Amenazan y obligan a borrar videos a periodista de Tribuna tras documentar presunta brutalidad policial en Querétaro
Tras documentar una presunta agresión de policías estatales contra dos vecinos de la colonia La Sierrita, el reportero Kaleb Marín, de Tribuna de Querétaro y estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAQ, fue amenazado, obligado a borrar los videos y detenido arbitrariamente por los propios elementos, el pasado jueves 15 de enero.
De acuerdo con el testimonio del joven periodista, aproximadamente a las 9:45 de la mañana circulaba en bicicleta por una vialidad a un costado del río Querétaro cuando observó a tres policías que sometían violentamente a dos hombres. El estudiante comenzó a grabar desde una distancia aproximada de 50 metros, al notar que uno de los detenidos presentaba sangrado visible en la boca y las rodillas.
En el video que grabó, según relata, se observaba a un hombre siendo golpeado en la espalda y costillas mientras pedía auxilio, así como a un segundo hombre siendo esposado e introducido a una patrulla, ambos ante la presencia de vecinos que salieron alarmados por los gritos.
Cuando el estudiante se acercó para documentar mejor la situación e identificarse como reportero, un oficial le ordenó dejar de grabar. Minutos después, tras un intento de uno de los detenidos por ingresar a su domicilio, los policías ingresaron al inmueble sin autorización y continuaron la detención de manera violenta, según el testimonio.
Poco después, los oficiales se dirigieron directamente contra el joven periodista y estudiante. Relata que intentaron arrebatarle el teléfono, lo sometieron físicamente, lo esposaron y lo subieron a la patrulla junto con los otros dos detenidos. La detención, según le informaron posteriormente los policías, fue por “desobediencia civil”.
El traslado continuó hacia un estacionamiento en la zona de Tlacote, donde los tres permanecieron esposados, fueron fotografiados, interrogados y sometidos a amenazas directas por parte de los oficiales. Más tarde, un mando policial le planteó un ultimátum: borrar todos los videos captados o enfrentar una acusación fabricada que podría llevarlo a la Fiscalía. Bajo amenaza de represalias y aludiendo a que ya tenían sus datos personales y domicilio, el joven eliminó el material de su teléfono.
Posteriormente, los tres fueron trasladados al juzgado cívico de Santa Rosa Jáuregui. En audiencia, el juez determinó que el estudiante no había cometido ninguna falta, al reconocer que grabar en vía pública es un derecho, aunque evitó pronunciarse sobre las amenazas y presiones recibidas. A pesar de ello, se emitieron sanciones administrativas para los otros detenidos.
El testimonio también señala que durante todo el proceso no hubo defensor legal, que los registros administrativos se realizaron de manera irregular y que se dio mayor peso a la versión de los policías que a la de los detenidos.
El joven afirma que decidió hacer pública su experiencia ante el temor de represalias, pero también como un acto de denuncia sobre prácticas de abuso de autoridad, uso excesivo de la fuerza, intimidación contra ciudadanos que documentan operativos y posibles violaciones al derecho a la libertad de expresión y al debido proceso.
Lee el testimonio completo aquí:
