El costo de convertir la política en contenido
Hace tiempo que las redes sociales cambiaron la forma en que nos comunicamos todos los días y la política también entró en esa misma lógica. La inmediatez, el alcance y, sobre todo, lo que pueden generar las relaciones parasociales que muchas “personas normales” construyen en redes llamaron la atención de la clase política, de analistas y de consultores. Poco a poco, las campañas y los perfiles públicos empezaron a copiar el tono, el ritmo y hasta las formas de estas plataformas. Y esto pasa en todo el mundo. Un ejemplo es Zohran Mamdani, actual alcalde de Nueva York, quien cuenta con casi 12 millones de seguidores en Instagram y construyó una estrategia digital que se convirtió en una pieza importante de su campaña electoral y al mismo tiempo, en una vía para transformarse en una figura amada en internet. Su comunicación ha logrado conectar especialmente con los millennials, una generación que representó aproximadamente el 24.5% de quienes votaron en Estados Unidos en 2024, según una estimación elaborada a partir de datos del Census Bureau. Sus seguidores le demuestran amor, admiración e incluso deseo mediante edits similares a los que suelen protagonizar figuras como Pedro Pascal; una versión digital de fenómenos como las famosas colchas de Harfuch en México. Para mí, el partido que mejor está aprendiendo a usar estas dinámicas en el país es Movimiento Ciudadano. Durante las elecciones presidenciales de 2024, la popularidad de Jorge Álvarez Máynez llegó a un punto en el que incluso hubo niños que celebraron fiestas de cumpleaños inspiradas en él. También está el caso del gobernador Samuel García, cuya visibilidad creció en buena medida gracias a la presencia digital de su esposa, Mariana Rodríguez. Pareciera que ahora los políticos, en lugar de vincularse con actrices de Televisa, buscan influencers con millones de seguidores.
Es gracias a este fenómeno que ahora vemos a muchos políticos y servidores públicos intentando volverse virales y ganar relevancia a través de las métricas de sus redes. El problema aparece cuando su marca personal se construye con las mismas fórmulas de los coaches que buscan llenar los cupos de sus mentorías o de los influencers de lifestyle que promocionan códigos de descuento.
Esta obsesión por las métricas puede llegar a extremos bastante cuestionables. Hace unos meses, el alcalde de Pachuca, Jorge Reyes Hernández, fue señalado después de que se filtrara un audio en el que presuntamente presionaba a sus colaboradores para compartir sus publicaciones en Facebook y alcanzar una meta de 500 compartidos. Incluso advertía que a quienes incumplieran “se les iba a dar las gracias”. El caso resulta llamativo porque convierte a los trabajadores del Ayuntamiento en una especie de equipo de engagement obligado para fortalecer la marca personal del alcalde.
Quieren convertirse en figuras públicas y probar las mieles de los likes, que, por cierto, en marketing digital conocemos como “métricas de vanidad”. Todo va bien mientras reciben comentarios positivos, admiración y reconocimiento. La dinámica cambia cuando les toca vivir una funa digital.
Como explica la periodista Brenda Lugo (2023), la funa surgió como una forma de denuncia pública frente a actos injustos o ilegales, para visibilizar abusos y apoyar a las víctimas. Esa misma fuerza exige responsabilidad, porque también puede convertirse en acoso o linchamiento digital.
En el mundo de los influencers, las funas agarran fuerza muy rápido. Se arman bandos y los fandoms empiezan a tapizar las redes de la persona funada. Los comentarios pueden comenzar con burlas y memes y terminar en distintas formas de violencia digital.
En cuestión de horas, un creador de contenido puede perder credibilidad, contratos y seguidores. Si los políticos quieren jugar a ser influencers, también tendrán que aprender a lidiar con todo lo que viene con esa exposición.
En un caso mucho más cercano, la reciente funa en torno a la analista política e influencer Natalia Torres, quien se volvió viral tras proponer un examen como condición para ejercer el voto, también acabó salpicando al senador Agustín Dorantes. Las redes recuperaron imágenes y colaboraciones que los vinculaban. A partir de ahí, la polémica dejó de centrarse únicamente en su opinión y se convirtió en una crisis de reputación compartida, en la que también se cuestionaron las relaciones, alianzas y personas cercanas al senador.
A pesar de que el senador Dorantes tomó distancia, defendió el voto universal y explicó que Torres había colaborado de manera voluntaria en algunos eventos, una semana después, sus redes todavía recibían comentarios negativos sobre el tema. Incluso surgieron, al más puro estilo de Pati Chapoy, teorías sobre una supuesta relación amorosa entre ambos, justo como ocurre con los influencers cuando una polémica rebasa el contenido original y termina convertida en espectáculo.
Todo esto me hace preguntarme si realmente conviene llevar una estrategia de este tipo y hasta qué punto el oversharing representa un riesgo todavía mayor para los políticos. No tengo una respuesta definitiva. Lo que sí creo es que esto refuerza lo que ya sabemos: cuando una figura pública convierte su vida, sus opiniones y sus relaciones en contenido, también abre más frentes desde los que puede ser cuestionada, vinculada o funada.
