Margina gobierno estatal cuestiones de género
La activista Liseth Martínez señaló que el Instituto Queretano de las Mujeres no recibe el presupuesto suficiente
Por: Mónica Rivera
Además de que no se le otorga el presupuesto “que requiere”, el Instituto Queretano de las Mujeres (IQM) lleva a cabo acciones sólo con la apariencia de “taparle el ojo al macho”, advirtió Liseth Martínez, integrante de la Red de Mujeres Feministas en Querétaro, asociación que en conjunto con otras tres más realizará el domingo ocho de marzo la segunda “Marcha de las Putas”.
“Se luchó mucho para que se instaurara y se instituyera, pero la realidad es que no se le da el presupuesto que requiere. Eso desemboca en que las acciones no tienen la fuerza que tienen otros programas, sólo es como para taparle el ojo al macho”, enfatizó la activista.
Por su parte, Gisela Sánchez Díaz de León, representante de Salud y Género A.C., denunció que el programa estatal para la transversalidad de la perspectiva de género lleva siete años en funcionamiento y ha recibido sólo 37.5 millones en ese periodo de tiempo, monto de recurso público inferior a lo que recibió para 2014 –un año- la Coordinación de Comunicación Social del gobierno estatal (Tribuna de Querétaro 691).
“El presupuesto es insuficiente. Allí fue donde nos dimos cuenta de que ¿cómo vas a promover la igualdad, o como la vas a asegurar, con un presupuesto de menos de 50 centavos por mujer?”, manifestó Gisela Sánchez Díaz de León, representante de Salud y Género A.C. en Querétaro.
Este programa está dirigido a las instituciones para que tengan una perspectiva de género, sin embargo, no se ha aplicado en su totalidad. La activista explicó que debido a que no hay presupuesto, no hay suficientes programas para erradicar la violencia contra la mujer y que ésta ha ido en aumento en los últimos tres años con los casos de desaparición de mujeres.
“Vimos el dato de mil 270 mujeres desaparecidas y son datos nuevos. No sabemos sí ya existía desde antes, pero nos dimos cuenta apenas hace tres años”, aseveró Sánchez Díaz de León.
Víctimas de violencia no reciben atención suficiente
En Querétaro, la agencia número cuatro del Ministerio Público es la que recibe los casos que tienen que ver con la violencia hacia las mujeres. Sin embargo, las víctimas no reciben la atención necesaria ya que en ocasiones se hace una revictimización de las personas que acuden.
Por ello, Liseth Martínez remarcó que deben de tenerse mejores soluciones que sólo el manejo del albergue para mujeres violentadas que son retiradas de su hogar.
Asimismo, advirtió que “no hay una respuesta institucional de acuerdo a la violencia que reciben las mujeres”.
“La problemática de la violencia a las mujeres es una problemática multidimensional, histórica y en culturas como la nuestra se ha arraigado bastante con la religión”, argumentó la activista acerca de su principal razón para convocar esta marcha en el Día Internacional de la Mujer.
“Como mujeres tenemos que mirar esos derechos para hacerlos válidos y estar todo el tiempo generando mensajes al Estado para que generen mecanismos que adopten estos derechos y los cumplan”, afirmó.
Nos consideran “ciudadanas de segunda”
Por su parte, la representante de Salud y Género A.C. –asociación que también impulsa la segunda “Marcha de las Putas”- señaló que no existen datos “frescos” sobre la situación de niñas y adolescentes que sufren violencia sexual en algún ámbito de su vida y tampoco existen datos de años pasados para comparar algunos casos, como las desaparecidas.
Nos consideran “ciudadanas de segunda”, aseveró Gisela Sánchez quien resaltó que hay programas como el pacto por las Mujeres, en diciembre de 2012, que no cuenta con la participación activa de las mujeres.
“Cuando haces un pacto con las mujeres, estamos incluidas y ahorita no lo estamos, seguimos siendo externas”, agregó.
Además de esto, la activista también comentó sobre la criminalización de las mujeres que llevan a cabo un aborto, natural o inducido. “La doctora Cristina Laurel vino (en 2009) del Distrito Federal y argumentó como esta ley iba a dar el papel de juez a médicos y enfermeras.
“Tenemos una desigualdad en comparación con las mujeres del Distrito Federal, porque ellas tienen derecho a decidir si continúa su embarazo o lo interrumpen antes de las doce semanas, antes de ese tiempo no hay seguridad de la viabilidad de ese embrión”, añadió.
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