Continúa impunidad en caja 30 de agosto
Por: Paulina Rosales
A nueve meses del presunto fraude ocurrido en la caja de ahorro 30 de agosto, algunos de los afectados piden que el caso no quede en “un archivo cerrado” y que las autoridades correspondientes generen la protección para el ahorro y el patrimonio de los ciudadanos.
El presunto desfalco, ocurrido en febrero de 2014, que afectó a más de 9 mil socios por montos entre 50 mil y dos millones de pesos, dejó un vacío financiero en dicha empresa por 639 millones.
Posterior a la denuncia pública de este caso, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) consignó a Olivia Jiménez Morales y Aurelio Elías Ramírez como presuntos responsables de fraude genérico maquinado, sin embargo, los presuntos responsables fueron puestos en libertad el 15 de septiembre por falta de pruebas que los inculparan.
Paulina Ruiz Fonseca, una de las afectadas por este caso, consideró que las autoridades involucradas en este proceso aún no otorgan información concerniente del estado jurídico o financiero de la caja.
La falta de claridad por parte de autoridades, de acuerdo con este testimonio, se vio reflejada desde el primer momento, cuando la PGJ llegó a las instalaciones del lugar y tomó todos los documentos que se encontraban ahí, sin dar explicación. “Realmente no nos dieron alguna información, ni auditoría de la situación jurídica o financiera en la que se encontraba en ese momento la caja; hasta la fecha aún se está solicitando”, señaló.
Medias legales “insuficientes”
Las medidas tomadas por las autoridades para rescatar parte de los ahorros de los afectados, como el Fortalecimiento de Sociedades y cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores (FIPAGO), sólo fueron una “intervención del gobierno para que se solucionara” el problema de forma rápida; pues éste fue insuficiente al sólo restablecer el pago de un 70 por ciento sobre un monto que no podía exceder de 250 mil pesos.
Bajo estas condiciones, todos aquellos que contaban con cantidades menores al límite establecido, entregaron sus documentos y renunciaron a los derechos que mantenían como socios, quedando fuera del litigio para la recuperación de sus ahorros.
La falta de respuesta por parte de las autoridades correspondientes, también se vislumbró en una reunión que mantuvieron los afectados con el entonces secretario de planeación y finanzas y ex gobernador del estado Jorge López Portillo, quien les dio una versión sobre el estado de la caja, sin contar con algún documento que avalara la situación financiera real.
Ante la expectativa del cambio de gobierno, algunos de los afectados pensaban que las cosas mejorarían. Sin embargo, el caso aún no se ha resulto debido a que las autoridades han obstaculizado el procedimiento, pues de acuerdo a las declaraciones de los abogados, todo el caso se quedó en un solo expediente que “se iba a quedar ahí mucho tiempo y no se iba a dar procedimiento”.
La afectada por el fraude de la caja de ahorro, afirmó que los abogados involucrados en el caso señalaron que, a partir de la intervención del gobierno, el caso se ha mantenido cerrado.
“Seguimos esperando que estas cosas se puedan resolver y realmente que no se quedará así en el olvido (…) pues no se puede vivir en un estado de impunidad”, concluyó.
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