Interponen amparo federal por caso BMW

Si el homicidio de Marco Antonio queda sin resolver, afectaría a la “vida ética” de los queretanos, dijo el abogado Arnulfo Moya Vargas

Por: David Eduardo Martínez Pérez

Tras esperar diez años una respuesta por parte de las autoridades locales encargadas de la procuración de justicia, José Luis Hernández Guerrero —padre de Marco Antonio Hernández Galván, quien perdió la vida en 2004 a manos del conductor de una camioneta BMW X-5 negra— decidió interponer un amparo ante el segundo juzgado federal.

En ese sentido, Arnulfo Moya Vargas, quien se desempeña como su abogado desde que el empresario Federico Ruiz Lomelí, presunto responsable del homicidio, interpusiera una demanda por posible “daño moral” contra periodistas y medios de comunicación en 2008, manifestó que lo que se pretende con este amparo es que las autoridades federales obliguen a la autoridad local a dar una respuesta al señor Hernández Guerrero.

Moya Vargas manifestó que las autoridades federales han tenido que “suplir” a las locales en la investigación del caso, dada la poca eficiencia de las últimas para otorgar una resolución satisfactoria.

Por este motivo, decidieron iniciar el juicio a nivel federal, con la esperanza de que las autoridades federales presionen a los involucrados para que entreguen resultados en la investigación sobre la muerte de Marco Antonio Hernández Galván.

El juicio de amparo inició el 16 de octubre. En un inicio, se había citado a las autoridades a una audiencia el martes 18 de noviembre, pero debió ser reprogramada debido a que los funcionarios locales no comparecieron ni aportaron pruebas “suficientes” relacionadas con el caso.

Por este motivo, se dictaminó que la audiencia volvería a celebrarse el 3 de diciembre. Están citados el procurador, Arsenio Durán, el agente del ministerio público que lleva el caso y el “tercer interesado”, el empresario Federico Ruiz Lomelí, quien en su momento fue señalado por uno de los testigos como el posible responsable del crimen.

Sobre la pertinencia de que Ruiz Lomelí comparezca, Arnulfo Moya sentenció que cuando alguien se dice inocente, es necesario que acuda cuando lo citen, debido a que esto le da solidez ética y legal al juicio que se está llevando a cabo.

“Si soy inocente, voy a ir y voy a explicar por qué digo que soy inocente. Por el contrario, si soy inocente, el hecho de no ir, de no presentarme, significará una carga probatoria y una responsabilidad de desinterés, falta de cuidado o una apuesta a que la inercia de este expediente pese más que alguna sentencia que se dicte”, advirtió.

También dijo que existen dos posibles escenarios luego de la audiencia que se celebrará el miércoles 3 de diciembre: si el expediente está incompleto, habrá una reprogramación de la audiencia como ya la hubo una vez. Si por el contrario, está completo, entonces habrá que esperar una sentencia que podría tardar un máximo de tres meses.

Finalmente, manifestó que si este caso se queda sin resolver, no sólo se afectaría a la familia Hernández Galván, sino también a la “vida ética” de los queretanos, lo que se traduciría en un deterioro de la sociedad local.

Demanda de Ruiz Lomelí contra periodistas era improcedente

Moya Vargas recordó que desde la demanda interpuesta por Federico Ruiz Lomelí contra Julio Figueroa y diversos medios que lo señalaban como “sospechoso” del crimen, el Poder Judicial de la Federación dictaminó no sólo que era improcedente dicha demanda sino que las autoridades queretanas tenían la obligación de esclarecer la muerte de Marco Antonio Hernández Galván.

El abogado también advirtió que desde que él lleva el caso se han presentado ante las autoridades por lo menos 40 veces y en ninguna les han dado una respuesta satisfactoria.

La última vez que se presentaron ante una autoridad local fue en mayo del año en curso, cuando acudieron a la Procuraduría con la intención de solicitar un informe detallado sobre el expediente del caso que les ocupa. No obtuvieron respuesta.

El caso podría ser cerrado por prescripción jurídica

Respecto a la urgencia por llevar a cabo el juicio de aparo lo antes posible, el abogado sostuvo que esto se hizo así porque corrían el riesgo de que el juicio quedara cerrado de manera permanente.

“Había una lectura que —aunque jurídicamente está equivocada, no tiene fundamento— decía que pasados los diez años, el expediente era materia de prescripción y que por ende podía darse por concluido.

“El señor José Luis Hernández lo ha presentado precisamente para evitar cualquier duda, cualquier eventualidad y que el asunto fuera sujeto de prescripción o caducidad o cualquier nombre que se quiera utilizar para señalar que se cerró el caso sin resolverlo”.

Arnulfo Moya señaló que los jueces tienen que llamar a rendición de cuentas supliendo las omisiones cometidas tanto por la administración de Francisco Garrido Patrón, como por la del actual gobernador, José Calzada Rovirosa.

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