Diálogo y Participación para atender a las personas en Situación de Calle
En los últimos días, el anuncio del operativo para retirar a las personas en situación de calle del Centro Histórico de Querétaro ha generado una profunda preocupación en varios sectores de la sociedad. Como parte del Observatorio Estatal de Derechos Humanos, hemos emitido un pronunciamiento cuestionando el enfoque de estas acciones, y hoy quiero aprovechar este espacio para reflexionar más sobre el significado y las implicaciones de estas medidas.
El presidente municipal, Felipe Macías Olvera, ha afirmado que el operativo procurará garantizar los derechos de estas personas, ofreciéndoles alternativas en albergues y centros de rehabilitación. Sin embargo, los mensajes subyacentes y la retórica que acompañan estas acciones dejan una preocupación evidente: el enfoque parece orientarse más hacia el orden público y la estética urbana, en lugar de buscar una solución real e inclusiva que respete la dignidad humana de las personas en situación de calle.
Las experiencias de otras ciudades nos enseñan que simplemente remover a las personas en situación de calle sin atender las causas estructurales que las llevaron allí no resuelve el problema; más bien, lo desplaza y lo agrava. Las razones por las cuales alguien vive en la calle son múltiples y complejas: pobreza estructural, violencia familiar, problemas de salud mental, adicciones, desempleo y desalojos forzosos. Ignorar estas causas y tratar a estas personas como un «problema» que debe ser «limpiado» del espacio público implica una profunda deshumanización y la criminalización de la pobreza.
Además, hemos visto cómo algunos medios refuerzan estigmas al referirse a estas intervenciones como «operaciones de limpieza» y al sugerir que la presencia de personas en situación de calle es responsable de la disminución de ventas en comercios, el aumento de la inseguridad o el deterioro del mobiliario urbano. Estos prejuicios solo perpetúan la exclusión y la violencia hacia las personas más vulnerables.
En enero de este año, ya habíamos señalado la preocupación por un operativo similar, y es desafortunado tener que seguir recordando que estas personas son sujetos de derechos. En ese momento, mencionamos que la Constitución Política de la Ciudad de México reconoce a las personas en situación de calle como un grupo prioritario de atención y prohíbe acciones de desplazamiento forzoso, internamiento o reclusión sin su consentimiento. Estos principios deberían ser una guía para Querétaro, ya que la solución debe garantizar condiciones de vida dignas y abordar las causas estructurales de la pobreza.
Aunque las autoridades pueden sugerir el traslado a albergues y ofrecer atención para problemas de salud o situaciones de posible conflicto, no deberían forzar a las personas a abandonar los espacios donde están. Es fundamental que cualquier acción respete este principio y evite cualquier trato coercitivo o degradante. Las personas en situación de calle no necesitan más rechazo o desalojo, sino apoyo y oportunidades reales para salir de la exclusión y vivir con dignidad.
Por ello nos preocupa la falta de claridad sobre qué sucederá si las personas se niegan a acudir a los albergues. ¿Serán desalojadas por la fuerza? Esta pregunta no es trivial, pues la respuesta puede marcar la diferencia entre un enfoque basado en derechos humanos y uno coercitivo. La solución no debe ser expulsar a quienes no encajan en la imagen «ordenada» del Centro Histórico; la solución debe ser construir una ciudad para todas las personas, donde se garanticen sus derechos.
Invitamos a las autoridades, pero también a toda la sociedad, a reorientar esfuerzos y participar activamente en la construcción de soluciones, trabajando para fortalecer el tejido social y promover una cultura de paz. Es necesario comprender que la verdadera solución pasa por generar cohesión social, fomentar la solidaridad y garantizar que todas las personas, sin importar su situación, sean tratadas con dignidad. Es importante colaborar con la sociedad civil, personas expertas en derechos humanos y las propias personas en situación de calle para diseñar e implementar políticas públicas que no solo respeten sus derechos, sino que también les ofrezcan oportunidades reales para mejorar sus condiciones de vida. Estas políticas deben incluir programas orientados al desarrollo comunitario, al fortalecimiento del tejido social y a la construcción de una cultura de paz, para así erradicar las causas estructurales de la exclusión. La participación de todas las personas es fundamental para abrir el diálogo y construir una ciudad más inclusiva y justa. No podemos permitir que la solución sea retirar y esconder a quienes más necesitan apoyo, ya que la ciudad no será verdaderamente segura ni justa mientras haya quienes no tengan un lugar digno donde vivir.
Es hora de actuar con responsabilidad, humanidad y con una visión genuina de derechos humanos, asegurando que todas las personas, sin importar su situación, puedan ejercer sus derechos y vivir en condiciones dignas.
