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Denuncia a agente del Ministerio Público y la despiden

Por Carlo Aguilar / Miguel Tierrafría

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) investiga el caso de Carla Gisela Ramírez Gómez, ex trabajadora de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) que fue despedida en mayo después de laborar 12 años en la dependencia, tras haber denunciado discriminación de género y agravio a compañeras de trabajo por parte de Luis Alfonso Alcalá González, coordinador administrativo de las agencias VII y IX del Ministerio Público.

De acuerdo con documentos en poder de Tribuna de Querétaro, que tienen el sello de recibido tanto de la CNDH como de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Ramírez Gómez dirigió oficios a los presidentes de ambos organismos (Raúl Plascencia Villanueva y Miguel Nava Alvarado, respectivamente), en la que asegura que el funcionario de la PGJ les dijo a ella y a una compañera que si no atendían sus instrucciones “les hago una revisioncita y los empino”.

Este medio posee el audio de dicha reunión, donde se constata la expresión utilizada por Alcalá González el 16 de febrero.

El comportamiento del funcionario fue denunciado al titular de la PGJ, Arsenio Durán Becerra, mediante escrito dirigido el 28 de febrero y que fue recibido tanto por la procuraduría como por el Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado (STSPE), al cual estaba afiliada Carla Gisela Ramírez.

Tribuna de Querétaro también posee copia del documento dirigido al procurador, donde se observan los sellos de recibido tanto del Poder Ejecutivo del estado como del STSPE.

Una vez que el procurador decidió despedirla (ver recuadro), Carla Gisela acudió a la CEDH el 14 de mayo, donde posteriormente le dijeron que solamente le podrían brindar “orientación jurídica” pero no investigarían su caso.

En la resolución CEDH/0803/2012/OQ, Carlos Lozada Padilla, jefe del Departamento de Orientación y Quejas, argumentó en respuesta a la queja interpuesta por la ciudadana, que “a la persona se le ha brindado la orientación jurídica para que acuda ante esa instancia que usted representa, por lo tanto tengo el gusto de representar a usted a la persona a efecto de que se le brinde el apoyo para brindar representación de sus derechos laborales”.

Debido a la negativa de la CEDH, Ramírez Gómez acudió a la CNDH, que sí ha dado curso a su caso y actualmente está integrando el expediente.

 

“Se nos pedía trabajar en horarios no contemplados por la ley”

La situación comenzó el día 16 de febrero cuando se convocó a una reunión de trabajo.

“Estuvimos presentes la agente, mi compañera oficial secretario y su servidora, entonces pues contrario a los establecido en la ley, el licenciado Luis Alfonso Alcalá González pretende obligarnos mediante amenazas para que nos quedemos a trabajar fuera de nuestra jornada laboral bajo el argumento de que existe mucha carga de trabajo.

“Me negué a laborar fuera de la jornada porque históricamente la procuraduría jamás ha pagado tiempo extraordinario”, explicó.

Ante la negativa de trabajar fuera de los horarios establecidos, en la misma reunión de trabajo es agredida verbalmente por el coordinador administrativo de las agencias VII y IX.

Grabada la reunión de trabajo por parte de Carla Ramírez, expresiones como “yo tengo mis dos oficiales secretarios, y es pedo de ustedes, les hago una revisioncita y los empino” abundaron en dicha grabación.

Con esto Carla Ramírez decide mandar un oficio girado al procurador Arsenio Durán Becerra para que supiera lo sucedido en dicha reunión.

Posteriormente Rodolfo Aguilar Gachuzo, coordinador administrativo de atención de la Dirección de Averiguaciones Previas, convocó a una junta en la que se citó a las partes involucradas para levantar un acta administrativa.

“En el transcurso esta acta administrativa únicamente transcribe las tarjetas informativas que rinden Luis Alfonso Alcalá y Cynthia Saguilán Arcos, que son empleados de confianza, coordinador y Ministerio Público, nunca se citó a mi compañera secretaria, se transcribe el escrito y cuando se les da uso de la voz a ellos se concretan a decir que la reunión fue en un tono cálido, que nunca hubo ofensas, etcétera.

