Por: Martagloria Morales Garza

PARA DESTACAR: No deja de ser alarmante que la izquierda esté muda y que los diputados progresistas no hayan asumido en serio la propuesta legislativa de los matrimonios gay; lo más probable es que esta iniciativa se quede en la congeladora.

Cuando hablamos de la sociedad civil y la necesidad de su fortalecimiento, en ocasiones se nos olvida precisar que la que hay que incrementar es la sociedad civil que defiende los intereses populares, la que defiende la tolerancia y la pluralidad.

La sociedad civil de derecha y conservadora siempre ha sido fuerte y ha tenido influencia en las decisiones del gobierno e incluso del Estado. Pero solo salta a la calle cuando las organizaciones sociales y populares se debilitan, están divididas o aisladas; en mi opinión eso es lo que pasa ahora en México.

En las últimas semanas la ofensiva de la derecha católica e intolerante ha sido impresionante, han tomado dos banderas: primero, la lucha en contra de la legalización de los matrimonios de homosexuales y segundo, la lucha contra el contenido de educación sexual y de equidad y diversidad de género,  presente en  los libros de texto gratuitos.

Los obispos y algunos sacerdotes han despotricado contra lo que se han denominado bodas gay, es decir, contra la propuesta legislativa que envió el presidente de la Republica Enrique Peña Nieto.

No quedan muy claras las intenciones de esta iniciativa, quizá los asesores del presidente lo convencieron de que podría ganar votos, pues se presentó justo antes de la elección de 2015, sin embargo los resultados para el PRI fueron peores de los previstos. La iniciativa sigue en manos de los diputados y estos la tratan como papa caliente.

Rayuela, en ‘La Jornada’ escribió: “Ojalá la jerarquía católica, encabezada por el cardenal Rivera, hubiera sido tan enjundiosa contra la pederastia como lo es contra las legítimas uniones gays”. Y en mi opinión esto refleja en buena medida la postura de algunos sectores progresistas del país.

Sin embargo, lo que no deja de ser alarmante, es que la izquierda esté muda y que los diputados progresistas no hayan asumido en serio la propuesta legislativa y lo más probable es que esta iniciativa se quede en la congeladora. Solo las organizaciones de gays han abanderado su causa, y eso los deja muy solos, y con muy poco peso social.

En realidad no es totalmente extraño, la izquierda mexicana es muy conservadora en torno a ciertos valores familiares, y el tema es difícil para ellos. Incluso la Revolución Cubana cometió serios errores a finales de la década de los sesenta en contra de los homosexuales; hasta muy recientemente los ha asumido y ha girado su postura en este tema de manera radical.

Pero no solo la izquierda, en un revelador artículo de nuestro compañero, el doctor Rodolfo Sarsfield, ha mostrado a través de un análisis muy cuidadoso de la Encuesta de Cultura Política del 2005, que solo el 14 por ciento de la población es demócrata, el resto a pesar de preferir la democracia sobre el autoritarismo muestra ambivalencia en torno a los valores clásicos de la democracia, como tolerancia, respeto a la diferencia, derecho de organización, etc. (Sarsfield y A. Shedler, ‘Revista Espiral’, enero abril 2009)

Aprovechando el escenario nacional, y con el intento de imponer una reforma educativa por parte del Estado Mexicano, la derecha católica también enarbola hoy, otra vieja, muy vieja batalla iniciada en la década de los sesenta contra los libros de texto y la educación sexual en ellos.

En 1962, la Unión Neolonesa de Padres de Familia organizó todo un movimiento contra los libros de texto, incluso hablaron de luchar contra el comunismo y contra la imposición de libros por parte de la SEP. En realidad era una lucha de los fabricantes de libros de texto que vieron afectados sus intereses pero el discurso para ganar hegemonía fue contra el totalitarismo del Estado.

Hoy, 60 años después, la misma Unión Neolonesa de Padres de Familia y los diputados del PAN se amparan contra los libros de texto, porque los consideran “no aptos” para los niños. Incluso llaman a los padres de familia, a romper las páginas, donde se habla de equidad de género y educación sexual, y quemarlas. Me recuerda la época del nazismo.

También desde Nayarit se intenta formar el “Frente Nacional de defensa de la familia”, en contra de la modificación del artículo cuarto de la constitución para legalizar las bodas gay.

Las mujeres norteñas y ricas han salido también protestar por la legalización de las bodas entre homosexuales con el argumento peregrino de que destruye a las familias ¿Cuál familia se destruye? me preguntaría. Lo que se pretende es legalizar familias existentes y que requieren tener derechos,  que ahora no cuentan.

En este artículo hago una crítica a quienes se dicen de izquierda y que en el mejor de los casos se han quedado callados en esta disputa.

También me manifiesto en contra de los ciudadanos liberales y tolerantes que han hecho mutis y no han aparecido como defensores de los derechos de los que tienen preferencias sexuales alternativas.

Y a la sociedad en su conjunto que quiere aceptar la peregrina idea de que esta iniciativa destruye a las familias, que las minorías no tienen derechos y que las preferencias sexuales diferentes son comportamientos enfermos.

La defensa al derecho de los homosexuales, travestis, bisexuales y transgéneros no es más que parte de la defensa de los derechos humanos sin discriminación de ningún tipo,  y esto es un derecho constitucional respaldado en más de 100 tratados internacionales vinculados al respeto a  los derechos humanos.

Y los derechos constitucionales no se votan, solo se respetan. No podemos permitir que se vote el derecho de una minoría, son derechos y ya.

A principios del siglo XX, los hombres decían que reconocer el derecho de las mujeres a votar y ser votadas destruiría las familias, algo peor decían sobre los derechos de los negros, o de los indios en el caso de México y como todos sabemos nada ha pasado. No podemos seguir aceptando argumentos falsos para impedir el reconocimiento de los derechos de todos a no ser discriminados por razones de preferencia sexual.