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¿Qué hacer con el enojo en las calles?

Efraín Mendoza Zaragoza

 

 

PARA DESTACAR: Quienes gobiernan han pervertido al estado y todos los días escupen sobre el artículo 39 de la Constitución, que dispone que “la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo.

 

 

El gobierno federal ha explicado el ‘gasolinazo’ como una decisión orientada a eliminar los subsidios. Dice que los costos del combustible eran artificiales y que si antes no se actualizaron fue por cobardía frente a la previsible ira popular. Por supuesto que se desató la ira popular, los legisladores que aprobaron las medidas se esconden tras absurdas justificaciones y los remedios planteados por el gobierno federal han decepcionado hasta a sus aliados empresariales.

 

Arriba siguen tratando a los mexicanos como imbéciles, como retrasados mentales, como tontos desmemoriados. Como lo que sea, menos como ciudadanos en los que reside el poder. Quienes gobiernan han pervertido al estado y todos los días escupen sobre el artículo 39 de la Constitución, que dispone que “la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo (y) todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este”.

Les importa cualquier cosa menos el beneficio del pueblo, para emplear las palabras que emplea la Constitución. Quienes gobiernan funcionan, en realidad, como consejo de administración del capital privado. Decir que estaba subsidiado el precio de la gasolina es un mero ardid para justificar la depredación de la de por sí vejada economía de la mayoría de los mexicanos.

Suponiendo sin conceder que estaba subsidiado el costo, ¿por qué no empezaron por eliminar los verdaderos subsidios que a cuenta de la gente se vienen aplicando a los tiburones de la economía?

Si en realidad interesara eliminar subsidios, ya habrían eliminado las siete plagas de la demencial transferencia de riqueza pública a manos privadas, entre las que figuran los regímenes especiales, la devolución de impuestos, la evasión fiscal y la cero tributación de las trasnacionales.

Eso, sin mencionar los fabulosos atracos al erario para los rescates a empresarios de la banca, de los ingenios azucareros y de las carreteras, que maman plácidamente y habitan en la panza del antiguo Fobaproa. Ahí están los verdaderos saqueadores, no en las tiendas de Chedraui. Ahí están los auténticos hoyos negros del subsidio, no en las gasolineras donde se surten la clase media y la clase baja.

Si interesa poner remedio, podrían empezar por cumplir una de las partes benignas que contenía el fallecido Pacto por México. El compromiso 73, incumplido, por ejemplo, y que da la impresión de que haberse incluido a sabiendas de que no se concretaría. Dice textualmente el compromiso 73: “Revisión integral a la política de subsidios y a los regímenes especiales, para establecer un sistema (fiscal) eficaz, transparente y progresivo”.

La justificación planteada hace cuatro años dice: “Actualmente existen subsidios que tienen resultados regresivos pues asignan mayores recursos a las personas que más tienen. Tan sólo el 13 por ciento del gasto público en desarrollo humano llega al 20 por ciento de la población con menos ingreso, mientras que 32 por ciento beneficia al 20 por ciento de la población más rica.

Algunos ejemplos de estos subsidios se encuentran en el sector energético y en el campo. No se entregarán más subsidios a la población de altos ingresos”. Así está el país, de cabeza. Y ante ello nada hicieron los legisladores ni sus partidos. Al contrario, han afianzado sus privilegios.

El enojo de la gente tendría que transformarse en energía organizada. Una acción eficaz, en mi opinión, consistiría en orientar la protesta a quienes tienen la facultad legal para modificar las leyes que dieron a la Secretaría de Hacienda el fundamento para el gasolinazo.

Ellos son los diputados y los senadores. Por cierto, en la protesta del sábado en Querétaro, muchos recordaron los nombres de dos de los responsables directos de ese acto patriótico: Francisco Domínguez Servién y Marcos Aguilar Vega. Dicho sea de paso, junto a ellos no hay que olvidar a Ricardo Anaya Cortés.

Pero hay que dirigirse a los legisladores en funciones para demandarles que se comprometan a presentar y votar una reforma a las leyes necesarias para dos acciones concretas: una, para revertir el ajuste a las tarifas de las gasolinas, y dos, para eliminar los subsidios al capital privado, en la forma de regímenes especiales, exención fiscal, rescates, evasión y devolución de impuestos.

Aquí los nombres de los legisladores queretanos a los que habría que llevar a la plaza pública para enderezarles esta demanda.

Las damas primero, por supuesto: María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Marcela Torres Peimbert, María García Pérez y Alma Lucía Arzaluz Alonso; y los caballeros: Armando Alejandro Rivera Castillejos, Gerardo Gabriel Cuanalo Santos, J. Apolinar Casillas Gutiérrez, José Hugo Cabrera Ruiz, Braulio Mario Guerra Urbiola y Enrique Burgos García. Todos ellos, por supuesto, del PRI y del PAN ¿De dónde más?

 

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