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El derecho a unirse y desunirse

Por: Luis Alberto Fernández García y Mauricio Olivares Méndez

En la Ciudad de México, en el año 2006, se da el primer reconocimiento jurídico a la unión de parejas del mismo sexo con la aprobación de las ‘Sociedades de Convivencia’ que entran en vigor un año más tarde. En 2007, también el estado de Coahuila da un paso en el mismo sentido con la legislación de los ‘Pactos Solidarios’. A finales de 2009, los asambleístas de la Ciudad de México van un paso más allá al reformar el Código Civil local para dejar de definir el matrimonio como la “unión libre de un hombre y una mujer”.

Estas figuras y las reformas que les dieron estatus no fueron ocurrencias del momento, respuestas a la moda, o parte de una agenda oscura de la izquierda mexicana. Fueron el resultado de décadas de lucha ciudadana por el reconocimiento de formas diversas de la configuración familiar.

Además de las entidades federativas mencionadas, Campeche, Chihuahua, Colima, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit y Quintana Roo han modificado sus códigos locales para permitir el acceso igualitario de cualquier pareja a los derechos que se originan con el matrimonio. Desde el primer momento en que el matrimonio igualitario se volvió parte de la legislación de la Ciudad de México, hubieron de ser reconocidos por las demás entidades federativas en virtud de los señalado por el artículo 121 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que señala que «en cada estado de la federación se dará entera fe y crédito de los actos públicos, registros y procedimientos judiciales de todos los otros”.

Este precepto obliga a todos los estados, incluyendo a Querétaro, naturalmente, a “dar entera fe y crédito” a los matrimonios entre personas del mismo sexo; a lo que no obliga, dada la naturaleza del pacto federal, es a que se lleven a cabo en los estados donde todavía no esté legislado en ese sentido.

El año pasado, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en su jurisprudencia 43/2015 resolvió que aquella “ley de cualquier entidad federativa que, por un lado, considere que la finalidad [del matrimonio] es la procreación y/o que lo defina como el que se celebra entre un hombre y una mujer es inconstitucional”.

La SCJN falló en este sentido puesto que consideró que la única finalidad constitucional de la definición de matrimonio es la protección de la familia como realidad social; entonces, como la finalidad no es la procreación, no hay razón justificada para que la unión matrimonial sea exclusivamente heterosexual ni que se enuncie de ese modo en los códigos civiles de los estados.

La Constitución ya protege en contra de la discriminación basada en la orientación sexual de la persona y por lo tanto bajo ninguna circunstancia se puede negar o restringir a nadie un derecho con base en esta característica. La SCJN ya lo señaló y cualquier foro o consulta ciudadana que se desarrollara para la discusión de este tema a partir de la Legislatura no puede ir en otro sentido más que en la extensión de acceso y de derechos a todos los ciudadanos. Una medida en otro sentido sería evidentemente inconstitucional.

México no es la única nación que ha hecho avances en materia de derechos humanos a partir de las cortes en lugar de los órganos legislativos. El caso de EE. UU., a propósito de la discriminación racial, es paradigmático. En este país se desarrolló en 1896 una provisión a partir de un caso en su Suprema Corte (SCOTUS, por sus siglas en inglés). Los ministros de la SCOTUS –todos hombres blancos- fallaron a favor del estado de Louisiana para que mantuviera sus políticas de segregación racial señalando que, a pesar de que había vagones diferenciados para blancos y para negros, el acceso era igualitario. Es decir que, siendo separados, eran iguales. Esta doctrina dio paso a la constitucionalidad de la segregación racial en todo el sur de Estados Unidos, no solo en el transporte, sino en las escuelas, espacios de trabajo y centros recreativos. Solo hasta el año de 1954, en el famoso caso Brown vs. Board of Education es que la SCOTUS señaló que “separado” no puede ser “igual”, es inherentemente desigual.

¿Qué se les está diciendo a los ciudadanos cuando un órgano del Estado afirma que sí, son iguales ante la ley, pero no en todos los casos? ¿Que hay ciudadanos de segunda clase? ¿Que sus uniones y familias no son iguales a las de los demás? ¿Qué unos ciudadanos tienen unos derechos y otros no? No puede haber ninguna razón de doctrina jurídica, ni moral ni lógica para decir que unos mexicanos tienen derechos y otros mexicanos no los tienen o tienen menos, o los tienen diferentes o que son genéricos intercambiables

La ministra Ruth Bader Ginsburg (en la SCOTUS actual) señaló algo muy importante sobre la definición del matrimonio a nivel de los estados de aquella federación. En el reciente caso ‘United States vs. Windsor’ se preguntaba cómo es que el gobierno federal le otorga los derechos completos a los que se accede con el contrato matrimonial a unos matrimonios pero no a otros: “Uno bien podría preguntarse ¿qué tipo de matrimonio es este? Ginsburg se responde a sí misma señalando que parece que el gobierno dicta que existen “dos tipos de matrimonio; el matrimonio entero, y después este tipo de matrimonio descremado”.

