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Los ductos de Pemex: un negocio redondo

Por: Alfredo Rodríguez Gómez

PARA DESTACAR: De acuerdo con la PGR, una vez que la gasolina o diésel se extraía de las tuberías de manera ilegal, era vaciado en pipas, las cuales se encargaban posteriormente de distribuir el producto entre las gasolineras, mismas que obtenían mayores ganancias.

La explosión de una toma clandestina en la comunidad de San Miguel Arcángel, en el municipio de San Juan del Río, es el segundo incidente de gravedad que enfrenta en el 2016 el alcalde panista Guillermo Vega Guerrero, quien responsabiliza a Petróleos Mexicanos de los daños causados a la población al ser omisa en el cuidado de sus ductos.

En la explosión del pasado viernes 2 de diciembre, en San Miguel Arcángel, una persona murió calcinada al encontrarse en uno de los tres automóviles que fueron alcanzados por el fuego, originado durante la perforación de un ducto de Pemex, con la finalidad de extraer combustible.

El último siniestro relacionado con la aparición de tomas clandestinas en San Juan del Río se registró el 26 de enero del 2016, en el Barrio de la Cruz, cuando estalló un predio en el que se custodiaban cuatro pipas y diversos recipientes con combustible, lo cual dejó a cinco personas con quemaduras de gravedad.

Después de la explosión en el Barrio de la Cruz y ante el hallazgo de nuevas tomas clandestinas en el municipio de San Juan del Río, el alcalde Guillermo Vega Guerrero solicitó a Petróleos Mexicanos una mejor custodia de sus instalaciones, aunque nunca recibió una respuesta.

“Pemex es el gran ausente en esta historia y lo que hemos hecho es pedirle que asuma su responsabilidad, porque por supuesto que ha puesto en peligro muchas vidas, como en la explosión del Barrio de la Cruz”, expresó Guillermo Vega después del siniestro ocurrido el pasado viernes 2 de diciembre.

El alcalde recordó que la Procuraduría General de la República (PGR) tiene identificadas 10 zonas vulnerables, en donde se presenta comúnmente la extracción de combustibles de manera ilícita, entre ellas, las comunidades de La Cueva, Palmillas, Santa Bárbara y el Cazadero, todas colindantes con la carretera federal 57.

Un poco antes, el 23 de noviembre, el secretario de Seguridad Pública de San Juan del Río, Arturo Calvario Ramírez, informó sobre el aseguramiento de una toma clandestina más en la demarcación, con lo que sumaron 27 casos durante el 2016 en los que se detuvieron a 12 personas, de las cuales, tres ya están sentenciadas.

El 26 de octubre del 2016, el diputado panista y presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil en el Congreso local, Roberto Cabrera Valencia, informó que entre 2010 y 2015 fueron detectadas más de 50 tomas clandestinas en el municipio de San Juan del Río.

“Ojalá Pemex tuviera alguna tecnología que le permitiría ver la baja de presión o poder detectar. Serán los ingenieros de Pemex los que tendrán que decirnos cómo poder evitar y coadyuvar con las policías de investigación o como hacer algún mecanismo preventivo”, señaló el legislador y representante de la zona.

También, en octubre del 2016, el delegado de la Procuraduría General de la República en Querétaro, Julio César Esponda Cal y Mayor, reveló que el municipio de San Juan del Río se ubicaba en el primer lugar nacional, en cuanto al número de personas detenidas por la extracción de combustibles de tomas clandestinas.

Luego de la explosión del pasado viernes 2 de diciembre, el alcalde de San Juan del Río, Guillermo Vega Guerrero, señaló que su administración ha contado con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Policía Federal y Estatal, así como diversas instancias, situación que contrasta con el desinterés de Petróleos Mexicanos por combatir el tema.

“Nosotros ponemos toda nuestra disposición para que los recursos que tenemos ayuden, pero número dos, también estamos pidiendo que Pemex aporte económicamente al gobierno municipal porque nosotros destinamos muchos recursos para poderles ayudar en este sentido; estamos hablando de patrullas, elementos, de gasolina, de diésel”, concluyó.

Detrás de la proliferación de las tomas de combustible se esconde un mercado millonario en el que han participado autoridades, empresarios y grupos del crimen organizado, como lo documentó en diversas investigaciones la Procuraduría General de la República.

De acuerdo con la dependencia, una vez que la gasolina o diésel se extraía de las tuberías de manera ilegal, era vaciado en pipas, las cuales se encargaban posteriormente de distribuir el producto entre las gasolineras, mismas que obtenían mayores ganancias.

La capacidad económica y de organización de los grupos que trafican combustibles se muestra en diversos operativos, en donde se han encontrado contenedores de miles de litros, pipas, camiones, así como herramientas especializadas para perforar las tuberías y extraer los materiales.

 

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