A cinco años de la COVID-19, persisten sus efectos

El 11 de marzo se cumplieron cinco años de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) dictara la declaración de pandemia tras el incremento de casos de la enfermedad ocasionada por el virus SARS-CoV-2, mejor conocido como COVID-19. Esto después de 13 días de haberse detectado el primer caso en México.

Al paso de siete días, como si se tratara de una secuela de la película El Aro, se registró la primera defunción por este virus en el país: un hombre de 41 años de padecía diabetes, y que falleció en Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) en el Estado de México. Para el 23 de marzo, la Secretaría de Salud declaró la Jornada Nacional de Sana Distancia, un día de asueto por el natalicio de Benito Juárez del que no hubo un pronto retorno a la vida social presencial.

Seis días más tarde, el 29 de marzo, falleció la primera persona queretana por tal virus en el Hospital General, a los 58 años de edad. Esto mientras que, hasta el momento, se tenían 25 casos de contagios confirmados.

A un lustro de distancia

Aunque algunas infancias tuvieron la oportunidad de acceder a una formación integral y social mientras se cursaba el preescolar y los primeros años de primaria en el confinamiento sanitario, no todas atravesaron por lo mismo. El hecho de “aquellos niños y niñas que regresaron a la escuela como si no hubiera pasado nada”, supone “un gran problema”, sostiene Pamela Garbus, Doctora en Salud Mental Comunitaria por la Universidad Nacional de Lanús, de Buenos Aires, Argentina.

Si todavía “no hemos podido resolver el problema social que dejó la pandemia, es porque estábamos haciendo algo que no es eficiente o suficiente”. Se pudo haber compensado al tomar este aspecto como “un objetivo transversal de la educación: la socialización”, puntualiza la miembro, candidato, del Sistema Nacional de Investigadores (SIN) desde 2015. En cambio, afirma que “son muchísimas las dificultades” a las que se enfrenta esta población debido a que “no han aprendido a convivir en un espacio diferente y característico” como la escuela en sus primeros grados.

En ese sentido, Pamela Garbus propone que el reto educativo es destinar el tiempo curricular al desarrollo socioemocional de las infancias, así como se destina a las demás asignaturas. Esto, además, sujeto al contexto de cada institución y a la colaboración con sus familias.

“La generación perdida” y la tecnología

Al dar un vistazo al futuro de estas generaciones pandémicas o la casi considerada “generación perdida”, la Psicóloga por la Universidad de Buenos Aires advierte que, si sus rezagos educativos persisten en la secundaria, la preparatoria y la universidad, “es porque les falló el sistema de educación básica”. No obstante, “si se trabaja en conciencia del contexto, no debería de ser un rezago tan grande”. Es decir, la sociedad tampoco debe desentenderse en su “trabajo de compensar” lo que les falta.

En torno a la ley de prohibición del uso de celulares emprendida por el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, entrada en vigor el 20 de febrero, Pamela Garbus considera “que es la medida más ineficiente que la política pública puede tener”. Con tal dictamen, el Estado se deslinda de establecer lineamientos para el uso responsable de las tecnologías, como señala la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR).

Además, la prohibición “quita una excelente oportunidad de concientización y sensibilización” en el consumo del contenido sociodigital. Las infancias “tienen que tener espacios que les permitan desarrollar herramientas de análisis crítico, de elección de consumo y del tiempo que pueden destinarle; pero, sobre todo, de potenciar el uso educativo de los celulares”, recalca la también coordinadora de la Maestría en Salud Mental de la Infancia y la Adolescencia de la Facultad de Psicología y Educación de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ).

Adiós, pandemia; hola, actualidad

Garbus advierte que esta “falta de política pública orientada al apoyo de las familias”, evita que las infancias tengan “mejores oportunidades de aprender un uso saludable y de experimentar experiencias de autorregulación” de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

“Hacen falta más expertos que trabajen en una política que regule el derecho al acceso a las tecnologías”, ligado al “derecho a la atención de la salud mental”, y no que se enfoquen “en pensar cómo prohibir”. La prohibición “solo nos exime, como sociedad, de la responsabilidad de acompañar el buen uso de las TIC”, finaliza la psicóloga, profesora e investigadora de la UAQ.