No fue suicidio, la mató el Estado: Justicia para Lluvia
El 24 de septiembre del 2025, en el municipio de El Marqués, Querétaro, Lluvia –una niña de tan sólo 12 años, se quitó la vida tras haber sido víctima de abuso sexual desde los nueve hasta los 11 años por parte de su padre biológico. Sin embargo, el agresor se encuentra en libertad, bajo medida cautelar, usando un brazalete electrónico, a pesar de haber sido declarado culpable y sentenciado a 22 años y nueve meses de prisión, desde diciembre del 2025.
La “justicia” llegó tarde
El caso de Lluvia se hizo visible cuando, a sus 11 años, se acercó con su madre, Rocío, para revelarle que su padre la había agredido sexualmente desde los nueve años. En ese momento, Rocío levantó la denuncia en contra del abusador el 9 de septiembre de 2024 e inició el proceso en la Fiscalía General del estado de Querétaro. En paralelo, Lluvia fue canalizada a la institución de Corazones Mágicos para darle protección y acompañamiento psicológico, luego de haber caído en depresión.
El agresor fue vinculado a proceso en octubre del 2024 y se le dictó prisión preventiva justificada por seis meses. Sin embargo, tras obtener un amparo, logró que se le sustituyera la medida cautelar por libertad con el uso de brazalete.
La Fiscalía, pospuso las audiencias, lo que prolongó el procedimiento hasta diciembre de 2025, cuando finalmente se dictó sentencia condenatoria.
Sin embargo, Lluvia no alcanzó a atestiguar el dictamen de sentencia en contra de su agresor debido a que decidió quitarse la vida. El acompañamiento psicológico, no fue suficiente para Lluvia, quien no sólo fue víctima de abuso sexual, sino de violencia institucional por un proceso que caminó lento y sin certeza jurídica.
“Ya se destruyó la presunción de inocencia, la medida cautelar ya está rebasada, él ya debe de estar cumpliendo su pena”, declaró el abogado de Rocío.
A pesar de la muerte de Lluvia, hasta ahora no se ha llevado a cabo la audiencia en la que se revisará la medida cautelar interpuesta en contra del agresor, por lo que Rocío, mamá de Lluvia, continúa impulsando acciones públicas para exigir que la sentencia se ejecute plenamente.
Rocío busca que el caso de su hija deje un precedente para que ningún otro niño o niña sea víctima de un sistema que tarda en resolver de manera justa los delitos de acoso y abuso sexual.
El Estado falló
De acuerdo con datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México, 223 niñas y adolescentes fueron víctimas de violencia sexual en Querétaro en 2024 quienes 26 de ellas eran menores de cinco años y en 149 de los casos el agresor fue un familiar o persona cercana. Por esta razón hay que cuestionarse si las autoridades, las instituciones de justicia y la sociedad están garantizando realmente mecanismos de denuncia, investigación y acompañamiento que protejan a las infancias y eviten su revictimización. “El agresor acaba con todo, acaba con la inocencia de los niños, o sea, es horrible. Entonces lo que yo viví con mi hija pues es algo que ninguna madre debería pasar y ni un niño tampoco”, expresó Rocío.
El caso de Lluvia también evidencia la urgencia de atender la salud mental de niñas, niños y adolescentes que han sido víctimas de abuso sexual. Además de la necesidad evidente de mejorar los procesos judiciales -que en muchos casos se prolongan durante años, en este proceso, las víctimas enfrentan profundas secuelas emocionales como miedo, ansiedad, depresión y sentimientos de culpa que requieren acompañamiento psicológico constante y especializado a su edad. Garantizar este apoyo no solo es una forma de reparación, sino una medida indispensable para proteger su bienestar y evitar que el peso del trauma recaiga únicamente sobre quienes lo han sufrido.
De igual forma, existe una responsabilidad colectiva de proteger a las infancias frente a posibles agresores; esto implica, sobre todo, construir entornos familiares, escolares y comunitarios libres de posibles agresores y donde las niñas y niños puedan hablar, ser escuchados y recibir protección inmediata.
