DE LEYES

Esta semana, la nota que ha ocupado los titulares de casi todos los medios queretanos, es la iniciativa que envió el gobernador del estado Mauricio Kuri al congreso local y federal, para prohibir a los menores de 14 años, el uso de redes sociales en la entidad.

La iniciativa contempla la prohibición del uso de celulares en las escuelas y candados para que las empresas que administran redes sociales como Facebook, Instagram, Tik Tok y otras, no puedan darle acceso a menores de 14 años. Además, dicha iniciativa, propone que, en el caso de menores de 15 a 17 años, cuenten con autorización parental para su uso.

El argumento del jefe del ejecutivo para plantear esta iniciativa es que el uso de la tecnología, ha generado un aumento en los casos de ansiedad, depresión, insomnio, aislamiento social y que incluso, el uso de las redes sociales, ha incrementado delitos como el acoso sexual, la pederastia y el reclutamiento de menores para fines de explotación sexual y delincuencia organizada.

Durante la presentación, que, por cierto, fue socializada a través de la red social X, el gobernador dijo: “Voy a luchar hasta el último día de mi mandato para que las niñas, los niños y los adolescentes vivan tranquilos; por eso, he decidido dejar a un lado discusiones vanas, propias de la política, para centrar todo el esfuerzo de mi gobierno en proteger nuestra infancia”.

Pero en los argumentos se olvidaron del contexto social. Olvidaron mencionar la falta de espacios adecuados para que las infancias aprendan artes, deportes o adquieran conocimientos más allá de los académicos.

Olvidaron mencionar la falta de estrategias serias y responsables para eliminar el acoso escolar en las escuelas de la entidad que, por cierto, se colocó durante muchos años, como la primera a nivel nacional, en casos de acoso escolar entre pares.

No me cabe la menor duda de que cuando se crea una iniciativa como ésta, el interés de protección es legítimo, pero para esa legitimidad, tengo varias preguntas:

1.         Uno de las características del mundo digital, es su carácter impersonal. Es decir, el instrumento ahí está y su uso, es responsabilidad del individuo. La empresa puede recabar datos, pero no hay manera de que corrobore que los datos ingresados por el usuario, son verdaderos. ¿Cómo lograrán las empresas que administran las redes sociales, “prohibir” el acceso a menores de 14 años? 

2.         La iniciativa propone la prohibición del uso de celulares en las escuelas públicas. En su principio aspiracional, plantean la protección de las infancias en la entidad, pero, ¿cómo garantizará esta iniciativa que los contenidos no lleguen a los menores de edad fuera del entorno escolar?

3.         Si la responsabilidad de consumo depende del usuario, ¿qué piensan los padres y madres de familia sobre la restricción de los contenidos? ¿Será que sirva como llamada de atención para redoblar esfuerzos en la educación dentro de casa?

La iniciativa plantea también una serie de sanciones para aquellos adultos que se acerquen a los menores con fines de abuso sexual, hostigamiento u otros delitos. Y aquí quisiera recordar la existencia de una ley que precisamente persigue los delitos cometidos a través de la virtualidad, conocida como la Ley Olimpia que en realidad es un conjunto de reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Penal Federal, que buscan reconocer la violencia digital y sancionar los delitos que violen la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales. La Ley Olimpia, es aplicable para todas las personas y sanciona la violencia digital entendida como acoso, hostigamiento, amenazas, insultos, mensajes de odio, vulneración de datos o información privada realizados mediante el uso de tecnologías. Además de la difusión de imágenes, audios o videos —reales o simulados— del contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento.

Lo que quiero decir es que ya existen leyes y mecanismos que, a nivel nacional y local, sancionan conductas. Pero de nada sirve que existan si no se aplican. 

Lo que hace falta no son más leyes, sino capacitación con perspectiva en materia de derechos humanos, para que las fiscalías trabajen a favor de las víctimas. Para que no se repita la historia de “E”, menor de edad que fue señalada como asesina y revictimizada por todos los poderes (el político y el mediático).

Insisto, la intención seguramente es buena, pero hace falta más que una buena intención para lograr “…que las niñas, los niños y los adolescentes vivan tranquilos”.

Como mero colofón, comparto algunos datos:

Según datos publicados por IpasMexico.org, en Querétaro, solo en 2021, se registraron 112 casos de niñas de entre 10 y 14 años que fueron atendidas en las unidades de la Secretaría de Salud y de éstas, al menos el 51 por ciento sufrieron violencia sexual; el 9.82 % fueron víctimas de violencia física y el 33.04 %, sufrieron violencia psicológica.

En el mismo estudio, refieren que el 93.2 % de los delitos sexuales cometidos no se denuncian. Esta cifra sube a 97.3 % cuando se trata de delitos de violación y hostigamiento o intimidación sexual: 88.8 % y 98.2 %, respectivamente (Inegi, 2022).

Y según declaraciones de organizaciones como Corazones Mágicos, la gran mayoría de los delitos de abuso sexual cometidos contra menores, son perpetrados por familiares o personas cercanas a la víctima.

Todo esto pasa en Querétaro. Con leyes, sin leyes y a pesar de las leyes.