La razón por la cual llegó este caso a la corte fue porque Edith Windsor no recibió los derechos correspondientes a su matrimonio con Thea Spyer cuando esta falleció. Su unión perduró cuatro décadas antes de que pudieran contraer matrimonio. Dos años después, la señora Spyer murió. Su matrimonio ‘descremado’ duró mucho más que muchos ‘enteros’.

Las personas homosexuales desean casarse por las mismas razones que las parejas heterosexuales: para demostrarse amor, compromiso y alcanzar los niveles de protección del Estado a los cuales solo se accede a partir de esta institución. En México los matrimonios entre personas del mismo sexo ya pueden recibir todos los beneficios federales que reciben los matrimonios heterosexuales (pensiones, derechos de visita, etc.) aunque la lucha no ha sido fácil y constantemente se escucha de amparos y juicios complicados para acceder a los mismos derechos que los demás ciudadanos.

Existe una carga indebida (undue burden, dirían en EE. UU., restricciones injustificadas diría el Ejecutivo federal) sobre las personas homosexuales para el acceso a sus derechos. Tienen que pelear en las cortes para poder realizar actos o recibir beneficios que las personas heterosexuales toman por sentado. El Estado efectivamente está señalando aquí mismo que hay uniones descremadas también en México.

Para evitar estas restricciones injustificadas impuestas a parejas del mismo sexo, en un acto para conmemorar el Día Internacional de la Lucha contra la Homofobia, el presidente Peña Nieto anunció que enviaría una iniciativa al Congreso para reformar el artículo 4 constitucional de forma que incluya el derecho al matrimonio igualitario, en el mismo sentido en que ha fallado la Suprema Corte mexicana: excluir del acceso al matrimonio a las personas en parejas del mismo sexo es discriminatorio.

Por supuesto, hay algunas razones religiosas. Como reflexiona Martha Nussbaum en su artículo en la revista ‘Dissent’ (“A right to marry? Same-sex marriage and constitutional law”, 2009), aunque algunas religiones consideren inaceptable el consumo de productos de cerdo, sería difícil de imaginar que las comunidades judías esperen que el Estado regule de tal forma que haga ilegal para todos los ciudadanos el consumo de esos productos.

Las razones religiosas o dogmáticas no tienen espacio en las discusiones del Estado laico. En una declaración de mayo del año en curso, Martín Lara Becerril, vocero de la Diócesis de Querétaro dijo: «queremos ser coherentes con la doctrina de Jesús, el matrimonio es entre hombre y mujer, es la forma según la Biblia». Lo que dice Lara Becerril no es un problema en sí si se refiere a que la Iglesia que representa quiere ser coherente con tal o cual doctrina, el problema es pretender que esa doctrina religiosa debe ser la que defina el matrimonio que reconoce el Estado.

Toda religión puede imponer a sus fieles normas de comportamiento, pero no pueden pretender que los que no son sus miembros debieran seguir esos códigos. Desde mediados del siglo XIX existe una separación muy clara entre el matrimonio religioso y el que se lleva a cabo ante un juez civil. Aunque, quizá, no es clara para todos. El primero puede definir la cantidad o calidad de una unión como así lo norme su Iglesia. El segundo solo puede ser definido en un sentido propersona y con el máximo respeto a los derechos humanos.

Un argumento más que se ha esgrimido en contra del acceso igualitario al matrimonio está relacionado a la naturaleza del mismo como espacio en el cual se espera la procreación de una nueva generación; dicho esto, para ser consistente con la prohibición para personas homosexuales, aquellos que marchan deberían solicitar se prohíban los matrimonios para personas que sobrepasan su edad reproductiva, son estériles o han deseado no tener hijos. Si el fin último es la procreación de una nueva generación, aquellos que mantienen este argumento son, por menos, inconsistentes con sus demandas.

