Jueza exhibe omisiones y bloquea apertura de gasolinera de El Porvenir
Una jueza federal ordenó impedir la apertura de una gasolinera en la colonia El Porvenir, en la capital queretana. Esto, al concluir que no se acreditó el cumplimiento de la normatividad en materia de seguridad, ni se garantizó la protección de menores de edad que habitan en las inmediaciones.
“Este es el precedente que deja a Querétaro, a nivel nacional, en donde ya para establecerse gasolineras, gaseras… la autoridad se obligue a realizar un análisis sobre el riesgo que representa para la población”, aseguró Brenda Olvera, abogada encargada del caso.
El fallo corresponde al juicio de amparo 1530/2022, promovido el 29 de diciembre de 2022 por vecinos que impugnaron la licencia de funcionamiento otorgada por las secretarías municipales de Desarrollo Sostenible y de Desarrollo Urbano, en ese entonces, encabezadas por Tania Palacios Kuri (hoy diputada federal) y Enrique Martínez Uribe.
Por su parte, Juan Diego, uno de los afectados, informó que la autoridad ha emitido permisos donde no se analizan los proyectos a profundidad, “más allá de los compadrazgos, sino del riesgo que tienen las personas”, mencionó.
En la sentencia se estableció que ninguna autoridad, ni federal ni municipal, demostró haber verificado el cumplimiento de la distancia mínima requerida entre las instalaciones de la gasolinera y la zona habitacional más cercana.
De acuerdo con los datos asentados en el expediente, las bombas despachadoras y los tanques de almacenamiento se ubican a aproximadamente 10 metros de las viviendas, cuando la Norma Oficial Mexicana NOM-005-ASEA-2016 (Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente) establece una distancia mínima de 15 metros, conforme al punto 6.1.3, inciso a.
La jueza consideró que esta omisión coloca en un estado de riesgo la vida, la salud y el derecho a un medio ambiente sano de quienes viven en la zona, con énfasis en niñas y niños; puesto que, con base en el artículo 4º de la Constitución -que señala el principio del interés superior de la niñez- determinó que los dictámenes emitidos por las autoridades no analizaron de manera específica el impacto en la salud y seguridad de los menores que habitan a un costado del predio.
Otro de los puntos de la resolución fue la participación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Esto, porque en el juicio se advirtió que, desde 2014, existía un oficio en el que se señalaba que la construcción y operación de la estación implicaría riesgos ambientales y para la población colindante, sin embargo, la dependencia no justificó de manera clara por qué, en determinaciones posteriores, esos riesgos fueron considerados inexistentes o superados, sin un análisis que lo sustentara.
Vecinos de El Porvenir señalaron que la resolución representa un precedente relevante al reconocer la protección de los menores (y de los colonos en general) frente a la apertura de un negocio de alto impacto. No obstante, advirtieron que los propietarios de la gasolinera aún pueden impugnar la sentencia mediante los recursos legales correspondientes, por lo que el proceso no se encuentra definitivamente concluido.
Además, denunciaron que en las instalaciones se mantiene una reserva de combustible, lo que -a su juicio- incrementa la preocupación entre las familias que viven en las inmediaciones.
“Desde que empezó a construirse no soltamos un punto, hasta que nos atendieron… lo vieron, que es muy importante tener salud para los niños, tener salud para todos”, afirmó María Pueblito, presidenta de colonos de El Porvenir, quien además denunció sobornos por parte de la empresa gasolinera para dar su voto de confianza en el proyecto.
La historia
Desde finales de 2015, los habitantes de la colonia El Porvenir, en Querétaro, manifestaron su rechazo a la construcción de una estación de servicio en su entorno urbano, argumentando riesgos para escuelas, guarderías y un hospital cercano. En 2016, las autoridades municipales revocaron una autorización de construcción y Protección Civil clausuró la obra por irregularidades en los permisos.
A lo largo de los años siguientes, los vecinos continuaron denunciando omisiones, incluso alzaron la voz ante la Defensoría de los Derechos Humanos local.
En 2022, a pesar de las protestas y clausuras, la Secretaría de Desarrollo Sostenible otorgó la licencia de funcionamiento a la empresa, lo que reavivó el conflicto con la comunidad. Ese mismo año se reportó un enfrentamiento entre personas vinculadas al proyecto y vecinos, lo que llevó a nuevas actuaciones de las autoridades y a la suspensión de la obra por Protección Civil municipal.
Ante estas circunstancias, un grupo de vecinos promovió el juicio de amparo 1530/2022, alegando que las autorizaciones carecían de sustento técnico y no garantizaban la seguridad de la población. Es el mismo que, en febrero de 2026, logró impedir la apertura de la gasolinera.
