Desde 2005 Tribuna ha dado seguimiento al caso
Por: David A. Jiménez
A partir del 5 de febrero de 2005, Tribuna de Querétaro publicó 20 notas y reportajes sobre los hechos en torno al homicidio de Marco Antonio Hernández Galván, ocurrido la madrugada del 27 de noviembre de 2004, consumado por el conductor de una camioneta BMW X-5 negra, sin que hasta el momento, a casi 10 años de ocurrido, exista un responsable del crimen.
En la edición 312 —5 de febrero de 2005—, este medio hizo el recuento de los hechos con las primeras declaraciones de funcionarios, como el entonces procurador, Juan Martín Granados Torres, quien prometió “avances y una pronta detención del responsable”.
El 9 de abril de 2005, fue publicada una nota del también llamado “Kikín queretano” —por su afición al futbol— en la cual el párroco de Nuestra Señora del Rosario, José Cárdenas, lo describió como un muchacho ejemplar e indicó que los juniors son capaces de cualquier cosa. También se da testimonio de cómo la tristeza impedía a la novia de Marco Antonio, Verónica, hablar del asunto. “El temor asoma a sus ojos que rehúyen cualquier pregunta” (Tribuna de Querétaro, 319).
Una semana después, fue publicada la imagen de una pinta realizada atrás del Templo de la Congregación, en la cual se puede leer “BMW X5 Ruiz”. El 7 de mayo de 2005 apareció otro mensaje: “Ya hay Papa (Benedicto XVI). Ok. ¿Y justicia para cuándo? BMW X5”.
El 3 de mayo de ese año, en la Facultad de Filosofía, se realizó la mesa de debate llamada “El caso de la BMW X5 negra: la impunidad en Querétaro”. En el evento hubo alrededor de 100 participantes, entre ellos José Luis Hernández, padre de Marco, así como su abogado, Alfonso Rodríguez. En la reunión se hizo alusión a la “poca” difusión del caso por gran parte de los medios de comunicación y que éstos se pusieron de parte de la familia Ruiz Lomelí.
En la edición 325 —21 de mayo de 2005— Tribuna de Querétaro cubrió la marcha silenciosa en contra de la impunidad”, realizada en las principales avenidas de la ciudad (Pasteur, Zaragoza y Corregidora) hasta llegar a Plaza de Armas. El lema de esta marcha fue estampado en una lona: “La vida de Marco no tiene precio, la justicia sí”.
El 27 de noviembre de 2006, a dos años de los hechos, este medio publicó una serie de reportajes en los que se daba cuenta de que Sergio Guerrero Patiño dejó de ser abogado de la familia Hernández Galván (Tribuna de Querétaro 390).
Además, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al entonces gobernador Francisco Garrido Patrón y al procurador Juan Martín Granado en la que señalaba que: “actuaron indebidamente al no poner a disposición del representante social a los conductores y tripulantes de los referidos vehículos, ni asegurar a estos últimos, y tampoco rindió un parte informativo directamente a la autoridad ministerial encargada de la investigación”.
De la misma forma, la CNDH observó que fueron violados cerca de 18 apartados y artículos de la Carta Magna. Ambas recomendaciones fueron rechazadas por autoridades estatales.
También uno de los amigos que acompañaba a Marco Antonio Hernández Galván la noche del homicidio, consideró que “después de su muerte, yo percibía que ni siquiera los maestros tenían ganas de dar clases… Estuvo bastante feo. No hubo partidos. La escuela se sentía triste. Había muchos carteles para recordar al ‘Kikín’, los cuales se colocaron toda la semana afuera del salón donde él iba; en ellos le escribíamos lo buen amigo que había sido”.
Los días posteriores, patrullas de la PGJ y la Guardia Municipal transitaban alrededor del Liceo —lugar donde estudiaba Marco—, situación que creaba desconfianza entre alumnos y padres de familia. “Eso era puro papeleo, que necesitaban estar ahí para que observaran que no había ningún problema”, les comentaban en la escuela.
En mayo de 2007 —edición 407— el caso “revivió”, después de que Federico Ruiz Lomelí inició una demanda por daño moral, contra quienes en su momento lo señalaron como principal sospechoso. Entre otros, se citó a Miguel Gerardo Rivera Alcántar —principal testigo— y al procurador.
En octubre de 2009, a días de entrar en funciones la administración de José Calzada, el procurador Arsenio Durán aseguró que casos como éste “habrán de ser analizados e inmediatamente atendidos”.
El gobernador José Calzada Rovirosa declaró: “El Estado de derecho será nuestra consigna invariable. Nadie podrá estar fuera de la legalidad… Nadie por encima de la ley”.
Para el 27 de septiembre de 2010 —edición 552— habían transcurrido 70 meses del homicidio. El escritor y periodista Julio Figueroa señaló que el gobierno de Calzada no realizó avances en la investigación durante su primer año de gobierno y continúa apostando al olvido y al silencio.
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