participó en el proceso para desaparecer a las sociedades cooperativas sobrevivientes y convertir a todos los grupos en sociedades anónimas, lo cual permitió la creación de RedQ.

En lugar de Mayra Melo fue electo el concesionario de la empresa MaxExpress, Juan Barrios Pérez, quien colaboró en el triunfo del gobernador panista, al denunciar irregularidades financieras y al mantener un plantón en la plaza de Armas durante la campaña electoral del 2015.

Posteriormente, el 12 de enero de 2016, Francisco Domínguez Servién anunció la desaparición definitiva de la UTUQ, pues señaló que el organismo solo era un invento creado por la anterior Secretaría de Gobierno.

En reemplazo de la UTUQ se presentó a la empresa Transporte Metropolitano de Querétaro o TMQro S.A. de C.V.; como su primer dirigente quedó, Juan José Juventino Barrios Pérez.

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro

Una reforma a la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, preparada para ser aprobada de manera inmediata a finales de diciembre del 2015, provocó la renuncia de seis de los ocho magistrados que conformaban el Tribunal Superior de Justicia.

Los funcionarios fueron acorralados entre la decisión de iniciar su trámite de jubilación y recibir 130 mil pesos mensuales o permanecer en funciones, con la pérdida dos tercios de sus ingresos al no poder tener obtener una  pensión mayor a los 42 mil pesos mensuales, de acuerdo con lo dictado por la nueva ley.

Solamente la magistrada Celia Maya García decidió renunciar a la pensión más elevada de último momento y ordenó que la Legislatura local detuviera su trámite de jubilación. Señaló que detrás de todo existía la intención de apoderarse de Poder Judicial.

Finalmente, los seis magistrados jubilados fueron cubiertos con personajes cercanos al Partido Acción Nacional y a funcionarios estatales, como el caso de Mariela Ponce Villa, esposa del actual secretario de Gobierno, Juan Martín Granados Torres.

Igualmente, se incorporaron al Tribunal Superior de Justicia la exconsejera electoral y militante del PAN desde el 2013, Cecilia Pérez Zepeda, así como Greco Rosas Méndez, quien fue representante de Acción Nacional en el órgano electoral local y funcionario adscrito a la Secretaría de Gobierno estatal.

Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado

La reforma a la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado también provocó la inconformidad de varios empleados gubernamentales, que observaban un recorte en sus derechos laborales, llevándolos a un emplazamiento a huelga.

El 16 de mayo del 2016, la entonces líder sindical, Carmen Mancha Pardo, anunció el paro de labores para el 31 de mayo, con la exigencia de derogar la reforma a la ley que regula las pensiones y jubilaciones. Sin embargo, a minutos de estallar la huelga, fue conjurada y se negoció con la prejubilación de 40 trabajadores.

Dos meses y medio después, el 29 de julio del 2016, se realizó la Asamblea para elegir a la nueva dirigencia del Sindicato, en la que resultó ganadora la “Planilla Azul Turquesa”, aunque despertó la inconformidad en diversos trabajadores. Durante el cambio de dirigencia sindical estuvo a punto de estallar la violencia y Carmen Mancha tuvo que huir del estrado y resguardarse en un cuarto, ante los abucheos y las amenazas.

Hasta el lugar llegaron varios elementos policiacos quienes reestablecieron el orden, aunque otros consideraron que aparecieron para intimidar a los disidentes, respaldados por las autoridades estatales.

La Unión Ganadera Regional del Estado de Querétaro

El 28 de abril del 2016, el gobierno del estado de Querétaro reconoció el trabajo de la presidenta de la Unión Ganadera Regional, María de Jesús Álvarez, quien dejaba el puesto, después de ser la primera mujer que logró encabezar el organismo.

De acuerdo con una nota publicada por el periódico ‘Plaza de Armas’, a María de Jesús Álvarez  le faltaba un año para concluir su periodo al frente del organismo y se le sustituyó en un proceso en el que existieron irregularidades, como el registro de una sola planilla.

Alejandro Ugalde Tinoco, fue nombrado como el nuevo presidente de la Unión Ganadera Regional en el estado. Es hermano del titular de la Notaría Número 4, en Pedro Escobedo y presidente de la Federación de Colegios y Asociaciones de Profesionistas del Estado de Querétaro (Fecapeq), Luis Eduardo Ugalde Tinoco.

Mientras tanto, el Comité de Vigilancia de la Unión Ganadera Regional será presidido por Alejandro Domínguez Servién, hermanó el actual gobernador, el veterinario Francisco Domínguez Servién, quien dirigió el mismo organismo entre el 2002 y el 2009.

La Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Querétaro

La Comisión Estatal de Acceso a la Información Gubernamental (CEIG) también pasó por una reestructuración derivada de reformas a la legislación, lo que permitió la designación de dos nuevos funcionarios señalados por su cercanía con el PAN.

Los dos comisionados designados fueron María Elena Guadarrama Cornejo y Eric Horacio Hernández López, quienes trabajaron anteriormente para la Secretaría del Gobierno del Poder Ejecutivo, el primero en la administración de Francisco Garrido Patrón, el segundo en la de Francisco Domínguez.

De manera que el nuevo organismo, denominado Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Querétaro (Infoqro), será integrado por tres miembros, encabezados por el Comisionado Presidente, Javier Rascado Pérez, quien también trabajó dentro de la Secretaría de Gobierno al final de la administración del gobernador panista, Francisco Garrido Patrón, desde donde pasó a la extinta CEIG.

La Fiscalía General del Estado de Querétaro

Una reforma legislativa creó la Fiscalía General del Estado en sustitución de la Procuraduría General del Estado de Querétaro (PGJ), con la promesa generar a un organismo de procuración de justicia autónomo del Poder Ejecutivo.

Sin embargo, al frente del organismo se nombró al anterior procurador, Alejandro Echeverría Cornejo, designado por el gobernador panista Francisco Domínguez Servién y parte del grupo de trabajo del actual secretario de Gobierno, Juan Martín Granados Torres.

Ante los cuestionamientos, Francisco Domínguez Servién explicó que la Fiscalía también contaría con un Consejo de Vigilancia, en el que se incluirían a dos representantes ciudadanos, hecho que garantizaría la autonomía y el buen desempeño del nuevo organismo.

Sin embargo, la consejera ciudadana elegida fue Lorena Jiménez Salcedo, militante panista y funcionaria en la administración municipal con Francisco Domínguez Servién, además de ser hija del fallecido desarrollador inmobiliario y dueño de Agacel, Edmundo Jiménez Suso.

Como segundo consejero ciudadano de la Fiscalía General del Estado de Querétaro se eligió al empresario de San Juan del Río y presidente de la Cámara de la Industria de la Transformación, Esaú Magallanes Alonso.

El Cimatario de cambia directora

Después de mantenerse por más de diez años como directora del parque Nacional “El Cimatario”, la ambientalista Pamela Suirob Carvajal fue destituida de su cargo, bajo el argumento de que el recinto estaba descuidado, debido a un trabajo deficiente.

La ambientalista y directora del recinto natural desde abril del 2005, consideró que detrás de su destitución existían tintes políticos y el interés los desarrolladores inmobiliarios por expandirse hacia el territorio con protección federal.

Sin embargo, el gobierno del estado aclaró que Pamela Siurob no fue despedida de la administración pública, sino trasladada a otra área. De esta manera, tuvo que decidir entre renunciar al cargo y olvidar su derecho a ser liquidada por más de 10 años de trabajo o mantenerse dentro de la misma estructura de la función pública, sin que se le asigne ninguna responsabilidad.