Comisión de la Verdad: versión 4T

El Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el 30 de agosto, el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con familiares de víctimas y víctimas sobrevivientes de la llamada “guerra sucia” en México, tras la cual anunció la creación de una “Comisión Presidencial de Verdad, Justicia, Memoria y No-Repetición”, la que tendrá la difícil tarea de aclarar lo sucedido durante la mentada “guerra sucia” -el historiador Fritz Glockner Corte propone nombrarla como guerra de baja intensidad; y el historiador Camilo Vicente Ovalle, propone llamarle periodo contrainsurgente. Ambas propuestas resultan más adecuadas. Ambos investigadores son cercanos a la formación de dicha comisión- de 1965 a 1990 (temporalidad, de entrada, muy curiosa, ya que la mayoría de los estudios al respecto suelen abarcar hasta principios de los ochenta, aunque, sin una definición clara de por qué).

No es la primera vez que se crea un organismo con el objetivo de esclarecer las violaciones a los derechos humanos con tintes políticos cometidos en el pasado, o de buscar justicia y reparación para las víctimas de los atropellos cometidos por el Estado (de entrada, recordemos que al inicio del sexenio se creó una Comisión de la Verdad enfocada en el caso Iguala-Ayotzinapa de septiembre de 2014, con pocos avances). Pero ahora, según Alejandro Encinas, actual subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, se dará énfasis al “derecho a la memoria”, como anunció el 2 de octubre, en el marco de otra conmemoración del paradigma del autoritarismo del Partido Revolucionario Institucional: la matanza de Tlatelolco, ejecutada hace 53 años. Ese día, la comisión amplió su nombre a “Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves de los Derechos Humanos cometidos entre los años de 1965 a 1990”. Un énfasis plausible, pero también lógico, ya que mucha “justicia y reparación” no podrá haber, debido a que la mayoría de los perpetradores más conocidos ya fallecieron (con la impunidad que les cobijaron distintos gobiernos), con la notable excepción del nonagenario Luis Echeverría. Entonces, el esclarecimiento y la memoria serían sus pautas a seguir, como se observa en sus ejes rectores: 1) Para la verdad y el esclarecimiento histórico; 2) Para el impulso a la justicia; 3) Plan de búsqueda; 4) Plan de reparación del daño y compensación; 5) Acciones para garantizar la no repetición de los hechos. El planteamiento luce correcto y las personas involucradas -tanto del lado de las víctimas como varias en el gobierno, incluyendo el mismo presidente- están sinceramente preocupadas por esta cuestión y, varias de ellas, son expertas en el tema. Sin embargo, otras comisiones -en otras condiciones, menos favorables hay que puntualizarlo- formadas en sexenios anteriores, desde la década de los noventa hasta principios del siglo XXI, se quedaron cortas o pasaron sin pena ni gloria. Ahí están los trabajos olvidados de comisiones enfocadas en la matanza de Tlatelolco, o los esfuerzos más amplios de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP) y la Comisión de la Verdad para el Estado de Guerrero, con resultados diversos, pero que dejaron insatisfechos a las víctimas. Sólo queda desear que esta embarcación llegue a buen puerto y que, a su paso, vaya abriendo las puertas de la historia y la memoria.