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Despojan a comunidad otomí con beneplácito de la autoridad

Después de la resolución de la Fiscalía a favor de la familia Vega Montes, se ingresó al terreno maquinaria pesada, con la que empezaron a derrumbar casas y corrales de la población. También perros rottweiler acabaron con varias cabezas de ganado bovino y ovino.

La comunidad otomí de El Coyote, localidad del municipio de Ezequiel Montes, fue despojada de 175 hectáreas de terreno, las cuales han habitado durante más de 100 años, esto derivado de un procedimiento jurídico con manipulaciones ilegales por parte del juzgado público de Cadereyta para favorecer “fuertes intereses económicos”, acusó Víctor Mora Cardador, abogado defensor por parte de la comunidad.

“Se ordenó la restitución de forma adelantada sin esperar a la orden del juez”, abundó. “La comunidad está peleando contra intereses muy fuertes. Ahora la comunidad no tiene fuentes de ingreso. Circularon la superficie y se encuentra resguardada con personal armado. Los intereses son totalmente evidentes. Allí cerca hay muchos accesos turísticos. Incluso uno de las personas de la comunidad fue herida a tiros por uno de los presuntos policías debido a que no les permitían el acceso. Incluso han sido amenazados”, señaló.

Mora Cardador explicó que el terreno empezó a disputarse por parte de los herederos de Leopoldo Vega Montes, quien es el titular del predio ante el Registro Público de la Propiedad (RPC); no obstante, antes de morir hace más de 14 años, le reconoció a la comunidad una superficie de tres hectáreas para el asentamiento humano, del cual una cantidad mayor estaba destinada a un uso sustentable de la tierra.

Por otra parte, en la revisión de documentos se encontró que los herederos de Vega Montes no han cumplido con las condiciones del testamento para presentarse como albaceas del predio, detalló el abogado defensor.

El abogado defensor señaló que Raquel Vega Ugalde, una de los descendientes de Leopoldo Vega Montes, en un inicio pretendió realizar un acercamiento con Patricia Camacho Ramírez, una de los integrantes de la comunidad, para negociar la propiedad del predio, pero al momento del encuentro en el juzgado de Cadereyta levantó una denuncia afirmando que ella y su familia habían sido expulsados con lujo de violencia del casco de la hacienda del predio, por parte de 80 personas de la comunidad indígena.

No obstante, únicamente iniciaron el juicio con la acusación a Patricia Camacho Ramírez, líder comunitaria de Ezequiel Montes ante la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), a su esposo Mauricio Cruz, subdelegado de la comunidad y al hijo de ambos, Mauricio Cruz Camacho.

Indicó que la fiscal de acusación de Cadereyta, Jessica Areli López Briseño, dictaminó arbitrariamente que la comunidad indígena debía restituir los terrenos habitados por ellos desde hace varias generaciones: “El juez Oscar Mancilla se pasó por el arco del triunfo todos los argumentos, desdeñando la ilegalidad del actuar de la fiscal argumentando que de acuerdo al principio de lealtad y buena fe lo que dice la fiscal es cierto, que la comunidad usurpó esas tierras. El juez rebasó facultades para resolver la querella. Quería realizar la restitución de los terrenos sin tener en cuenta los argumentos de la defensa”, aseveró Mora Cardador.

Fuerzas del orden público actuaron en contra

Mora Cardador señaló que en el proceso de defensa se interpusieron argumentos de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) a favor de la comunidad, el correcto peritaje de la extensión del terreno y principalmente una orden de suspensión del juicio a favor de las más de 300 personas de la comunidad. Todos estos factores no fueron validados por parte de la fiscal de Cadereyta.

A su vez, señaló que la fiscal López Briseño accionó la movilización de aparentes elementos de las policías federal, estatal, municipal y de hombres que portaban chalecos de la extinta Dirección de Investigación de los Delitos (DID), que realizaron retenes impidiendo su llegada a la fiscalía para entregar el acta de suspensión de juicio previamente aprobada por los jueces, por lo que el proceso tuvo resolución en la restitución de los terrenos para la familia Vega Montes.

Mora Cardador afirmó que al igual que a él, al topógrafo y Patricia Camacho, se les negó la entrada, además de que fueron objeto de agresiones físicas por parte de los elementos. “Todos tenían armas largas. Desconocemos si eran policías activos o guardia privada”, señaló.

Mora Cardador señaló que Ricardo Almanza Valencia, uno de los empresarios relacionados en la situación, fungió como testigo de los herederos de Vega Montes, quienes ya antes habían hecho una promesa de compraventa del inmueble: «son personas con un poder económico muy por encima de la comunidad indígena, ese grupo de inversionistas incluso está persignando el juicio como testigos, el licenciado Ricardo Almanza Valencia, quien ha estado detrás de esa situación”, indicó.

Inmediatamente después de la resolución de la Fiscalía a favor de la familia Vega Montes, se ingresó al terreno maquinaria pesada, con la que empezaron a derrumbar las casas y los corrales de la población. También perros rottweiler atacaron y acabaron con varias cabezas de ganado bovino y ovino.

Aunado a ello, el terreno fue empezado a cercarse y a ser resguardado por personal armado que impide la entrada a la población al predio. Finalmente, indicó que el 22 de marzo se impondrá un recurso de revisión para presentar las pruebas y corroborar la violación de los derechos humanos contra la población y las ilegalidades del proceso judicial.

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