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Derechos humanos, en espiral de decadencia

Desde hace nueve años, la DDHQ ha sido objeto de duras críticas por las decisiones tomadas por sus titulares; Legislaturas locales también han contribuido al descrédito del organismo

Por: Noé Girón

El periodo de incertidumbre que se vive actualmente en la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro, con la reposición del proceso de elección de la presidencia entre Miguel Nava Alvarado -actual titular- y César Pérez Guzmán, representa una falla de la Legislatura, por no haber tomado en cuenta a César Pérez en el proceso inicial, y agudiza las diversas anomalías que se han presentado durante los últimos años en esta dependencia.

Aunque la LVII Legislatura tiene como plazo el 24 de junio para concluir la reposición del procedimiento de elección, Guillermo Vega Guerrero, coordinador de la bancada del PAN e integrante de la Junta de Concertación Política, señaló que tienen considerado solicitar una prórroga para tomar la decisión.

Durante los últimos nueve años, el organismo encargado de vigilar el respeto de los derechos humanos en la entidad ha vivido episodios de polémica, señalamientos negativos y críticas contra su titular, pero ahora, con el regreso del PRI, se recrudeció la crisis.

Durante el periodo de Enrique Vargas (2004-2007), existieron diversas críticas; entre ellas, el caso omiso a denuncias de agresión u homicidio contra personas homosexuales en la entidad, como ocurrió con Octavio Acuña, en junio de 2005.

Sin embargo, el periodo en que hubo más críticas e incluso peticiones de destitución del titular de la dependencia fue el de Adolfo Ortega Osorio (2007-2012).

En 2007, trajo al conductor de televisión Jordi Rosado para que diera una plática a los jóvenes, sobre el programa “Antro Consentido”; durante la conferencia, sin embargo, nunca se mencionó el tema de los Derechos Humanos (Tribuna de Querétaro 507).

Tras la detención y el encarcelamiento arbitrario de las indígenas Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, en 2006, bajo acusación de haber secuestrado y sometido a seis elementos de la extinta Agencia Federal de Investigaciones, el actuar de Adolfo Ortega Osorio al respecto fue desaprobado por dejar “mucho qué desear”.

Al terminar su periodo, Ortega Osorio buscó la reelección, lo que provocó el disgusto y molestia de muchos; entre ellos, un grupo de personas involucradas en la defensa de los Derechos Humanos, quienes enviaron una carta a la LVI Legislatura, pronunciándose en contra de esta posible reelección (Tribuna de Querétaro 604). Entre los miembros de este grupo se encontraban el Doctor Honoris Causa Hugo Gutiérrez Vega y Edmundo González Llaca.

La LVI Legislatura optó, entonces, por no renovar el cargo a Ortega Osorio. Pero la siguiente elección de presidente no se libraría de las críticas, pues el elegido para dirigir la CEDHQ fue Miguel Nava Alvarado, quien fue increpado por asociaciones civiles, a razón de haber pasado por la Procuraduría General de la República (PGR). A pesar de las denuncias, la LVI Legislatura decidió otorgar la presidencia a Miguel Alvarado.

Decisiones de Miguel Nava como titular DDH podrían ser inválidas jurídicamente

Durante el proceso de elección de presidente, César Pérez Guzmán, quien presentó su candidatura para presidir la entonces CEDH, fue rechazado y excluido del mismo por la Legislatura, que argumentó que sobrepasaba la edad límite para la candidatura.

Ante esto, Pérez Guzmán interpuso un juicio de inconstitucionalidad por la presunta discriminación recibida por la Legislatura, mismo que ganó, puesto que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ordenó la reposición del proceso de elección. La fecha límite para cumplir con dicho mandato es el 24 de junio.

Ante esto, Miguel Nava calificó como “ilegal” la determinación del Tribunal y solicitó medidas cautelares a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por presuntas amenazas de muerte a él y a su familia.

Ante la cercanía de la fecha límite establecida por el Tribunal, el diputado panista Guillermo Vega expresó que es posible solicitar una ampliación para la resolución del caso; con el fin de lograr una solución pertinente.

Por su parte, Luis Eusebio Avendaño González, académico de la UAQ y especialista en Derecho Constitucional, expresó que en caso de que César Pérez Guzmán fuese elegido como nuevo presidente de la Defensoría, “todos los actos realizados durante la presidencia de Miguel Nava serían inválidos jurídicamente” (Tribuna de Querétaro 692).

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