Ayotzinapa, más de mil días de vergüenza e impunidad
“El panorama es sombrío y gris… el Estado mexicano, con todas sus instituciones y toda su infraestructura, ha sido incapaz de poder ofrecer verdad y justicia a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos”, aseveró Vidulfo Rosales Sierra, abogado defensor de los padres de los normalistas de la escuela normal “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, mismos que desaparecieron en septiembre de 2014.
En entrevista para Tribuna de Querétaro, Vidulfo Rosales aseguró que la Procuraduría General de la República (PGR) es una “institución totalmente corrompida” que ofreció una conclusión “sin sustento científico, como es el basurero de Cocula”, misma que sólo significó “un dolor adicional” para los padres.
Contrario a lo antes mencionado, Rosales Sierra confirmó que el trabajo realizado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) permitió vislumbrar cuatro líneas de investigación que han sido negadas por la PGR: la participación del Ejército mexicano, la participación de elementos policiales del municipio de Huitzuco, estado de Guerrero, los teléfonos celulares de los estudiantes e implicados (que no han sido analizados) y los rastreos de la droga.
El tema sale del 2018
El abogado consideró que la postura actual del gobierno federal es de administrar el caso hasta el 2018, para que la próxima administración sea la encargada en resolverlo, sin embargo, reconoció que ningún actor político importante, de cara a las próximas elecciones presidenciales, se ha acercado a los padres para externarles su apoyo o una pronta resolución: “no se puede anteponer el cálculo político a los anhelos de justicia… ha habido poco acercamiento. Varios militantes de Morena, de abajo, participan en el movimiento, pero la dirigencia poco se ha acercado; Andrés Manuel poco menciona a los 43 en sus posiciones políticas… los padres de familia consideran que tampoco es sano el acercamiento de dirigentes de partidos políticos, pues es una lucha genuina de ellos y todas las organizaciones sociales”.
Miedo acalla a la protesta
Respecto a los objetivos que tiene el Estado para cometer actos que violentan los derechos humanos, el también abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, aseveró que éstos son la inhibición de la sociedad a la protesta mediante el uso del miedo y descomponer las instituciones para evitar sanciones y control: “la cosa es ir mandando mensajes, cuando ven que aquel que alza la voz, cuando aquel que cuestiona es callado nos genera miedo y nos vamos acostumbrando a una sociedad que lastima… si el Ejército mexicano, la policía municipal o estatal se exceden en sus funciones, nadie los sanciona, todo funciona en una complicidad”, concluye.
Durante el marco de su conferencia “¿Cómo promover una causa de derechos humanos en el contexto internacional?”, presentada en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Vidulfo Rosales, en su papel de abogado, denunció que si bien los normalistas desaparecidos pudieron incurrir en actos delictivos previos a su desaparición a manos de la policía municipal de Iguala, tampoco pueden asegurar que en sus protestas se violentó alguna ley:
“Primero nosotros todavía no podemos establecer si la actividad que ellos andaban haciendo era un acto delictivo, hay que ser muy cuidadosos en cómo calificamos la protesta… ubiquémonos en la hipótesis de que es un acto que vulnera una ley, hay actos de contención de esas protestas y la policía debería estar capacitada para utilizar los protocolos para contener una protesta que se torna violenta… todo debe caminar mediante un debido proceso, llevarlos ante un ministerio público, leerles sus derechos, abrir una carpeta de investigación, permitirles que se defiendan, y que se esclarezca todo ante un juez imparcial, aunque eso es algo que no tenemos, son falencias que adolecen nuestras instituciones”.
Impacto mediático apoyó al movimiento
Después de casi tres años de los hechos ocurridos en Iguala, Rosales reconoció que el impacto mediático que recibió el caso, en comparación con otros en los que también se violentan los derechos humanos en México pero no son tan expuestos, fue algo que favoreció a su causa.
Rosales Sierra expresó que, cuando un caso de este tipo que se vuelve visible a nivel nacional e internacional, siempre la víctima recibe apoyo, “no se siente sola”, e inclusive puede servir como una “palanca de presión” para las autoridades y así, cuando el caso mantiene su vigencia con cobertura mediática, siempre se mantiene como tema de debate público.
En el tema de deslindar responsabilidades por la desaparición de los normalistas, Rosales Sierra señaló a un conjunto de instituciones implicadas en el caso: el ayuntamiento de Iguala y municipios aledaños (Cocula, Tepecoacuilco y Huitzuco), incluidos a sus cuerpos policiales y el mismo Ejército mexicano.
El defensor de derechos humanos confirmó que existirán movilizaciones en el mes de septiembre en Ayotzinapa, Ciudad de México y otros estados de la República para conmemorar otro año de la desaparición. En el plano jurídico, el abogado de los padres de los normalistas expuso que la estrategia a seguir continuará por la supervisión internacional del caso, además de solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que continúe con las líneas de investigación antes mencionadas y se les dé un seguimiento detallado.
