Justicia y dignidad

Víctor López Jaramillo

PARA DESTACAR: La revancha del aparato de Estado llegaría después. Así, Jacinta Francisco Marcial, Teresa González Cornelio y Alberta Alcántara, mujeres indígenas de Santiago Mexquititlán fueron detenidas y encarceladas. ¿Por qué a ellas? Era la venganza del Estado contra la comunidad.

Aunque suelen representarla ciega y equilibrando una balanza, definitivamente, en México la justicia ve muy bien y discrimina a los que menos tienen. Las siguientes palabras de Estela, hija de Jacinta Francisco Marcial, quien estuvo presa por tres años, lo resume bien:

“Hoy se sabe que en la cárcel no necesariamente están los delincuentes, están los pobres que no tienen dinero, los indefensos de conocimiento, los que poderosos someten voluntad ajena; los delincuentes de mayor poder, de cuello blanco, no pisan la cárcel, no conocimos en Querétaro ningún rico que estuviera en la cárcel”.

Dicho discurso fue pronunciado durante el histórico acto de disculpa de la Procuraduría General de la República (PGR) ante las tres mujeres indígenas que estuvieron presas de manera injusta.

Fue en 2006 cuando tras un operativo en contra de la piratería, agentes de la desaparecida Agencia Federal de Investigación (AFI) sin identificación llegaron al mercado de Santiago Mexquititlán, confiscaron mercancía, los comerciantes protestaron y exigieron la devolución de sus productos.

La agencia intervino y ofreció mercancía de otras operativos a los comerciantes, pero no aceptaron. La tensión aumentó de nivel y los agentes prometieron regresar para saldar el conflicto; para garantizar su regreso, dejaron a uno de sus compañeros. Horas después, regresaron y se llegó a un acuerdo con los comerciantes.

Sin embargo, la revancha del aparato de Estado llegaría después. Así, Jacinta Francisco Marcial, Teresa González Cornelio y Alberta Alcántara, mujeres indígenas de Santiago Mexquititlán fueron detenidas y encarceladas. ¿Por qué a ellas? Era la venganza del Estado contra la comunidad. ¿Y por qué a ellas? En un proceso irregular, las acusaron de varios delitos, entre ellos el de secuestro. Lo cuenta la propia Teresa González:

“El 26 de marzo de 2006 llegaron a mi comunidad de Santiago Mexquititlán agentes federales a hacer destrozos al tianguis y al no dejarnos es que nos hicieron acusaciones falsas. Nos acusaron de delitos que no cometimos y nos llevaron detenidas el 3 de agosto del mismo año, con engaños, sin saber por qué estábamos detenidas. La PGR nos acusó con acusaciones falsas de secuestradoras y posesión de cocaína y nos sacó ante los medios de comunicación. Nuestra familia sufrió mucho porque nos cambió la vida por completo, porque no sabíamos cómo defendernos al no tener los recursos económicos”.

Y Alberta Alcántara dice: “Me detienen en mi trabajo. Me llevaron al Cereso femenil. Allí pasé humillaciones por las custodias y compañeras, por ser indígena y p pobre. Viví cosas muy difíciles por estar separada de mi familia”.

Tres años y ocho meses estuvieron en prisión. Las autoridades estatales nunca hicieron algo por ayudar a sus ciudadanas, ni la entonces Comisión Estatal de Derechos Humanos. Sólo la intervención de la sociedad civil y el Centro Pro de Derechos Humanos pudieron demostrar a las autoridades que habían fabricado delitos para detener a las mujeres indígenas.

En 2009, cuando la PGR se rindió ante la evidencia, las tres mujeres de Amealco recobraron su libertad. El caso, llegó hasta el conocimiento del gobierno de Estados Unidos, quien en el cable diplomático 09MEXICO3079_a de la embajada norteamericana en México, informaba a la Secretaría de Estado. Al final, el documento –filtrado por Wikileaks- resumía lo que implicaba el caso:

“El caso de Marcial es ilustrativo de los prejuicios arraigados en el sistema judicial de México. Marcial y las otras dos acusadas ​​resultaron especialmente vulnerables dada su limitada educación, su incapacidad para comunicarse en español y el prejuicio de larga data en la sociedad mexicana y en los tribunales contra la población indígena. México reformó su sistema de justicia en 2008, pero ésta ha sido más lenta y requerirá un esfuerzo más sostenido para superar las deficiencias y superar las actitudes culturales que minan el respeto a los derechos de los miembros de las  comunidades indígenas”.

Casi once años después, obligada, la PGR da una disculpa pública a Jacinta, Teresa y Alberta. ¿Es suficiente este acto? Evidentemente no, porque el problema de fondo sigue allí, como dijo en el acto Estela, la hija de Jacinta:

“Al procurador General de la Republica, decimos que no estamos contentos ni felices por este acto de disculpa, pedimos el cese a la represión, persecución y liberación de presos políticos quienes su único delito es aspirar mejores condiciones de trabajo, vida, patria digna y justa… pedimos no sigan dándose este tipo de casos, hoy queda demostrado, que, ser mujer, pobre e indígena, no vergüenza del pueblo, vergüenza hoy es de quien supuestamente debería garantizar nuestros derechos como etnia, como indígenas, como humanos”.

Y al final de cuentas, todo se resume en una frase: “hasta que la dignidad se haga costumbre”.