Alguno de los que marcharán por más de 100 ciudades asegura que el reconocimiento del matrimonio igualitario lleva a la descomposición de la familia como se conoce actualmente. Contrario a esta idea, el acceso al matrimonio para todas las parejas de adultos que así lo desean asegura certeza jurídica, un marco de derechos y obligaciones a los cuales se comprometen los contrayentes, dignidad, legitimidad y estabilidad para los niños y niñas que actualmente crecen en familias de homoparentales a quienes les dicen día a día que su familia no es tan familia como la de los otros.

También siguiendo las ideas de Nussbaum, si los detractores del matrimonio igualitario estuvieran realmente preocupados por algún proceso de desintegración familiar que solo ellos ven, estarían preocupados por asegurar permisos médicos y familiares, terapias contra adicciones bajo demanda, tratamientos médicos y psicológicos para los miembros de la familia, estarían insistiendo en lo importante que es robustecer las leyes contra la violencia doméstica y generar apoyos para personas desempleadas.

Estas propuestas tienen un efecto directo sobre la fortaleza de las familias tradicionales. El matrimonio igualitario no lo tiene. “Si estudiáramos el divorcio heterosexual, difícilmente encontraríamos un caso en que las partes consideraron que su divorcio fue causado por la disponibilidad del matrimonio para parejas del mismo sexo” (Nussbaum, 2009).

Como se dijo antes, precisamente porque son derechos humanos el derecho a la igualdad y a la no discriminación, a la igualdad ante la ley, a la libertad de la persona, a la libertad de expresión, la libertad religiosa y de culto, al acceso a la justicia y el derecho a la identidad y al libre desarrollo de la personalidad y porque el acceso a un contrato de matrimonio genera aún más derechos reconocidos por el Estado, no se debe someter a votación popular, como algunas personas proponen.

Los derechos humanos son inalienables, los tenemos porque somos humanos, ciudadanos. No pueden ser aprobados o no aprobados por el voto de las mayorías; tampoco –y menos- en una democracia. Por ello los protegen las leyes supremas. En caso contrario nos enfrentaríamos a lo que ya Aristóteles calificaba como “el gobierno de la multitud sin ley”. En el caso del acceso a derechos de las minorías hay ejemplos de sobra que demuestran cómo sujetarlos al voto de las mayorías, conduce a dejar desprotegidos a los ya de por sí más vulnerables.

Sabiendo que es inadmisible desde una perspectiva de derechos humanos que el acceso a estos sea sometido a consulta, podemos cerrar con un dato ilustrativo para aquellos que se respaldan en que la opinión pública sobre este tema es completamente conservadora, es decir, contraria a la igualdad de derechos para todos, homosexuales o no.

Tienen razón en decir que en la actualidad el apoyo expresado a favor del matrimonio igualitario no ha alcanzado más del 50 por ciento en México, pero podemos revisar los datos del último levantamiento del Latinobarómetro (2015) de una forma desagregada para visualizar las tendencias sobre la aceptación o el rechazo a la igualdad plena. La pregunta es “¿qué tan de acuerdo está….con el matrimonio entre personas del mismo sexo?”

 

FUENTE: Latinobarómetro Database, recuperado el 16 de agosto de 2016, de www.latinobarometro.org.

Aunque los respondientes que señalan estar “de acuerdo” o “muy de acuerdo” o solo llegan al 15,7 por ciento entre los mayores de 60, la aceptación del matrimonio igualitario en personas cuya edad va de 16 a 25 años de edad llega al 51.1 por ciento. Alentadoramente, los jóvenes tienen una mente más incluyente; aunque también hay que decir que solo apenas un poco más de la mitad de ellos.  Las cortes internacionales y nacionales ya han fallado en el sentido del reconocimiento de los matrimonios igualitarios.

La doctrina internacional que transversaliza los derechos humanos está del lado del reconocimiento de la igualdad. Poco a poco los y las representantes en el Congreso tendrán que dejar de usar la ‘opinión pública’ como justificación para no legislar a favor de reconocerle todos los derechos a todas las personas.

Los congresos estatales y de hecho, las personas que marchan en favor de “la familia tradicional” (lo que sea que significa esto) han propuesto como salida la creación de figuras alternativas a la del matrimonio para nombrar aquellas uniones legales de parejas con el mismo sexo. La Suprema Corte de Justicia de California reflexionó muy atinadamente al respecto: más allá de reconocer un derecho al nombre de “matrimonio”, se debe reconocer el derecho para que a la unidad familiar que corresponda se le reconozca la dignidad y respeto que se le confiere al resto de unidades familiares.

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