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Gozan priistas y magistrados de jugosas pensiones

Por: Luis A. Alegría

PARA DESTACAR: En general, la mayor parte de las entidades o dependencias no otorgan jubilaciones superiores a los 18 mil pesos, mientras el trabajador no ocupe el puesto de director o secretario. En el caso de los exmagistrados, reciben pensiones por arriba de los 100 mil pesos mensuales.

-Solo la jubilación de seis magistrados cuesta 873 mil pesos mensuales al Poder Judicial

 

Entre los montos económicos más altos que se entregan por el concepto de jubilaciones, aprobados por la LVIII Legislatura del estado de Querétaro, desde su entrada en funciones el 26 de septiembre de 2015, destaca el nombre de varios exservidores públicos con una relación cercana con actores y partidos políticos, especialmente del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Una de ellas es Basilisa Balderas Sánchez, magistrada del Tribunal Superior de Justicia desde mayo del 2001, quien obtuvo una jubilación de 146 mil pesos y cuyo sobrino es Hugo Robles Balderas, parte del PRI desde enero del 2005 y mantenía una relación cercana con Eric Gudiño Torres, subsecretario de Desarrollo Político durante el mes en que Jorge López Portillo Tostado fue gobernador sustituto.

Además, la hermana de Basilisa Balderas, María Guadalupe Balderas Sánchez, también aparece en el padrón del Partido Revolucionario Institucional, como militante desde el 2014. Las hermanas Balderas Sánchez son descendientes de José Sabino Balderas González, quien en el 2004 denunció que una de sus propias hijas, Basilisa Balderas, estaba usando sus influencias como magistrada para despojarlo de sus tierras.

Otro personaje cercano al PRI es Arturo González de Cosío Frías, que acumuló 35 años de trabajo en el  Poder Judicial, con lo cual accedió a una pensión de 146 mil pesos mensuales. Este magistrado fue el que juzgó el caso de Claudia Mijangos Arzac, a quien encontró culpable de filicidio por asesinar a sus tres hijos, condenándola a 30 años inconmutables en un anexo psiquiátrico.

González de Cosío Frías fue muy cercano a Carlos Manuel Septién Olivares, quien igualmente fue magistrado y se jubiló con 145 mil 720 pesos. Septién Olivares está casado con Carmen Simroth Loyola, quien guarda parentesco con Ignacio Loyola Vera, exgobernador por el Partido Acción Nacional y Roberto Loyola Vera, expresidente municipal de Querétaro por el PRI.

Carlos Septién Olivares mantuvo una relación cercana con integrantes del Revolucionario Institucional, como los exgobernadores José Calzada Rovirosa y Enrique Burgos García, quienes asistieron a la boda del hijo del magistrado en 2015, a la que también asistió Diego Fernández de Cevallos, quien en ese entonces apoyaba a Roberto Loyola Vera rumbo a la gubernatura.

Otros magistrados jubilados son: Ricardo Jiménez Gómez, quien recibe 145 mil 720 pesos al mes, y María de Lourdes Portillo Coronado, que obtuvo 144 mil 534 pesos mensuales por 30 años de servicio.

Los seis magistrados jubilados juntos reciben un monto de 873 mil 89 pesos mensuales. Todos ingresaron la solicitud el 10 de diciembre 2015, día en que se modificó la Ley de los Trabajadores del Estado, con la cual se limitaron las jubilaciones a 42 mil pesos.

De la misma forma hay cuatro jueces que solicitaron su jubilación antes de la reforma a la Ley y están recibiendo 76 mil 217 pesos cada uno. Estos son: Ilda María Delgado Muñiz, Araceli Vega Ávila, Elvia Julieta Paredón Niño y Susana Zárate Alvarado.

 

Más jubilaciones de priistas

Otro de los personajes cercanos al partido tricolor que alcanzaron a jubilarse antes de la reforma al sistema de jubilaciones y pensiones, fue José Pio X Salgado Tovar,  desempeñaba como Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas en la administración de José Calzada Rovirosa. El funcionario recibe 57 mil 547 pesos mensuales, que representa el 55 por ciento de su último sueldo que era de 103 mil 690 pesos.

Salgado Tovar además perteneció a gobiernos de diferentes partidos políticos. Fue funcionario durante las administraciones municipales de los panista Rolando García Ortiz, Armando Rivera Castillejos y Manuel González Valle. Posteriormente se unió al gobierno estatal de José Calzada Rovirosa y se hizo militante del PRI en noviembre del 2013.

Igualmente destaca el proceso de jubilación de Gabriel Gómez Martínez, quien fungió como Director de la Policía Investigadora del Delito (PID) en la pasada administración estatal,  a quien se le otorgaron casi 90 mil pesos mensuales, aunque en marzo del 2016 fue detenido por usar documentos falsos para acreditar su antigüedad como servidor público en los municipios de Tequisquiapan y San Juan del Río.

Gómez Martínez comenzó a trabajar en la entonces Procuraduría General de Justicia (PGJ) en 1991, al arranque de la administración de Enrique Burgos del PRI y se mantuvo con las administraciones del PAN. El exdirector de la PID y Alejandro Echeverría Cornejo, actual fiscal General de Justicia, son de la misma generación policial, aunque pertenecen a diferentes partidos políticos.

Finalmente, el exdirector de Regularización Territorial del Municipio de Querétaro durante la administración de Roberto Loyola Vera,  Luis Ernesto Parra Rodríguez, se jubiló con 60 mil 700 pesos mensuales. Parra Rodríguez trabajó en el gobierno del estado con Rafael Camacho Guzmán y José Calzada Rovirosa, además de pertenecer a las administraciones municipales de Peñamiller y Pinal de Amoles.

El otro lado de la moneda

En el extremo contrario a las jubilaciones de los altos funcionarios están las cantidades otorgadas al resto de los trabajadores. Tal es el caso de Felipe Escalante Cruz, quien estaba contratado en la Unidad de Servicios para la Educación Básica del Estado de Querétaro (USEBEQ), de la cual solo recibe 3 mil 26 pesos mensualmente.

Un caso similar viven dos intendentes y un recolector de basura que trabajaron para el municipio de Querétaro, quienes reciben 4 mil 500 pesos mensuales, un sepulturero que cobra mensualmente 5 mil 338 pesos o un recaudador de la Secretaría de Finanzas municipal que obtiene 5 mil 882 pesos.

Otros cuatro administrativos adscritos a la Usebeq también reciben 5 mil 900 pesos al mes y en general, la mayor parte de las entidades o dependencias no otorgan jubilaciones superiores a los 18 mil pesos, mientras el trabajador no ocupe el puesto de director o secretario.

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