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“Criminalizar” el outsourcing

Lo grave no está en que el bloque opositor al presidente utilice la criminalización para crear una plataforma política. En realidad, no tienen más y, en otras circunstancias, se trataría de un discurso muy poco novedoso.

La atención pública se ha centrado —en los últimos días— en el caso del general Cienfuegos y la justicia en México y Estados Unidos. Ello ha dejado de lado otro tema, acaso menos mediático, pero con igual importancia socio política y socio jurídica: las iniciativas para regular o eliminar la subcontratación (outsourcing). Como todo tema, adquirió lecturas militantes. A favor y en contra. Y, otra vez, menos que discutir ampliamente sobre la iniciativa, sus alcances para la política laboral y los derechos de los trabajadores, nos quedamos atorados en las opiniones y comentarios a favor o en contra del gobierno y, más propiamente, del presidente de la República.

Esa discusión podría ser banal, o debería de serlo; de no ser porque refleja las tensiones del momento político. Me detengo en un tuit de Gabriel Quadri que no debería valer demasiado, salvo porque hace eco de una idea que parece estar presente en muchos actores políticos opositores: la criminalización. Así, las acciones del gobierno para eliminar o, al menos regular el outsourcing, criminalizan dicha práctica, según el excandidato presidencial.

Lo grave no está en que el bloque opositor al presidente utilice la criminalización para crear una plataforma política. En realidad, no tienen más y, en otras circunstancias, se trataría de un discurso muy poco novedoso. Ya lo habían dicho respecto a otros temas. Sobre la industria de alimentos procesados y los etiquetados claros, por ejemplo. Otra vez, el problema no está ahí. Ni siquiera en la posibilidad, real como todas, de que haya quien les crea o esté dispuesto a replicar ese mensaje.

El problema es que ese uso trivializa la criminalización, la que sí existe y que practican los gobiernos en todos sus niveles. En consecuencia, en la discusión pública aparecen como equivalentes las acciones para atenuar las comorbilidades en medio de la pandemia que disparar contra colectivos feministas en Cancún, encapsular manifestantes en la Ciudad de México o, como en Querétaro, establecer penas de prisión para opositores a obras públicas.

La criminalización en México (y en cualquier otro lado) va generalmente acompañada de un discurso de orden y tiene por finalidad reproducir estructuras de desigualdad, proteger intereses de grupos económicos, al mismo tiempo que frenar la protesta legítima. Incluso, “justificar” otros crímenes.

Entonces, lo lamentable de que pierda valor simbólico y lingüístico es que se invierte la lógica de poder en que se funda. De tal suerte, los beneficiarios de sistemas laborales injustos son tan víctimas como los niños descuartizados en el centro de la Ciudad de México, que, según la explicación oficial, andaban en malos pasos. Ese último discurso, por cierto, no distingue siglas partidistas. Y es la criminalización que debería importar. Lástima.

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