“Cuando me dan el uso de la voz, pues hago énfasis en que no sé de qué se trata, que me expliquen si debo ofrecer pruebas, si es en contra mía, si es en contra del licenciado, el licenciado Gachuzo nunca me explica lo que a final de cuentas se trató esta acta administrativa y fue un medio preparatorio para mi despido”.

Dentro de los puntos resolutivos, donde se termina la relación laboral, se establece como argumento que “usted se ha colocado en la comisión de faltas, que a nuestro juicio consideramos graves, las actitudes y comportamientos realizados por usted, son causas de la terminación de la relación laboral justificada y sin responsabilidad para la parte que represento, pues usted se condujo con falta de probidad y honradez, al haber formulado por escrito una queja de supuestos malos tratos y palabras irrespetuosas de un superior jerárquico, sin que resultaran con fundamento o sustento alguno”.

En seguida Carla Ramírez envía una carta dirigida al gobernador del estado de Querétaro, José Calzada Rovirosa, que “entregué en Palacio de Gobierno el 10 de mayo, donde le hago de su conocimiento mi despido injustificado y la pregunta: ¿cómo pude yo causarle algún perjuicio a este servidor público si yo era la agraviada?

“Hasta la fecha no he tenido respuesta del señor gobernador, sigo esperando que cumpla con la ley, de la que a todas luces es omiso porque me han dejado en total estado de indefensión”, dijo.

Ante esta situación decide interponer la queja ante CEDH y como prueba el audio de la reunión de trabajo, donde estos canalizan a la ex trabajadora de la PGJ ante la Procuraduría de la Defensa del Trabajo.

La afectada efectúa un recurso de impugnación de la resolución de la CEDH ante la CNDH.

En respuesta con número de expediente CNDH/DGQO/2012/49/S, el director general de Quejas y Orientación, Máximo Carvajal Contreras, precisó que “se ha enviado a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Querétaro un requerimiento a efecto de que, en cumplimiento del articulo 62 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, envíe un informe sobre el acuerdo de conclusión de mérito, así como los documentos que lo sustentan”.

“Abusos constantes dentro de la procuraduría”

Carla Gisela Ramírez aseguró que dentro de la Procuraduría General de Justicia, al menos los 12 años que laboró dentro de esta institución ha habido abusos y explotación laboral a los trabajadores, quienes por miedo a perder su empleo deciden callar.

–Este abuso que menciona que se está dando, ¿a partir de cuando empezó?, ¿o siempre ha estado?

–Lamentablemente tengo que decirlo, siempre ha sido así.

–¿Por qué?

–Estoy tratando de entender cómo es que estos servidores públicos no cumplen con la ley, porque pues esa es su obligación, para eso protestaron un cargo todos, desde el titular que es el señor procurador hasta los compañeros que apoyan ahí en la limpieza, pero ellos, precisamente ellos tienen la obligación de cumplir y hacer cumplir la ley y no lo hacen, lamentablemente estas agresiones se dan pero hay un clima de temor en todas las empleadas y empleados de la procuraduría, precisamente porque se nos amenaza ‘te vamos a correr’ o ‘le vamos a dar vista al órgano de control’ y siempre es así, siempre es la presión, siempre es la amenaza, pues uno nunca quiere hablar y ahora que yo me decidí a hacerlo pues ahí está el resultado, me despiden.

–¿Por qué esperarse 12 años a denunciar este clima de abusos y esto ha sido constante, por qué hasta ahorita hacer la denuncia o decir el abuso que se da dentro de la procuraduría?

–Principalmente es el hastío, ya estoy cansada, de verdad es cansado, es triste, yo he tenido consecuencias, problemáticas graves en mi familia con mis hijos, como consecuencia de que he trabajado mucho bajo esta presión, bajo esta amenaza y son problemáticas ya irreversibles, que de alguna forma yo estoy tratando de resolver y esto fue lo que me alentó a hacerlo, por mis hijos, pues no es justo que a las madres trabajadoras no se nos respete el derecho a convivir con la familia, la recreación, al descanso.

 

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