Iniciativa de Ley General de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación: la necesidad de dialogar.

Desde 2019 se han presentado ya cuatro iniciativas para reformar o derogar la actual Ley en materia de Ciencia, Tecnología e Innovación. No ha sido posible llegar a buen término ya que existen discrepancias importantes entre el CONACYT y la comunidad académica de México. El pasado 13 de diciembre, el Ejecutivo federal presentó una iniciativa con proyecto de decreto para expedir la nueva Ley General en materia de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación (HCTI) a la Cámara de Diputados. Nuevamente, el documento no contempla las opiniones del gremio académico y adolece de principios básicos para lograr una Ley que verdaderamente transforme la forma en la que se está dirigiendo el desarrollo científico y del conocimiento en el país. Algunos de los puntos principales son (www.redprociencia.mx):

1. La iniciativa es centralista, no contempla la participación de las instituciones involucradas en el sector. La administración de todo el sistema nacional queda centralizada en el CONACYT como tomadora de todas las decisiones, incluida la Agenda Nacional para HCTI. Participan representantes de 13 Secretarias de Estado, pero no hay participación de los gobiernos estatales o municipales, solo se limitan a emitir opiniones o colaboraciones. No se contempla la participación de la academia, o de sectores privados o sociales salvo las seis personas que sean discrecionalmente invitadas por parte de la o el titular del CONACYT. Lo anterior representa un retroceso contra lo que actualmente existe, principalmente porque desconoce la participación de las instituciones generadoras de conocimiento.
2. La nueva Ley debe tener los siguientes atributos, no todos presentes en la iniciativa presentada al Congreso: democracia, inclusión, pluralidad, no discriminación, igualdad de género, libertad de investigación, imparcialidad, paridad, participación, federalismo, responsabilidad presupuestal. Debe garantizar el respeto y protección de los derechos humanos, promover la igualdad y no discriminación, una visión con perspectiva de género, así como el respeto a la diversidad, pluriculturalidad, la dignidad de las personas, el interés general de la sociedad, entre otros.
3. No se contemplan instrumentos de apoyo a la investigación, incluida la ciencia básica. La iniciativa solo hace alusión al PRONACES y no indica cómo sustituirá los programas de financiamiento que desaparecieron en 2020. No prioriza la investigación en ciencia básica. Además, no asegura un presupuesto definido, suficiente y progresivo para el sector, lejos de retomar el 1% del PIB, que nunca se alcanzó, no plantea nada al respecto.
4. Desconoce la autonomía de los Centros Públicos de Investigación al proponer que las o los Directores Generales de cada Centro Público de Investigación serán designados por el o la titular de la dependencia coordinadora del sector, al igual que los integrantes del Comité Externo de Evaluación. Los Consejos Consultivos Internos o sus equivalentes, solo podrán opinar sobre asuntos académicos, institucionales y laborales que les consulte la persona titular de la Dirección General.

Otros aspectos importantes son la discriminación a las instituciones de educación superior privadas y la falta de claridad con respecto a los derechos de propiedad intelectual. Por lo anterior, es urgente que a través de la Cámara de Diputados se abran espacios de diálogo que permitan dar escucha al sector académico, universidades y centros de investigación, públicos y privados, con el único afán de construir una nueva Ley en materia de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación que de respuesta a las exigencias actuales de un país como el nuestro.