PAN, opacidad e intolerancia
Durante el tiempo que gobernó y tuvo mayoría en la legislatura, el Partido Acción Nacional incurrió en diversos actos que ponen en duda su compromiso con los derechos humanos
Por: Aurora Vizcaíno
Homicidios no esclarecidos por la Procuraduría General de Justicia (PGJ), represión hacia las manifestaciones de integrantes de movimientos sociales, y diputados locales del PAN que mostraron su intolerancia hacia la diversidad, fueron parte de lo que se vivió entre 2006 y 2009, cuando Acción Nacional estaba en el poder y tenía mayoría en la Legislatura, escenario que se repetirá a partir del 1 de octubre.
El lado “oscuro” del PAN en el poder también ha mostrado su intento de fusionar dos órganos constitucionalmente autónomos (CEIG y la entonces CEDH), opacidad en el manejo de recursos públicos, vínculos con empresas acusadas de mal manejo de recursos y leyes que atentan contra los derechos reproductivos de las mujeres, y cuyo origen –iniciativas de ley- retoman fragmentos de documentos del catolicismo para proteger la vida desde la concepción.
Muertes no esclarecidas y fallas en los derechos humanos
El asesinato del activista Octavio Acuña Rubio el 21 de junio de 2005, del cual este domingo se cumplen 10 años, también fue un caso que exhibió las omisiones y dudas que genera el actuar de la PGJ. Hubo al menos tres acusados distintos en el homicidio y el tratamiento del mismo fue tipificado por el Ministerio Público como un «robo».
Nadia Sierra, en aquel entonces coordinadora de la Asociación Queretana para la Educación Sexual (Aquesex), temió que detrás del asesinato impune de Octavio Acuña estuviera alguien que «pertenece a las organizaciones policíacas» (Tribuna de Querétaro 432).
Antes, el homicidio de Marco Antonio Hernández Galván, caso conocido como el de la BMW negra, también motivó críticas e inconformidad de un sector de la sociedad. Después de varias inconsistencias en el caso, Juan Martín Granados Torres, entonces titular de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), exculpó al principal sospechoso del crimen, el empresario Federico Ruiz Lomelí, pero no proporcionó pistas para decir quién había cometido el crimen. Dijo que el Ministerio Público (M.P.) había concluido las investigaciones al no existir elementos para consignar a una persona por el homicidio.
En marzo de 2006 Genaro Arres Rascón falleció, presuntamente, después de haber sido torturado por Javier Jaramillo Morales y Víctor Manuel Urbieta Morales, dos agentes de la Policía Investigadora Ministerial (PIM). En ese entonces la Procuraduría General de Justicia (PGJ) estaba presidida por Juan Martín Granados Torres. Genaro Arres Rascón fue acusado de robo calificado y los agentes de la PIM lo torturaron, después intentaron animarlo, pero falleció.
El crimen quedó impune y fue motivo para que el entonces presidente de la CEDH, Pablo Enrique Vargas Gómez, rompiera relación institucional con la Procuraduría por unos meses, dada su inconformidad que le provocó el caso.
PGJ: Presunta culpable de torturas
La entonces Comisión Estatal de Derechos Humanos de Querétaro (CEDHQ) atendió 131 quejas hechas hacia la Procuraduría General de Justicia (PGJ) por detención arbitraria, lesiones, irregular integración de averiguación previa, empleo arbitrario de uso de la fuerza y tortura.
Ejemplo de ello fue el caso de Eduardo Yáñez Camacho, quien fue torturado bajo la técnica de ahogamiento para que este se declarar culpable de varios asaltos y de un robo de más de 600 mil pesos (Tribuna de Querétaro 391).
Intolerancia a diversidad sexual
Durante el periodo de la LV Legislatura, el diputado panista Fernando Urbiola Ledesma mostró su intolerancia hacia los homosexuales. Entrevistado por este medio, Urbiola Ledesma dijo que «una pareja de homosexuales no puede formar familia, porque entonces a una persona que vive con un perro se le tendría que dar esa clasificación» (Tribuna de Querétaro 403).
Asimismo, manifestó que “la ley no les va a dar lo que les niega la naturaleza», esto, en el marco de la creación de la Comisión de la Familia.
Al respecto, los activistas Leonardo Magaña y Rodolfo Contreras advertían los peligros de vivir en el estado si se era homosexual, en tiempos del PAN. El primero, miembro del movimiento a favor de la comunidad LGBT «Siglo XXI», consideró que Querétaro era «la peor ciudad para vivir si se es homosexual».
Rodolfo Contreras, otro activista a favor de los derechos gay, decía sentirse como «judío en la época nazi» y que «desde la muerte de Octavio Acuña se ha desatado una ola de intolerancia hacia la homosexualidad» (Tribuna de Querétaro 390).
La confrontación con la comunidad homosexual no fue la única que sumó Fernando Urbiola durante su paso como diputado local.
Impulsó desde la Comisión de la Familia una iniciativa de ley que obstaculiza los derechos reproductivos de las mujeres, penaliza el aborto y protege la vida desde la concepción.
La iniciativa de ley, que en el texto recupera fragmentos de encíclicas de El Vaticano, fue aprobada en su comisión y en el Pleno de la Legislatura, pese a protestas de activistas, llamados a detener su aprobación. Esto ocurría un mes antes de que el PRI regresara al poder.
El diputado panista también arremetería contra los partidarios de la despenalización del aborto, a quienes calificó como promotores de la «cultura de la muerte» (Tribuna de Querétaro 405).
Represión a las manifestaciones sociales
La manifestación de cientos de Trabajadores de la Educación de la Sección 24 del sindicato en Querétaro y otros jóvenes simpatizantes hacia el movimiento de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), fue impedida por policías durante gobiernos panistas (Tribuna de Querétaro, 384). Amadeo Valladares Álvarez era secretario de Seguridad Pública Municipal.
Valladares Álvarez, quien acompañó a militantes del PAN durante el debate de los candidatos a la Presidencia Municipal en la FECAPEQ –cuando acudió Marcos Aguilar Vega-, coordinó acciones para la detención y agresión a 7 manifestantes, incluidos catedráticos de la Universidad.
El gobierno de Manuel González Valle trató de atribuir la culpabilidad a otros factores e incluso deslizó la posibilidad de que la causa de una detención estaba en haber estudiado Sociología.
Además Valladares Álvarez incorporó la imagen de Santiago Apóstol al escudo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), hecho que fue cuestionado en 2007 (Tribuna de Querétaro 416).
