Incendios forestales y el Ejido neoliberal
Parecen ya epidemia los incendios de bosques en Querétaro. Según la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), éstos crecieron en un 159 por ciento, sólo en un año. En 2023 hubo 32, en 2024, 83 y, según la Coordinación de Protección Civil, van 30 en 2025.
Diversas autoridades advierten a la ciudadanía, sobre el deber de prevenirlos, pues el 90 por ciento los provoca el humano, y muchos son por negligencia.
El tema que aquí trato, sin embargo, no es la negligencia, sino esa estrategia del mercado para luego “promover el “desarrollo” del espacio devastado. Esto se facilita por la degradación que ha sufrido el sistema ejidal, hasta adoptar su versión neoliberal.
La “historia de bronce” en la escuela enseña que el Ejido fue una estrategia de la Revolución Mexicana y luego de Lázaro Cárdenas, contra el acaparamiento de los latifundistas privados, para promover el reparto agrario, bajo el lema “la tierra es de quien la trabaja”. Así se reconoció la propiedad social (además de la pública y la privada), que podía ser comunitaria (derecho de pueblos originarios) o ejidal (dotando tierras a organizaciones campesinas, que pueden heredarlas, siempre que las cuiden y haganproducir).
Esta iniciativa, bajo el caciquismo priista ha tenido sus luces, pero también sombras muy oscuras, al sufrir diversas formas de corrupción, que se han agravado drásticamente con la reforma al Artículo 27, de Salinas de Gortari. Gracias a ella, los ejidos, “adquieren autonomía para privatizar sus tierras y participar en la sociedad de mercado”.
Esto generó condiciones bastante confusas sobre los derechos agrarios, las obligaciones de ejidatarios, la propiedad de la tierra y su gobernanza; especialmente en lo que respecta a las relaciones entre Gobierno y Ejido, a tal punto que puede decirse que el Ejido hoy se comporta como un Estado, dentro de otro Estado.
El reconocido investigador Salvador Maldonado (en LiminaR), se pregunta: “¿Qué tipos de ciudadanía se están produciendo en el campo?” y responde: “Se está forjando un tipo de individualismo cada vez más peligroso, conforme el Estado abandona grandes regiones rurales y espacios geográficos, de manera que la violencia y el narcotráfico rural parecen ser una expresión de la ausencia de instituciones mediadoras de las relaciones sociales”.
Así, los cambios en el campo, en el marco de la economía global, “están causando graves estragos en las poblaciones rurales”, no sólo por conflictos familiares (provocados por las exclusiones de las herencias de la tierra, la migración internacional de las generaciones jóvenes y el consiguiente abandono del trabajo campesino), sino también por litigios de justicia civil, derivados del acaparamiento de la tierra por grandes empresarios agrícolas, industriales o inmobiliarios (que incluye el lavado de dinero y otras formas de corrupción),en connivencia con gobiernos y con ciertos “comisariados”, que obran a espaldas de los ejidatarios o manipulan las asambleas, para ganar su complicidad.
En este contexto, llama la atención la tibieza con que responden (o no responden) diversos actores gubernamentales de todos los ámbitos y niveles, ante múltiples delitos contra el medio ambiente: alcaldías, fiscalías, gobiernos estatales, Procuraduría Agraria, PEPMADU, SEMARNAT, PROFEPA, SEDATU, etc.
Cuando los ciudadanos denuncian o advierten sobre algún problema, la respuesta suele ser: “No es de mi competencia, acuda a otra oficina”, lo que enreda a la gente interesada en tormentosos laberintos.
Ante la grave crisis climática y civilizatoria que hoy sufrimos, URGE que los tres Poderes de la Unión se comprometan con la búsqueda de soluciones integrales. Hay que aprovechar el gran interés que se está despertando en la ciudadanía, por participar en ella.
Sobre este tema, hasta el exgobernador priista I. Pichardo Pagaza, señaló (Rev.Convergencia): “Los municipios tienen una responsabilidad directa, inmediata e ineludible hacia el medio ambiente, que hasta hace pocos años no reconocían como primordial, sino como una función secundaria. Hoy es más que una obligación jurídica; es un compromiso social del nivel de gobierno más cercano a la sociedad”.
(Continuará).
